Aragonès pide a Sánchez que “asuma responsabilidades” por el espionaje a móviles de líderes independentistas

Para el independentismo catalán la vinculación del Gobierno en el espionaje de los móviles de 63 de sus líderes políticos y activistas es evidente. De ahí que el president Pere Aragonès, uno de los afectados, haya señalado sin cortapisas al Ejecutivo de Pedro Sánchez como el último responsable y le pidiera “sin excusas” que sea “transparente” y “asuma responsabilidades”. Tras meses de frialdad entre los partidos secesionistas, el Govern en Barcelona y los partidos y entidades en Bruselas escenificarán este martes unidad en el rechazo a lo que consideran como un episodio más de la represión ideológica en su contra.

“El Gobierno español tiene que dar explicaciones inmediatamente y llegar hasta el final. No valen excusas. Espiar representantes de la ciudadanía, abogados y activistas por los derechos civiles es una línea roja”, ha asegurado el jefe del Govern en Twitter. “Desde que gobierna el PSOE el Centro Nacional de Inteligencia depende del ministerio de Defensa. Habrá que preguntarle entonces a la ministra Margarita Robles”, ha escrito el vicepresident Jordi Puigneró (Junts) en esa misma red social. Puigneró también está en la lista de afectados.

Desde el Ejecutivo niegan “toda relación y la menor vinculación” con el escándalo. Las fuentes gubernamentales consultadas por EL PAÍS se han mostrado rotundas y han insistido en que España “es un Estado de Derecho” en el que se cumple “escrupulosamente” el respeto a los derechos fundamentales que recoge la Constitución. Las citadas fuentes han subrayado que las escuchas telefónicas solo se pueden realizar en nuestro país mediante autorización judicial.

La empresa israelí que fabrica el software, NSO, asegura que este solo lo pueden adquirir instituciones gubernamentales como ejércitos, servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del Estado para investigar el crimen organizado y el terrorismo. Una investigación de este diario y The Guardian desveló en 2020 el espionaje a líderes independentistas. El entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, negó que su ministerio usara los productos de NSO. En la misma línea se pronunció el Ministerio del Interior. El CNI no fue sin embargo tan contundente. ERC y otros grupos en el Congreso (entre ellos Unidas Podemos) fracasaron, en septiembre de ese año, en su intento de crear una comisión de investigación. La petición topó en la mesa de la Cámara con el PSOE, Ciudadanos, PP y Vox.

Interior ha recalcado, como hizo hace dos años cuando saltó por primera vez el escándalo, que ni el departamento ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil “han tenido nunca relación alguna con la empresa NSO y, por tanto, nunca han contratado ninguno de sus servicios”, en referencia al programa infomático malicioso. “Todas las intervenciones de comunicaciones se hacen bajo orden judicial y con pleno respeto a la legalidad”, han añadido fuentes del equipo de Fernando Grande-Marlaska, informa Óscar López Fonseca. Interior recuerda que las Fuerzas de Seguridad bajo sus órdenes utiliza el llamado Sistema de Interceptación Legal de las Telecomunicaciones (conocido por sus siglas, Sitel), en funcionamiento desde 2004. Este permite a la Policía y Guardia Civil intervenir, siempre bajo control judicial, miles de llamadas y mensajes de investigados, y obtener información en tiempo real sobre los interlocutores, el contenido, los mensajes y su ubicación. En los últimos años, los diferentes responsables de Interior han invertido partidas millonarias en actualizar el sistema.

Un juez de Barcelona investiga desde octubre de 2020 el caso, tras una querella de Torrent y del exconsejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, cuyo móvil también fue afectado por el programa espía. Ambos responsabilizaban al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán de unos presuntos delitos de interceptación ilegal de las comunicaciones y espionaje informático ocurridos.

Aragonès comparecerá este martes, de manera extraordinaria, tras la reunión semanal del Govern, junto a todos sus consejeros. A su vez, en el Parlamento Europeo el expresident y líder de Junts, Carles Puigdemont; el jefe de filas de ERC, Oriol Junqueras; y el diputado anticapitalista Carles Riera comparecerán con representantes de la ANC y Òmnium Cultural.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el diputado Jon Iñarritu también figuran en el listado de dirigentes independentistas espiados. “El Gobierno está tardando en aclarar este ataque masivo a la disidencia política y cesar a sus responsables inmediatamente. Tomaré todas las medidas jurídicas y políticas oportunas”, ha señalado Iñarritu.

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