El virus que malogró los planes de Torra

Quim Torra no tendría que celebrar mañana sus dos años al frente de la Generalitat. Sus planes eran otros. El pasado enero, el president dio por terminado el recorrido de la coalición entre Junts per Catalunya y Esquerra y anunció que, tras aprobar los nuevos presupuestos, convocaría elecciones. Sin el coronavirus, el Parlament posiblemente estaría disuelto y contando los días para comenzar la campaña electoral. La de verdad porque, casi también desde hace dos años, la carrera por la hegemonía del independentismo no ha tenido tregua.

El president llegó al Palau tras ser ungido por el expresidente Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica. La decisión de ERC de no investir al expresident, lo que sería un claro desafío al Tribunal Constitucional, generó un cisma entre los socios, cuyas consecuencias aún se arrastran, y que obligó a buscar un plan B. Torra no tuvo problema en ser el presidente vicario.

El nuevo líder catalán puso como primer ítem en su lista lo que desde el independentismo denominó “la restitución”: retomar el control de la Generalitat tras la aplicación de artículo 155 de la Constitución, con la que el Gobierno del presidente Mariano Rajoy —y con el apoyo del PSOE— intentaron poner freno al lance independentista.

Hace un año, en su rueda de prensa de balance, Torra dio por terminada esa fase. Y, aferrado a las buenas cifras macroeconómicas, proclamó que Cataluña iba por el buen camino, ignorando en gran parte que esa recuperación aún no se notaba en los hogares.

La hoja de ruta para lo que quedaba de legislatura, dijo, se resumía en el eslogan “Un país en marcha, un país a punto”. Pero el segundo año de la era Torra ha estado marcado por el coronavirus, las protestas contra la sentencia por el juicio al procés y la rivalidad ya no disimulada entre los socios del Govern y acrecentada por la larguísima precampaña electoral.

“Como acción de Gobierno, incluso ahora con la respuesta a la pandemia, el discurso sigue siendo el mismo: la culpa de todo la tiene España”, cree Ernesto Pascual, profesor colaborador de los Estudios de Ciencia Política de la UOC. La apuesta del president por llevar a Cataluña a un nuevo momentum similar al 1-O no ha funcionado. “Yo defenderé que al final de esta legislatura se vuelva a ejercer el derecho de autodeterminación”, dijo en octubre en el Parlament. ERC se desmarcó y varios en Junts le criticaron, siempre en privado. “El discurso se ha ido agotando y en la coyuntura actual no habría aguantado, como sucede con otros discursos populistas”, defiende Pascual.

La mayoría independentista existe en la Cámara catalana, pero la unidad de acción es inexistente. Junts y ERC y el que debería ser su socio preferente, la CUP, suman muchos desencuentros. El último, cuándo deberían ser las elecciones. Una decisión con fecha de caducidad pues Tribunal Supremo ha de decidir si finalmente inhabilita al president, por desobedecer a la Junta Electoral y no retirar el lazo amarillo del Palau en época electoral.

El más duro, por lo simbólico, fue la incapacidad de pactar una respuesta política conjunta a la sentencia del juicio al procés, que envió a la cárcel a Oriol Junqueras y otros exmiembros del Govern. La tibieza de Torra frente a los actos vandálicos que enturbiaron las manifestaciones contra el fallo le generó críticas no solo de los sectores productivos y la oposición, sino que también congeló las relaciones con el Gobierno. El president después quiso capitanear la mesa de diálogo político que ERC le arrancó al PSOE a cambio de facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo catalán ha logrado acelerar la actividad normativa, si bien se queda muy lejos de su ambicioso plan de Gobierno. Eso sí, ha sido incapaz de ayudar a que la mayoría en el Parlament desatasque la renovación de organismos como la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales o la elección de un nuevo defensor del pueblo catalán. En este año se han aprobado cinco leyes (para un total de 12 en la legislatura); 22 decretos leyes (39) y hay 17 memorias de anteproyectos listas (de 28). Desde el Gabinete del president explican que Torra está satisfecho, por ejemplo, con el Plan Nacional de Discapacidad.

La ley más importante, sin duda, han sido los presupuestos de este año. Unas cuentas que vieron la luz gracias a los comunes, pero que nacieron desfasadas frente a la realidad del coronavirus. Si bien el peso de las negociaciones recayó en ERC, en el entorno de Torra recuerdan que prefirió priorizarlos antes que las elecciones y con ellos se logró salir del corsé de las cuentas de 2017.

Malas encuestas

La demoscopia no es muy benevolente con Torra. Según el CIS catalán del pasado enero, dos de cada tres catalanes consideran que el Govern que lidera no sabe resolver sus problemas. La nota mediana del Ejecutivo de la Generalitat es de un 4,66 sobre 10.

La crisis sanitaria, sin embargo, le ha dado una oportunidad para quitarse el sambenito de poco ejecutivo y mostrarle como gestor. El president no buscará la reelección y la manera como afronte la reconstrucción tras la pandemia influirá en su legado.

“En mitad de esta pandemia Torra sigue insistiendo en sus obsesiones nacionalistas”, lamentó el pasado jueves la líder de la oposición Lorena Roldán. La diputada de Ciudadanos cree que estos dos años “lo único que nos ha dejado son más problemas por resolver”.

La portavoz del PSC, Eva Granados, recuerda que el Govern ha perdido una de cada tres votaciones en el Parlament y que medidas claves como la renta garantizada de ciudadanía siguen sin ser desplegadas completamente. “En este Govern no hay ni estrategia compartida ni lealtad entre sus socios”, agrega la diputada. En Catalunya en Comú Podem también creen que el president no dialoga. “La falta de liderazgo del presidente en momentos clave es reconocida por propios y ajenos”, asegura la presidenta de los comunes, Jéssica Albiach.

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