Un problema de corrupción

El pasado 15 de enero se publicitó la sentencia del caso Palau. Unos días antes, Artur Mas había dimitido como presidente del PDeCAT. Llegado el lunes de autos, el otrora locuaz ex presidente de la Generalitat despachó sus explicaciones con una entrevista a la Agència Catalana de Notícies. El hombre de profundas convicciones liberales, que siempre había creído que lo mejor era someterse a ruedas de prensa multitudinarias y multilingües, optó por recurrir a la hospitalidad de un canal del que la Generalitat de Catalunya posee el 70% de la propiedad y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el 30% restante. Así pasó el engorroso trámite de dar explicaciones de esos “como mínimo” 6,6 millones de euros en mordidas que su partido se llevó, de acuerdo con la sentencia, gracias a adjudicaciones de obra pública.

Pero la hemeroteca es dura. Hay impagables fotos de familia —envejecidas a base de efecto sepia— en las que aparece la guardia pretoriana convergente en actitud solidaria con el ex tesorero de CDC Daniel Osácar. Fotos de grupo en el Parlament o en las puertas de la Ciutat de la Justícia —de cuya construcción sacó tajada el partido—, donde Osácar está flanqueado por Jordi Turull, hombre de confianza de la familia Pujol y de Mas, luego consejero de la Presidencia y ahora exégeta de Carles Puigdemont; Oriol Pujol, mano derecha de dos expresidentes y secretario general de CDC hasta que tuvo que dimitir por el caso ITV; y Francesc Sánchez, liquidador de CDC y hombre de las finanzas. Es la imagen de la solidaridad grupal con el fiel funcionario de partido ahora condenado a cuatro años y cinco meses por el cobro de comisiones para Convergència. Todo se hizo para bien, pues Daniel Osácar aseguró ante el juez que los convenios entre el Palau de la Música y la Fundación Trias Fargas de CDC —Ferrovial mediante— tenían el noble fin de “difundir la cultura catalana” y “evitar que en las fiestas mayores de los pueblos "no pusieran solo música andaluza, sino también sardanas”.

A juicio de los convergentes, todo este maldito embrollo ha guardado históricamente mucho parecido con casos anteriores. Jordi Pujol advirtió en 2010 de las similitudes entre el caso Banca Catalana y el caso Palau. “En estas cosas yo ya tengo experiencia… Y al final nada de nada”, sentenció cansado de maniobras arteras. En mayo de 1984, el longevo presidente de la Generalitat ya se presentaba como víctima del Gobierno central y la fiscalía: “Han hecho una jugada indigna; a partir de ahora de ética y de moral hablaremos nosotros, no ellos”, proclamó ante sus seguidores en la plaza de Sant Jaume con motivo de la querella presentada por el caso Banca Catalana. Obviamente todo fue dicho antes de que en 2014 confesara la productiva “deixa de l'avi Florenci”. Pero en 1984, miles de personas le creyeron y salieron a la calle en su defensa, cuando en realidad la familia del president ganó dinero con la bancarrota: cobró 84 millones de pesetas en dividendos ilícitos y vendió acciones a una sociedad instrumental para cobrar otros 25 millones. El rescate bancario costó a los contribuyentes 345.000 millones de pesetas, según explica el periodista Pere Ríos en su libro Banca Catalana: caso abierto (Ediciones Península, 2015).

En el año 2009 otra vez la fiscalía se conjuró con los socialistas para impedir la victoria electoral de Convergència, según el relato oficial. Y todo ello a pesar de tener pruebas de lo contrario, pues en 2006 Artur Mas y José Luis Zapatero pactaron ponerle bridas al PSC para que no volviera a ocupar la presidencia de la Generalitat si CiU ganaba en diputados. En noviembre de 2010 Mas aseguraba en el Ateneu: “Todo esto es una burbuja que quedará en nada; cortadme el cuello si la Generalitat es una administración corrupta bajo un Gobierno de CiU”. “A tres semanas de las elecciones se les ve el plumero; hagan lo que hagan el cambio llegará a Cataluña porque el pueblo lo quiere”, concluyó.

La sentencia del pasado lunes 15 de enero ha cortado el cuello de Mas. A pesar de que el PDeCAT ha sido presidido por el ahora dimisionario, es “una nueva formación” sin nada que ver con CDC. Ellos, expertos en autocrítica, nacieron para borrar el pasado y surfear el procés. Pero por mucho que insistan, el cas Palau no es un daño colateral de esa rentable “causa general” contra el independentismo: Esquerra y la CUP no están siendo investigadas por corruptas. En Cataluña, esa enfermedad endémica tiene predilección por la derecha.