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La Fiscalía pide penas de hasta 21 años de cárcel para la trama de “financiación ilegal” de la Convergència de Artur Mas

Anticorrupción sitúa a Gordó, ‘mano derecha’ del expresidente catalán, en la cúspide de la “organización criminal”, y reclama multar con tres millones al PDeCAT

El exgerente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Germà Gordó, en una imagen de archivo.
El exgerente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Germà Gordó, en una imagen de archivo.Albert Garcia

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se impongan penas de hasta 21 años y cuatro meses de cárcel a los acusados en el caso 3%, la trama de presunta financiación ilegal urdida en la extinta CDC (Convergència Democrática de Cataluña), que lideraron Jordi Pujol y Artur Mas, expresidentes de la Generalitat catalana. El ministerio público, que también pide multar con tres millones de euros al PDeCAT como heredero del desaparecido partido nacionalista, plantea esas penas en el escrito de acusación que ha presentado en la instrucción abierta en la Audiencia Nacional por el amaño de concursos públicos durante, al menos, ocho años para desviar dinero a las arcas de la formación.

El fiscal José Grinda, que firma el documento de 210 páginas, describe la trama como una auténtica “organización criminal” y carga contra Andreu Viloca y Germà Gordó, extesorero y exgerente, respectivamente, de la fuerza política, a los que sitúa en la cúspide de la presunta red corrupta. Para el primero pide 21 años y cuatro meses de cárcel; para el segundo, quien fuera hombre de la máxima confianza de Artur Mas, un total de 18 años y 10 meses. Sin embargo, para otros dos ex altos cargos del partido solicita penas mucho más bajas por su colaboración en la investigación: para el ex responsable de finanzas Daniel Osàcar, Anticorrupción reclama solo un castigo de un año y seis meses de reclusión, sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad; y para el ex responsable económico Francesc Xavier Sánchez, un año de prisión y seis meses de trabajos en beneficio de la comunidad.

En su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Anticorrupción muestra una enorme contundencia: “En el período de 2008 a 2015, altos cargos de CDC, en connivencia con cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta”. “Se trataba de una actuación sistemática para transformar ese dinero en ingresos para Convergència sin la mácula de su origen ilícito”, expone la acusación pública.

El mecanismo supuestamente ilegal comienza con la figura de Gordó, quien fuera también consejero de Justicia del Govern de Mas. Según el fiscal, los acusados actuaban bajo su “dirección” para controlar los concursos de obra pública y servicios que sacaban las diferentes Administraciones que estaban “bajo la esfera de poder de CDC”, desde la propia Generalitat a ayuntamientos, diputaciones y organismos dependientes. De esta forma, influían entonces en los responsables de las adjudicaciones para que se las otorgasen a los empresarios de su cuerda, que inyectaban dinero en la formación en forma de donaciones.

Andreu Viloca, al que se define como “centro neurálgico de la estructura”, “fundamentalmente se ocupaba de hacer la triangulación con autoridades y empresarios, y de los pagos a las fundaciones”, remacha el escrito del ministerio público. Este calcula que, en total, se vieron “comprometidas” licitaciones por valor de 218,7 millones de euros.

“Todos ellos subvirtieron las reglas de competencia del mercado y usaron la dirección de las Administraciones para obtener un beneficio económico y político”, prosigue Anticorrupción, que implica igualmente a Carles del Pozo, excoordinador del área Económica de Convergència; y a Anna Dolors Benítez, exjefa económica y financiera del partido; para quienes pide penas de 14 y 10 años de prisión, respectivamente. En la lista de empresarios acusados figuran, entre otros, Francesc Xavier Tauler Ferré, José Miarnau, Josep Manuel Bassols, Ramón Anglada, Joan Albert Arqués Fontdevila y Jordi Sumarroca.

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La Fiscalía explica que las donaciones de los empresarios —que se formalizaban a través de las fundaciones CatDem y Forum Barcelona— no siempre llevaban aparejada la adjudicación de obras concretas. A veces, hacían esas aportaciones “para crear o mantener una buena relación con el partido y, así, ser tomados en cuenta para futuras adjudicaciones y ser considerados elegibles”: “Es decir, para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos, para generar o mantener la relación privilegiada con CDC, y para consagrar su pertenencia a la familia que les permitiera exigir influencia”.

Según los cálculos de la Fiscalía, solo entre 2008 y 2012 las dos fundaciones recibieron como donaciones más de 9,5 millones de euros, de los que 1,85 millones se correspondían con “pagos ilícitos”. Anticorrupción atribuye a las 30 personas acusadas y a 14 empresas delitos de organización criminal, fraude a la administración pública, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo y cohecho.

La triquiñuela del PDeCAT

El escrito de Anticorrupción llega más de un año después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia confirmase el procesamiento de CDC y del PDeCAT. El tribunal consideró que existen indicios suficientes contra ellos y respaldó la instrucción del magistrado José de la Mata, que en julio de 2020 propuso enviar al banquillo a ambos partidos como entes jurídicas y a una treintena de personas por urdir la supuesta red de financiación ilícita.

Al procesar al PDeCAT, la Audiencia Nacional ya hizo hincapié en su presunta responsabilidad, a pesar de que ese partido se fundara después de los hechos investigados. La Sala de lo Penal subrayó que existen “sólidos indicios” de que esta formación se creó en 2016 para desvincularse “de las responsabilidades criminales que pesaban” sobre Convergència: “El PDeCAT guarda una identidad sustancial con la estructura, funcionamiento y recursos humanos y materiales procedentes del partido extinto, que, sin embargo, subsiste a los efectos de cobro de subvenciones pendientes de recibir”. En esa línea incide ahora el fiscal Grinda: “La creación del PDeCAT, lejos de corresponderse con el nacimiento de un nuevo partido, fue la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido CDC”.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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