El juez Pedraz acepta ahora que el Govern acuse en un ‘caso del 3%’

La Generalitat de Cataluña logra una importante victoria en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha rectificado y ha aceptado la personación de la Administración autonómica como acusación en el caso Triacom, una línea de investigación derivada del caso 3%, donde se persigue la presunta financiación irregular de la extinta Convergència Democràtica de Cataluña (CDC) a través de Triacom, una productora audiovisual que trabajó con frecuencia para la televisión pública de la comunidad, TV3. El magistrado sigue así la línea marcada por la Fiscalía, que rechazó en un primer momento la iniciativa del Govern, pero que optó por aceptar finalmente sus argumentos tras recibir el recurso del Ejecutivo de Pere Aragonès.

El juez Pedraz considera que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (a la que pertenece TV3), una entidad “adscrita” a la Generalitat, pudo sufrir un perjuicio a través de la presunta trama. Según el sumario, Triacom vendía programas a la televisión pública catalana a un precio superior al de mercado. “En el caso de que se constituya como parte acusadora, la Generalitat debe ayudar a indagar si, en efecto, ‘Triacom vendía sus programas a TV3 muy por encima de los costes de producción…”, advierte también el magistrado en su resolución, fechada este miércoles.

El instructor rechazó la personación de la Generalitat el pasado marzo. Entonces, argumentó que la Administración autonómica no había acreditado su condición de parte “ofendida o perjudicada, ni aportó datos para apreciarla”. Además, añadió: “En la Generalitat hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa”, expuso, en referencia a Junts. Ahora matiza esta tesis, según se desprende de la reciente resolución donde admite el recurso. El magistrado considera que al ser la Generalitat un órgano constitucional, su derecho a ser parte en el proceso prevalece sobre la “desconfianza” acerca de sus intenciones.

La personación de la Generalitat, ordenada por Aragonès, levantó cierta polvareda en Cataluña, al colocar el foco en “la presunta financiación irregular de Convergència”. Todo ello, cuando la relación entre Esquerra (ERC), a la que pertenece el president, y sus socios de gobierno (Junts) no pasa por su mejor momento. CDC ya fue condenada en el caso Palau por el pago de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública en la etapa de Jordi Pujol como president y se encuentra pendiente de que se celebre el juicio por la parte principal del caso 3%.

Pieza principal

No es la primera vez que se produce un debate de este tipo en la Audiencia. La Sala de lo Penal ya retiró la condición de acusación particular a la Generalitat en la pieza principal del caso 3%, donde fueron procesadas una treintena de personas por urdir una supuesta red de financiación ilícita del partido mediante la adjudicación de contratos públicos a empresarios que devolvían el favor con pagos encubiertos —presentados bajo la apariencia de donaciones—. El tribunal consideró entonces que existía un “obstáculo procesal insalvable”. Pues, aunque la institución no estaba procesada como organismo, se encontraba “integrada por partidos políticos diversos, entre los que está la antigua Convergència Democràtica de Cataluña (CDC), formación en torno a la que gira” la presunta trama.