El Supremo confirma la condena a CDC por cobrar comisiones ilegales en el ‘caso Palau’

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena que acreditó la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) durante al menos una década. La sentencia definitiva del caso Palau ve probado que el partido cobró 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a cambio de adjudicarle obras públicas. La sala deja intacto el relato sobre el cobro de mordidas, mantiene las penas de prisión para los saqueadores confesos del Palau de la Música (Fèlix Millet y Jordi Montul) y rebaja ligeramente la impuesta al extesorero de la formación nacionalista Daniel Osácar.

El Supremo ha ratificado las penas que la Audiencia de Barcelona impuso en enero de 2018 a Millet (nueve años y ocho meses) y a su mano derecha en la institución musical (siete años y medio). Además de imponerles multas de 4,1 y 2,9 millones, el tribunal subraya que deben devolver 23 millones de euros a las estructuras del Palau (Consorci, Fundació y Associació) cuyos fondos desviaron en provecho propio. Con el dinero público y privado que fluía a la institución, Millet, Montull y sus familias se dieron a una vida de lujos y viajes exóticos por todo el planeta.

Dado que la sentencia ya es firme, los magistrados de la Audiencia de Barcelona pueden decidir en los próximos días ejecutarla y enviarles a prisión. Millet y Montull, con un estado de salud muy delicado, ya permanecieron entre rejas tras la primera sentencia porque lo pidió la fiscalía y lo acordaron los magistrados. Pero fue solo durante unas semanas, hasta que lograron salir bajo fianza a la espera de que su recurso ante el Supremo prosperara.

En la misma situación de incertidumbre se encuentran los otros dos condenados a penas superiores a dos años de cárcel en el caso Palau, cuya instrucción arrancó en el verano de 2009 con el registro por parte de los Mossos del coliseo modernista. Una es la exdirectora financiera del Palau, Gemma Montull, que ha visto rebajada en seis meses (pasa de cuatro años y medio a solo cuatro) la pena. El más beneficiado por las correcciones del Supremo, sin embargo, es el extesorero Osácar: la sentencia le absuelve de uno de los delitos que se le atribuían (tráfico de influencias) y reduce en 11 meses su pena, que queda en los tres años y medio. También deberá pagar una multa de 3,7 millones por el delito de blanqueo de capitales. “No consta acreditado” que Ferrovial le entregara las comisiones siendo él el tesorero, pero sí consta que hizo llegar los pagos al partido. Como Millet y Montull, Osácar también tiene una edad muy avanzada y un estado de salud precario.

Entre 1999 y 2009, Convergència, que entonces era el “partido hegemónico” en Cataluña según lo describe la sentencia, se financió de forma irregular. Ese periodo incluye los últimos años de Jordi Pujol como presidente de la Generalitat, pero también los de Artur Mas como jefe de la oposición. Por entonces, el delito de financiación ilegal de partidos políticos no estaba tipificado en el Código Penal. El Supremo ratifica que el partido se comprometió a adjudicar obras públicas a Ferrovial a través de las administraciones (locales y autonómicas) en las que gobernaba.

El Palau servía como mero intermediario en esas transacciones ilícitas. Ferrovial camuflaba los pagos como contratos de patrocinio de la institución. Las cantidades se correspondían al 4% del importe de la obra: el 1,5% se lo quedaban Millet y Montull por los servicios prestados y el 2,5% restante iba a parar a las arcas del partido mediante entregas en efectivo a través de los tesoreros, convenios simulados con la fundación afín al partido Trias Fargas y servicios presuntamente prestados al Palau pero que, en realidad, disfrutaba Convergència. La Ciudad de la Justicia de Barcelona —donde se celebró la vista oral— o la línea 9 del metro de Barcelona son dos de las obras para las que se pagaron mordidas.

Las condenas a Millet y Montull lo son por delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo y contra la hacienda pública. A ambos se les han aplicado las atenuantes de confesión (alcanzaron un pacto con el fiscal), disminución del daño y dilación extraordinaria e indebida.

El PSC pide que Artur Mas dé explicaciones

Ciudadanos, el partido mayoritario de la Cámara catalana, calificó de “vergonzoso” el caso Palau, en el que Millet, Montull y Convergencia “saquearon a todos los catalanes”. El PSC, por su parte, ha pedido que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, dé explicaciones sobre la trama corrupta en el partido que entonces capitaneaba. El PDeCAT ha guardado silencio, informa Camilo S. Baquero.

El líder del grupo parlamentario, Carlos Carrizosa, ha reaccionado en Twitter a la decisión del Tribunal Supremo. “Es vergonzoso cómo han alimentado el odio hacia el resto de España mientras se dedicaban a saquear a todos los catalanes”, ha escrito en esta red social.

“Ante la confirmación de la sentencia del caso Palau y el desvío de fondos a CDC, es hora de que el president Mas de explicaciones por unos hechos muy graves que devaluan las instituciones”, ha pedido en sus redes sociales la portavoz de los socialistas catalanes, Eva Granados. Mas fue secretario general de Convergència entre 2000 y 2012, justamente los años en los que el Supremo ha determinado que la formación se financió de manera irregular.

En el PDeCAT, el partido heredero de Convergència y con el cual compartía coalición para poder disfrutar de sus derechos electorales no ha querido pronunciarse. Recuerdan que se tratan de dos formaciones distintas y añaden que aún están leyendo el contenido de la sentencia. Sí se ha referido a la decisión del Supremo de ratificar la mayoría de las penas el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol. “El futuro pasa por la ética en toda la gestión pública y por una actitud inmaculada”, ha dicho en una entrevista a TV-3.

La reacción de Esquerra, los actuales socios de Junts per Catalunya en el Govern, ha sido cauta. La alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla, también ha aprovechado la decisión del Supremo para reivindicar el pacto al que llegó con socialistas y anticapitalistas para sacar a los neoconvergentes de una de sus alcaldías insignia. “El caso Palau se refiere a Sant Cugat como un municipio del 3%. Por cosas como estas tanta gente celebró el cambio de Gobierno. Tolerancia cero con la corrupción”, tuiteó Ingla.