La Generalitat delega en las escuelas la función de los dos profesores en las aulas con más castellano

La Generalitat anunció el jueves una “ofensiva” para responder a la obligación judicial de impartir al menos un 25% de las clases en castellano. El gobierno autonómico evitó entrar en el detalle de las “soluciones excepcionales” que avanzó, la más cuestionada, la incorporación de un profesor adicional en las aulas que tengan que aumentar las asignaturas en castellano. El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, reiteró este viernes que las competencias de este profesor de apoyo dependerán de lo que decida cada escuela.

Gonzàlez-Cambray afirmó en Catalunya Ràdio que cumplirán las decisiones judiciales y que no se segregará a ningún alumno según la lengua. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictaminó en 2020 que al menos un 25% de las asignaturas debían ser en castellano en el sistema educativo catalán. La medida fue ratificada el pasado noviembre por el Tribunal Supremo. La decisión del TSJC llegó después de que se hayan producido desde 2005 cerca de 80 reclamaciones por parte de familias particulares para incrementar el aprendizaje en castellano de sus hijos. En Cataluña hay 46 alumnos cuyos padres han logrado que la justicia les reconozca el derecho de recibir un 25% de las clases en castellano. Aunque son peticiones individuales, la decisión judicial afecta a toda la clase. La Generalitat debe aplicar la medida de inmediato en otros 35 casos, que serán las aulas que recibirán un profesor de apoyo.

La Generalitat delegará en los centros educativos la decisión sobre cómo deben trabajar los profesores adicionales y en qué asignaturas. El Govern asume que tendrá que aumentar una hora el aprendizaje en castellano. Esto reduciría el conocimiento de catalán de los alumnos, según la lógica del Departamento de Educación, y por eso sería necesario el maestro de refuerzo.

Gonzàlez-Cambray fue cuestionado en la radio pública catalana sobre si esta codocencia implica que en las clases que se tenga que utilizar el castellano, habría un maestro que se exprese en esta lengua y el otro, en catalán. El consejero dijo que las clases en castellano serían en castellano, aunque la decisión final de cómo aplicarlo sería del colegio. Gonzàlez-Cambray puso como ejemplo el aula de P-5 —niños de 5 años— de Canet de Mar (Barcelona) que ha estado en el centro de la batalla política en las últimas semanas por la obligación expresa del TSJC para que aumente al 25% las horas en castellano. Una familia solicitó el amparo judicial para que así fuera, pese a que la asociación de padres y madres del colegio lo considera una decisión antidemocrática. Gonzàlez-Cambray explicó que en esta aula se trabaja en grupos y que los dos maestros aportarían una enseñanza más personalizada.

José Domingo es asesor de la Asamblea para una Escuela Bilingüe (AEB), asociación que asiste a familias como la de Canet de Mar en la reclamación de que el castellano sea también lengua vehicular en las escuelas. Domingo explica que en el sistema educativo catalán se ha introducido el trabajo en pequeños grupos, llamados “racons”, como es el caso de la clase de P-5 de Canet de Mar. “Tienen el mandato de que todos los alumnos estén bajo el mismo régimen lingüístico, pero los racons facilitan dividirlos en catalán o castellano”.

Gonzàlez-Cambray y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, celebraron el jueves una “cumbre especial por la lengua” con más de 40 entidades del sector. Entre ellas se encontraban los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Ambas organizaciones apoyan las propuestas anunciadas por el Gobierno catalán, aunque piden más concreción y, sobre todo, que el refuerzo con profesores extras se amplíe a otros ámbitos. Teresa Esperabé, secretaria general de la federación de Educación de Comisiones Obreras en Cataluña, confía en que esta medida “no sea para segregar sino para desdoblar a los alumnos en grupos, o para reforzar el aprendizaje”. “El desdoblamiento es especialmente importante para el aprendizaje de lenguas”, afirma Esperabé, “porque divide a la clase en grupos más pequeños, teniendo estos un mejor apoyo”.

La Generalitat considera que el uso del catalán está en retroceso en el sistema educativo y que la justicia rompe el consenso en torno a la inmersión lingüística. “Atacan a uno de los pilares de cohesión de Cataluña”, expresó Aragonès. La Generalitat tiene previsto aplicar una batería de medidas que reforzarán el aprendizaje del catalán: cursos de “formación y sensibilización” del uso del catalán para 120.000 profesores durante 2022; la constitución en cada colegio de un “Grupo impulsor del catalán”; y una campaña de inspecciones en las más de 5.000 escuelas de infantil, primaria y secundaria que hay en Cataluña para “acompañar” a cada colegio en una promoción más intensa de la lengua catalana. El plan de inspecciones no es una decisión compleja de materializar, apunta Esperabé, porque los inspectores de la Generalitat ya visitan cada año, dos o tres veces, todos los centros educativos.

Apoyo de los sindicatos

Carlos De Pablo, secretario de Política Institucional de UGT, ve bien que sean los colegios los que decidan las funciones del profesor de refuerzo. De Pablo niega que el castellano esté en retroceso en las aulas catalanas y considera que las propuestas de la Generalitat son “medidas habituales”. “La escuela catalana es un modelo de éxito y hay que protegerlo”, subraya el dirigente de UGT. Esperabé también opina que hay que reforzar el catalán porque tiene más competencia de otras lenguas que cuando se pactó la inmersión lingüística en Cataluña hace cuatro décadas. La representante de Comisiones Obreras admite dudas sobre la nueva normativa legal que el Govern quiere aprobar para “blindar el catalán”. “Esta norma hay que concretarla. Vemos de forma positiva que en la reunión [con la Generalitat] estuviéramos de acuerdo en que es necesario recuperar el consenso de los años 80″, dice Esperabé.

Francina Martí, presidenta de la asociación de profesores Rosa Sensat y participante en la reunión con Aragonès y Gonzàlez-Cambray, también reclama “un amplio consenso en la defensa de la lengua”: “Estamos en emergencia lingüística. El catalán está atacado y en retroceso en la escuela”. Para Martí, el profesor adicional es una herramienta de apoyo “para una circunstancia anómala”, que las escuelas utilizarán según las particularidades del centro. “Los porcentajes en una escuela son difíciles de aplicar, por lo que es necesaria una dotación que garantice que se acata la sentencia al mismo tiempo que se defienden los derechos de todos los niños”, concluye la presidenta de Rosa Sensat.

Este sábado se celebrará en Barcelona una manifestación en contra de la introducción de la cuota del 25% de castellano en los colegios. “Los que se manifestarán no quieren ni una hora en castellano en las aulas”, afirma Domingo. La AEB, avisa, trabaja para recoger el máximo número de apoyos posibles a una demanda colectiva que lleve a la ejecución de la sentencia del 25% en todo el sistema escolar.