La privatización de los rastreadores agudiza la crisis en el Govern

La externalización del servicio de rastreadores de la covid-19 ha provocado el enésimo desencuentro entre los socios del Govern. La adjudicación a dedo de un contrato de 17,6 millones de euros a una filial de Ferrovial por parte del departamento de Salud, en manos de ERC, ha suscitado el rechazo del sector sanitario y de varias voces en Junts per Catalunya y la oposición. La portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, lejos de defender a sus socios, se unió este lunes a las críticas e instó a Salud a “escuchar lo que está diciendo la comunidad médica”. La consejería que pilota Alba Vergés admitió que estudia cómo revertir el contrato.

No es nuevo que los socios del Govern aprovechen los errores del otro para desgastarse, especialmente en la crisis del coronavirus. Ya ha sucedido, por ejemplo, a cuenta de la maraña de las cifras real de muertos y afectados por la coivid-19 o la tragedia de las residencias de ancianos. Lo que si es inédito es que dentro del propio Ejecutivo corran hasta tres versiones de lo sucedido.

Los republicanos defienden que la rectificación llega tras días de reflexión interna. “Nos hemos conjurado para revertir este contrato y buscar las alternativas que pasen por un programa público que pueda hacer este seguimiento”, aseguró este lunes la portavoz de ERC, Marta Vilalta. El relato oficial es el comentario de la portavoz, en una entrevista en la Cadena Ser, en la que invita a revisar el contrato. “Me preocupa que puede que no se haya escuchado suficiente a cómo se tendría que hacer el seguimiento de los casos. Vemos que la comunidad de todo el sistema de salud se ha manifestado contraria a esta decisión”, dijo la también consejera de Presidencia. La última versión llegó a cuenta del entorno del propio Quim Torra, asegurando que había sido el president en persona quien había instado al vicepresidente Pere Aragonès a tirar para atrás el contrato. Los republicanos lo niegan tajantemente.

La estrategia de Junts per Catalunya pasa desde hace semanas porque el desgaste de la respuesta a la crisis acabe con la imagen de buenos gestores que ERC intentan cultivar. Algunos diputados neoconvergentes tuiteaban artículos recordando que el hermano del presidente de ERC, Oriol Junqueras, es un alto cargo de Ferrovial. El PSC y los comunes ya han registrado peticiones en el Parlament sobre el contrato. A los republicanos, además, les persigue la hemeroteca y su crítica a las empresas del Ibex-35, como es el caso de Ferrovial.

El Departamento de Salud adjudicó a dedo, sin concurso público, un contrato de 17,6 millones de euros a Ferrosal, una filial de Ferrovial, para gestionar el rastreo de contactos de personas infectadas con la covid-19. Esta misma compañía también gestiona la centralita del 061. Un portavoz de Salud justificó entonces que “se consideró que era la empresa que con más capacidad y facilidad podía responder a esta contratación de emergencia”.

Pero la medida ha suscitado el rechazo de figuras como el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, o el presidente de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, Antoni Sisó, que reclamaron que se revirtiese esta decisión. El sindicato Metges de Catalunya tildó de “indecente” e “insultante” la decisión de Salud de externalizar el servicio de rastreadores y reclamó una “rectificación urgente”.

El nuevo choque entre Junts y los republicanos se produce apenas 24 horas después de que la titular de Salud, Alba Vergés, desautorizase las palabras de Budó cuando aseguró que con la independencia, habría habido menos muertos en Cataluña. Vergés apuntó, en una entrevista a EL PAÍS, que “no se pueden hacer afirmaciones de este tipo”. Varios diputados de Junts se desmarcaron de la consejera en Twitter.

Estos desencuentros entre Budó y Vergés se suman a las continuas discrepancias que enfrentan internamente al Govern cada tanto. El president Quim Torra y el vicepresidente, Pere Aragonès, también se enzarzaron la semana pasada a propósito de la viabilidad de la mesa de negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez. Torra enfrió la continuidad del foro al exponer que no había un “clima de confianza” propicio para sentarse en la mesa y Aragonès respondió a las declaraciones del president señalando que sería “irresponsable” abandonar la mesa de diálogo.

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