La mentira como herramienta política
Los que conocemos de cerca los entresijos de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias y de su monitorización no podemos permanecer impasibles ante afirmaciones como las de Alsina y Borràs
La contumaz batalla entablada en torno a la inmersión lingüística en Cataluña no es ninguna novedad en la política española. Lo sucedido estos días no es sino una reedición del famoso titular del diario ABC “Igual que Franco, pero al revés: persecución del castellano en Cataluña”, cuando el PP trataba de erosionar el Gobierno del PSOE sostenido en aquel entonces por CiU. La diferencia entre ese episodio y el actual es que ahora la estridencia retórica se ha disparado hasta la náusea. Si en 1992 se comparaba el régimen lingüístico de la escuela catalana con el franquismo, ahora los términos de la comparación son el Holocausto, el apartheid y el terrorismo etarra. Nada que sorprenda especialmente después del paso de Donald Trump por la Casa Blanca.
Con las declaraciones proferidas por el desnortado Pablo Casado en su alocada carrera por descalificarse a sí mismo como posible presidente del Gobierno de España, lo más razonable acaso sea utilizar la vía que se le ha aplicado a Thierry Baudet, el líder ultraderechista holandés que acaba de ser condenado por comparar las restricciones anticovid con el Holocausto. A Junts, que (fiel a su partidismo) emprendió esa vía la semana pasada, y al Govern de la Generalitat, que hará lo propio esta semana, hay que desearles suerte en su justificado empeño por procurar el reproche judicial de un Casado ya desacreditado políticamente.
Dicho todo esto, también es justo reconocer que la triple derecha no es la única que utiliza la lengua como arma política. El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, sostuvo en el Parlament que la inmersión lingüística no se podrá asegurar hasta que Cataluña sea independiente: eso también es utilizar la lengua como argumento político. (En este sentido, es perfectamente lógico que el PSC se abstuviera de participar en la manifestación proinmersión del pasado día 18, en la que el lema coreado con más fervor fue “in-de-in-de-pen-dèn-ci-a”.) En este contexto, no es extraño descubrir que hay políticos catalanes que también mienten. A más pequeña escala, acaso, pero también mienten.
En una entrevista concedida al programa Més 3/24 el pasado 10 de diciembre, la consejera de Acción Exterior, Victòria Alsina, explicó que había enviado una queja sobre la orden de impartir el 25% de horas lectivas en castellano a la presidenta del Comité de Expertos del Consejo de Europa que supervisa la aplicación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias. Según ella, se trata de una Carta “ratificada e incumplida en numerosas ocasiones por parte de España”. Al ehttps://celmi.uvigo.gal/es/ntrevistador Xavier Grasset no se le ocurrió contradecir a la consejera, lo cual también es un indicio del rigor de nuestro periodismo. El corte con esta declaración pasó también por los noticiarios de TV-3, sin que al CAC se le haya ocurrido reprender a la consejera Alsina. En la entrevista concedida al programa Cafè d’idees de La 2 de TVE, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, incurrió en la misma falsedad: el incumplimiento de la Carta vendría a ser una prueba del menosprecio y afán de destrucción con que España trata a las lenguas españolas diferentes del castellano. (En este caso, la periodista aquiescente fue nada más y nada menos que Gemma Nierga.)
Los que conocemos de cerca los entresijos de la Carta y de su monitorización no podemos permanecer impasibles ante afirmaciones como las de Alsina y Borràs. Por suerte, desmontarlas resulta de lo más fácil. El anterior miembro español del Comité de Expertos, el reputado sociolingüista gallego Fernando Ramallo, ha desarrollado una base de datos consultable que en un abrir y cerrar de ojos permite hacerse cargo del cumplimiento o no de la carta entre los 25 estados miembro del Consejo de Europa que la han ratificado.
Si descontamos a Suiza, que cumple más de un 90% de sus compromisos, España está a la cabeza de los estados cumplidores, con un 72% de compromisos cumplidos totalmente y tan solo un 7% de compromisos no cumplidos. Si nos fijamos en el caso concreto del catalán, el grado de cumplimiento se dispara: en la última evaluación (2019), el 87% de los compromisos estaban cumplidos, mientras que los no cumplidos no llegaban al 2%.
En una entrevista reciente sobre la desbocada polémica sobre la inmersión, el consejo de Educación señalaba con gran acierto que el problema son “los políticos que se inventan mentiras”. Él se refería a la triple derecha, claro está. Pero alguien tenía que decir que en el campo del consejero a veces también se falta a la verdad.
Albert Branchadell es profesor en la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB.
