Los servicios secretos españoles tienen el programa que espió a Torrent

El independentismo catalán forma parte de los objetivos informativos del CNI desde 2015

El presidente del Parlament, Roger Torrent, a su llegada a la Cámara catalana este martes.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, a su llegada a la Cámara catalana este martes.Quique Garcia / EFE

Los servicios de información españoles disponen del programa espía Pegasus de la compañía israelí NSO, según confirman fuentes próximas a la comunidad de inteligencia. Con una versión de ese malware —el software hostil con el que se roban datos en los dispositivos— se piratearon los móviles del presidente del Parlament, Roger Torrent, y del exconseller Ernest Maragall, ambos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El servicio secreto CNI cuenta con ese sistema, aseguran las mismas fuentes. Interior, que ha negado públicamente que adquiriese Pegasus, posee al menos un programa similar.

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Torrent acusó este miércoles directamente al CNI del hackeo de su móvil, pero la identidad de quien instaló los sistemas de espionaje en los teléfonos del presidente del Parlament y del exconseller Maragall será muy difícil de conocer. Lo que sí se sabe es que los servicios de información españoles disponen del programa espía Pegasus, capaz de tomar el control de las terminales, escuchar las conversaciones, leer mensajes, acceder a sus archivos, hacer capturas de pantalla o activar su cámara y su micrófono por control remoto.

No está confirmada la fecha de adquisición. Sí se conoce que hasta 2015 el CNI y la Policía habían sido clientes de Hacking Team, compañía italiana que compite con NSO. Los servicios de información españoles, en fin, disponían de Pegasus, según fuentes próximas a los mismos; más dudoso, añaden las mismas fuentes, es que NSO solo venda este programa a gobiernos y fuerzas de seguridad, como aduce la empresa israelí.

El Ministerio del Interior, la Policía y la Guardia Civil aseguran que nunca han contratado con NSO, mientras que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuyos medios y capacidades están clasificados por ley, se limita a decir que “actúa siempre con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico”. Ese sometimiento está recogido en la Ley de Control Judicial Previo del CNI de 2002, aprobada tras los escándalos de escuchas ilegales que en la década anterior salpicaron al servicio secreto. La ley permite a los espías españoles realizar entradas en domicilios e interceptar comunicaciones cuando sean necesarias “para el cumplimiento de las funciones asignadas” al CNI.

Para pinchar un teléfono, la secretaria de Estado y directora del CNI, Paz Esteban, debe pedir autorización previa a un magistrado del Supremo, nombrado para este cometido por el Consejo General del Poder Judicial. El juez dispone de 72 horas para aprobar o rechazar la petición, que debe ser concreta y motivada e identificar al objetivo de la intervención telefónica, por un plazo de tres meses prorrogable.

Expertos en los servicios de inteligencia aseguran que el CNI no se arriesga a pinchar un teléfono en España sin cumplir escrupulosamente esta ley. Otra cosa, agregan, es lo que pase en el extranjero, donde todas las operaciones son, por definición, clandestinas. Además de los teléfonos de Torrent y Maragall, según su abogado también fue monitorizado el móvil de la exdiputada independentista de la CUP Anna Gabriel, fugada a Suiza desde 2018.

¿Podría el magistrado del Supremo haber autorizado el pinchazo a Torrent? Las fuentes consultadas recuerdan que, al menos desde que en 2015 se aprobó el Concepto Estratégico del CNI y se creó la Unidad de Defensa de los Principios Constitucionales, el proceso secesionista catalán, considerado una amenaza para la unidad del Estado y el ordenamiento constitucional, forma parte de los objetivos informativos del servicio de inteligencia.

El CNI fue muy activo en 2017, en el momento más álgido del procés, facilitando al Gobierno de Mariano Rajoy los borradores de las llamadas leyes de desconexión, que abrían el camino hacia la independencia de Cataluña. También desempeñó un papel destacado en la captura en Alemania del fugado expresidente catalán Carles Puigdemont en marzo de 2018. En cambio, se le reprochó no haber sido capaz de interceptar las urnas que permitieron celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Pero una cosa es interceptar el móvil de un líder independentista y otra de un cargo institucional, como el presidente del Parlament, segunda autoridad de Cataluña. Las fuentes consultadas explican que con frecuencia los titulares de los teléfonos no coinciden con sus usuarios reales y que a veces se llega a un número a través de otro y sin conocer quién es su dueño.

Pese a formar parte del Gobierno, Unidas Podemos se ha sumado a una declaración, suscrita por 10 partidos, que denuncia la “gravedad” del espionaje a Torrent y vuelve a reclamar la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre las “cloacas del Estado”. Dicha comisión no podría, sin embargo, acceder a información sobre las interceptaciones telefónicas del CNI, clasificadas como secretas. La que sí está habilitada para conocer de este asunto es la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que se reúne a puerta cerrada.

Además, el líder de Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, forma parte desde marzo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, entre cuyas competencias figura la de proponer al presidente del Gobierno los objetivos anuales del CNI. Finalmente, el servicio secreto no puede investigar al independentismo si el presidente no se lo ordena en la Directiva de Inteligencia, que desarrolla los objetivos propuestos por dicha comisión.

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