La Audiencia Nacional juzgará a cuatro exdirigentes de CDC por organización criminal en el ‘caso 3%’
El juez De la Mata propone sentar en el banquillo a 32 personas por organización criminal, fraude a las Administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales
Nuevo varapalo judicial a la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido que gobernó Cataluña durante 23 años y que, bajo otras siglas, sigue en el Palau de la Generalitat. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto este jueves sentar en el banquillo a 32 personas por el caso del 3% de financiación ilegal del partido. Entre ellos, los exgerentes Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germà Gordó, y su exresponsable jurídico Francesc Xavier Sánchez Vera, acusados de organización criminal, fraude, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. También propone juzgar a otros dos cargos de menor rango del área económica del partido nacionalista.
En el auto dictado este jueves, el juez dirige el procedimiento, además de contra los altos cargos del partido y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas catalanas, contra CDC y su heredero político, el PDeCAT, así como contra empresarios y 14 constructoras adjudicatarias de contratos públicos. El auto, de 304 páginas, pone punto final a una investigación que se inició en 2015 tras descubrirse irregularidades en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) y que, a lo largo de la instrucción, ha ido revelando una trama creada por altos cargos de la extinta Convergència con el fin de “financiar a este partido político ilegalmente y en forma encubierta”. Las pesquisas se centran en el periodo 2009-2014. En esos años, según recoge el auto, ocuparon cargos en la dirección del partido, entre otros, Oriol Pujol, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol; y Artur Mas, del que el magistrado destaca que participó en reuniones con empresarios.
El juez sitúa a Gordó —que fue nombrado consejero de Justicia del Govern en 2012— en lo más alto de la trama del 3%, junto a Osàcar y Viloca, quienes llevaban a cabo “un control y seguimiento de las licitaciones de obra pública y servicios” ofertadas por diferentes Administraciones catalanas, todas bajo la esfera de poder de CDC (Ayuntamientos, diputaciones y organismos dependientes de la Generalitat). Según el instructor, los gerentes del partido “influían” en los responsables de esas Administraciones para que las obras fueran adjudicadas a las empresas con las que tenían un “pacto criminal”. Gordó, Osàcar y Viloca, según el juez, llevaban las cuentas, materializaban el seguimiento de deudas pendientes en las adjudicaciones dadas y, “por supuesto, recibían los pagos”. A esta estructura “estable, permanente y sostenida en el tiempo”, se integró Sánchez Vera cuando se incorporó a CDC como responsable económico y jurídico.
En un segundo escalón, el magistrado sitúa a cargos de estas Administraciones que, de acuerdo con los responsables de CDC y siguiendo sus indicaciones, alteraron concursos públicos con la finalidad de “dirigir” los mismos hacia las mercantiles elegidas por el partido. En el tercer escalón, el instructor incluye a los empresarios que, sistemáticamente, se concertaron con los dirigentes de CDC para hacerse con esos contratos a cambio de pagos encubiertos al partido, bajo la apariencia de donaciones.
175 millones
El importe de las 31 adjudicaciones supuestamente amañadas se situó en cerca de 175 millones de euros, según detalla el juez. El auto destaca que existe una “íntima relación temporal y causal” entre los anuncios, las publicaciones de los concursos, las reuniones entre políticos y empresarios, las adjudicaciones de los contratos y las consiguientes donaciones a las fundaciones vinculadas a CDC. En algunos casos, las comisiones “guardaban relación proporcional estricta (3%) con el monto del contrato público”. De la Mata advierte, no obstante, que no siempre existía una exacta concatenación temporal entre pagos y adjudicaciones. Esto se debe, según el juez, a que parte de las donaciones tenían como fin mantener la “buena relación” con el partido y “situar o mantener a la empresa en posición de acreedor con vistas a futuras adjudicaciones”.
La prueba de que se trata de una forma de actuar sostenida en el tiempo es que permanece inalterable con independencia de que cambiaran las personas al frente del partido, las Administraciones o las empresas. “Los cambios en la estructura del partido no supusieron en ningún caso un cese en la comisión de los hechos objeto de investigación, suponiendo únicamente una modificación en la identidad de las personas partícipes en los mismos”, señala el juez, que pone también el foco en la influencia que ejercían los responsables de finanzas del partido con los funcionarios para exigirles llevar a cabo determinadas actuaciones. “Todos ellos eran conscientes de las consecuencias que seguir o no las indicaciones del tesorero o responsable de finanzas o gerente del partido podría tener sobre las perspectivas futuras en su carrera profesional o política”, apunta De la Mata.
Además de actuar contra una treintena de personas físicas, el juez procede contra las 14 empresas que “sistemáticamente”, dice, se concertaron con altos cargos de CDC para alterar en perjuicio de intereses públicos los procesos de contratación pública, recibiendo adjudicaciones a cambio de efectuar pagos al partido. Esas donaciones, indica el magistrado, se intentaban difuminar efectuando los ingresos a través de las fundaciones de la órbita de CDC: CatDem y Fundació Fórum Barcelona.
La investigación ha destapado que esos fondos recibidos eran después blanqueados mediantes tres sistemas. Por un lado, el partido emitía “notas internas de cargo” a las fundaciones por supuestos servicios prestados por aquel que en realidad no existían. De este modo, CDC consiguió lavar en el periodo 2009-2014 cerca de tres millones de euros. El segundo sistema era que las fundaciones pagasen salarios de trabajadores que, en realidad, prestaban sus servicios para la formación política. Y, por último, también abonaban servicios cuyo destinatario real era CDC. “Estos actos se realizaron con el único ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero y situarlo en el circuito económico legal”, concluye De la Mata.
En relación con CDC, el juez destaca que no tenía un protocolo de control interno, como ya había advertido el Tribunal de Cuentas en sus informes sobre las irregularidades de los pagos realizados al partido a través de donaciones. Respecto al PDeCAT, aunque su creación, en julio de 2016, es posterior a los hechos investigados, el juez cree que su fundación tiene mucho que ver con un intento de los responsables de CDC de “desconectarse” de las responsabilidades penales en las que pudiera haber incurrido el partido.
