El extesorero de Convergència se niega a declarar por la trama de corrupción del 3%

Daniel Osàcar, extesorero de Convergència Democrática de Cataluña (CDC), ha optado este miércoles por el silencio y se ha negado a declarar al sentarse como imputado ante el juez José de la Mata, que investiga en la Audiencia Nacional la supuesta trama de corrupción del 3%. Una causa que se adentra en la presunta red de financiación irregular tejida en torno al partido nacionalista y que se habría beneficiado del pago de comisiones ilegales de empresarios a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña. De hecho, Jordi Sumarroca, presidente de una de esas compañías bajo sospecha (Teyco), también ha acudido esta tarde al órgano judicial y, al igual que su predecesor, no ha querido decir una palabra.  

Solo Josep Lluís Quer, expresidente de Infraestructuras de la Generalitat, ha roto esta estrategia y sí ha declarado. Eso sí, solo ha respondido a las preguntas de su abogado. Un momento que, según han explicado fuentes jurídicas, ha aprovechado para defender la legalidad de sus actuaciones y desvincularse de cualquier trama de corrupción. Ha insistido en que él no sabe "nada de los partidos" y que, además, él siempre propició la transparencia durante su etapa como alto cargo. De hecho, según ha dicho, apostó por la creación una oficina de análisis de las ofertas, de los que se daba cuenta a Josep Antoni Rosell, ex director general de Infraestructuras destituido del cargo tras su imputación en la causa del 3%. 

En esta parte de la instrucción, el juez sigue la pista a la adjudicación de 28 proyectos de obras por valor de 175 millones de euros que, según los investigadores, son el origen de las mordidas de dinero que se desviaron a través de dos fundaciones (Catdem y Fòrum Barcelona) ligadas a CDC. De la Mata asumió la causa procedente de un juzgado de El Vendrell (Tarragona) e investiga supuestos delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos, malversación, fraude, blanqueo, financiación ilegal, falsedad documental y tráfico de influencias. El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), formación continuadora de CDC y que también fue imputada, ya trató ante el juez de desvincularse de sus raíces en septiembre del pasado año.

Tras un año de pesquisas en la Audiencia Nacional, el juez instructor ha reimpulsado la causa esta semana con una nueva ronda de declaraciones que ha comenzado este miércoles y que continuará este jueves y viernes. Entre las comparecencias previstas se prevé la declaración de los representantes de las empresas imputadas como personas jurídicas por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo. Entre las que se encuentran, por ejemplo, la Fundación ACS, Copisa, Urbaser, Oproler y Soler Constructora.