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La Generalitat se querella contra Casado por sus declaraciones sobre la escuela catalana

El Gobierno catalán acusa al líder del Partido Popular de calumnias, injurias y delito de odio

Una mujer muestra un cartel defendiendo el catalán en la protestas de Canet de Mar
Una mujer muestra un cartel defendiendo el catalán en la protestas de Canet de MarAlbert Garcia Gallego

La Generalitat se ha querellado contra el líder del PP, Pablo Casado por sus manifestaciones de la semana pasada en las que acusaba a la Generalitat de discriminar a los escolares según el idioma en el que hablan. Casado afirmó que a los niños que hablan castellano en el colegio no se les permite ir al baño. El Gobierno catalán presentó el lunes la querella contra Casado ante el Tribunal Supremo por calumniar e injuriar al profesorado, además de incitar al odio, según indicó este martes la portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja.

La inmersión lingüística ha sido el combustible del conflicto político de las últimas semanas después de que el Tribunal Supremo confirmara la obligación de elevar al menos al 25% las asignaturas que se imparten en castellano en Cataluña. Partidos de la derecha como el PP, pero también padres que reclaman la ejecución de este porcentaje, aseguran que se segrega por la lengua en las escuelas catalanas. Estas denuncias, negadas por la Generalitat, llevaron a Casado a manifestar el pasado viernes lo siguiente: “¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones de no dejar ir a niños al baño porque hablan castellano?”. El presidente del PP añadió otra pregunta retórica: “¿Se puede tolerar que a niños se les metiera piedras en la mochila porque en el recreo hablaban castellano?”.

“Son acusaciones falsas y atacan al conjunto del profesorado y al sistema educativo”, afirmó Plaja. La portavoz detalló que, en opinión del Govern, Casado miente a conciencia para achacar a los maestros catalanes falsas coacciones a menores, delitos de odio y violencia. El Ejecutivo catalán también considera que el líder popular acusó al profesorado de “discriminar al alumnado según la profesión de sus progenitores”. Esta manifestación se basa en otras declaraciones de Casado en la misma intervención del 17 de diciembre: “¿Se puede tolerar que a hijos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se les señale en clase y se diga que no pueden estar integrados?”. El presidente del PP se refería así a unas denuncias, archivadas por la justicia en 2019, de presunta discriminación a menores en una escuela de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) por ser familiares de miembros de estos cuerpos de seguridad.

El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si acepta a trámite la querella de la Generalitat. Casado recibió numerosas críticas por sus declaraciones, no solo por parte del nacionalismo catalán, también desde las filas del Gobierno. “Que sepa toda España que los niños catalanes hacen pipí”, dijo el ministro de Cultura, Miquel Iceta, el pasado sábado en el congreso del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). Iceta criticó al líder del PP por querer “dañar la convivencia por un puñado de votos”.

El PP, lejos de rectificar, replicó al Gobierno autonómico. La diputada Cuca Gamarra, según recogió la agencia Efe, aseguró que continuarán “denunciando todo tipo de limitación de derechos y libertades”. La eurodiputada popular Dolors Montserrat escribió en Twitter que “la Generalitat busca falsos culpables para tapar su política de discriminación lingüística”. “No nos vamos a callar”, añadió Montserrat.

Nueva iniciativa para ejecutar el 25%

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Las organizaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana anunciaron también este martes la constitución de una Asociación de Madres y Padres (Ampa) para “solicitar el cumplimiento” de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que eleva al menos al 25% las asignaturas que se imparten en castellano en Cataluña. El objetivo, señalaron las dos entidades, es que los padres puedan hacer esta solicitud a través de ellos de manera “anónima”. El Ampa Total, según han denominado al proyecto, se nutrirá de las pequeñas Ampa que un mínimo de tres padres puedan conformar en cada colegio. Estas se tendrán que poner en contacto con Ampa Total para integrarlos firmando un convenio ante notario. Será entonces Ampa Total la que representará públicamente las reclamaciones de esos padres, que se mantendrán en el anonimato.

Los promotores de esta iniciativa se han mostrado críticos, por considerarla poco eficiente, con la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB), la asociación más destacada en Cataluña para el acompañamiento de los padres que quieren reclamar la ejecución del 25%. La AEB confirma que no mantiene relación alguna con el proyecto Ampa Total.

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