Puigdemont desafía al Gobierno al impulsar una investidura telemática
Junts per Catalunya fija el 14 de mayo como fecha límite para la investidura a distancia del 'expresident'
Junts per Catalunya decidió ayer mantener el pulso al Gobierno e intentará investir a Carles Puigdemont de manera telemática, mediante la reforma de la ley de Presidencia que aprobó el pasado viernes en el Parlament. La formación se reunió en Berlín, donde el expresident está a la espera de que la justicia alemana decida sobre su extradición. El portavoz del grupo parlamentario Eduard Pujol aceptó sin embargo que este plan quedará truncado por el recurso que ya prepara el Ejecutivo y puso como fecha límite para investir a Puigdemont el 14 de mayo. El día 22 se disolverá la Cámara catalana si no hay Govern.
Pujol enmarcó la opción de insistir en la investidura de Puigdemont dentro de la voluntad de "ser fieles al resultado de las elecciones del 21-D". "La justicia española ha propiciado actuaciones que no nos han permitido investir o saldar de manera positiva cuatro investiduras desde el 30 de enero", agregó el portavoz de los 28 diputados que se trasladaron hasta la capital alemana para reunirse con el expresident y decidir la estrategia a seguir en los próximos días.
Pujol insistió en que su formación no quiere otras elecciones: “Antes del día 22 de mayo deberemos haber resuelto la situación política”, aseguró. Sin embargo, la apuesta por aferrarse a investir a Puigdemont telemáticamente tendrá una vida efímera. El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó iniciar los trámites para recurrir la modificación que incluye la investidura telemática ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno está a la espera de que se reúna el Consejo de Estado, que ha de emitir un dictamen no vinculante sobre el recurso. Posteriormente, la sola aceptación del texto por parte del Altro Tribunal implicaría su suspensión cautelar. El Constitucional, además, se reúne el próximo martes.
El Gobierno también tiene la posibilidad de torpedear los planes de Puigdemont mediante su control del Diario Oficial de la Generalitat (DOGC). La reforma de la ley de Presidencia tiene que ser publicada allí para que entre en vigencia y, al amparo del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno controla el DOGC.
La posibilidad de una investidura telemática recibió el apoyo de los 70 diputados independentistas y el voto en contra de toda la oposición. El Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano consultivo de la Generalitat, consideró que la reforma era ilegal. Desde ERC y el PDeCAT —ahora fundido dentro de Junts per Catalunya— aceptaron aprobarla como una forma de dejar en evidencia al Gobierno pero no estaba entre los planes usarla.
La apuesta de Junts per Catalunya traspasa la presión a Esquerra, que no está por ningún tipo de acción que implique problemas judiciales para sus miembros. La decisión de fijar la fecha de un pleno de investidura recae sobre el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent. ERC espera que el Gobierno bloquee esta vía antes de tener que enfrentarse a decirle por segunda vez no a Puigdemont.
El pasado enero, Torrent aplazó el pleno en el que en teoría se tenía que investir a Puigdemont después de que el Tribunal Constitucional lo prohibiera. Desde Junts per Catalunya y la CUP le pedían desobedecer. La idea de usar la reforma de la ley para investir al expresident saca a relucir las contradicciones de Eduard Pujol. La semana pasada, en una entrevista a Efe, aseguró que no se obligaría a los diputados a desobedecer al Constitucional.
El portavoz, sin embargo, tampoco cerró la puerta a que finalmente se escoja un candidato sin cargas judiciales. “Tendríamos que valorar la investidura de Jordi Sànchez, que hemos defendido dos veces. Si esta posibilidad tampoco puede concretarse, tendríamos que abrir la puerta a una nueva alternativa”, dijo Pujol.
Fisuras internas
Con todo, Junts per Catalunya busca con el nuevo camino ganar tiempo y pretende poner la pelota en el tejado del Gobierno español. “Ahora se abre un periodo que invita al Estado a rectificar”, añadió Pujol. La decisión también muestra la división entre los diputados del PDeCAT y algunos independientes de la lista de Puigdemont, que apuestan por elegir ya un candidato sin cargas judiciales y cuyo Govern permita levantar el artículo 155 de la Constitución. La tesis que se ha impuesto es la del círculo más cercano a Puigdemont, que reivindica gestionar el tempo político para darle más aire a su campaña de erosión al Gobierno de Mariano Rajoy por, asegura, no respetar el resultado del 21-D.
Junts per Catalunya también tienta a la suerte. Ciudadanos presentó la semana pasada un recurso de amparo ante el Constitucional contra los votos delegados de Puigdemont y Comín. La Mesa del Parlament aceptó que su situación jurídica actual es homologable a la de los diputados presos en España. Si el Alto Tribunal decide aplicar medidas cautelares y suspende los votos y la CUP insiste en abstenerse, el independentismo perdería la mayoría para investir en segunda vuelta.
Tras la reunión, Pujol explicó que, cuando gobiernen, se creará un “comisionado especial para superar el 155”. Esta figura será, dijo, “una puerta que escuche a toda aquella gente que ha tenido problemas” por la aplicación del artículo.
El expresidente fue detenido en el norte de Alemania el pasado 25 de marzo cuando regresaba de una conferencia en Finlandia. Desde entonces se encuentra en Alemania a la espera de que el tribunal superior del Land de Schleswig-Holstein adopte una decisión definitiva sobre su posible extradición. España ha cursado una euroorden en la que reclama la entrega del expresidente por alta traición y malversación de fondos públicos.
El próximo paso corresponde sin embargo a la Fiscalía de Schleswig-Holstein, que debe ahora presentar su propuesta sobre la entrega de Puigdemont después de haber recibido documentación complementaria por parte de las autoridades españolas. Wiebke Hoffelner, la jueza de la fiscalía de Schleswig-Holstein que ejerce de portavoz en este caso de explicó a este diario que la propuesta de la fiscalía regional “se demorará aún unos días” y que en cualquier caso, el proceso se encuentra dentro del plazo que fija la ley alemana.
La tramitación del proceso de entrega en virtud de la euroorden cursada por España no debería prolongarse en principio más de 60 días a contar desde la detención de Puigdemont el pasado 25 de marzo. La fecha límite de la justicia alemana se solapa prácticamente con el plazo para lograr la investidura en el Parlamento catalán.
