Marejada en la Costa del Sol por unos molinos en el mar
La empresa IberBlue Wind presenta al Gobierno un proyecto para levantar 55 aerogeneradores a 25 kilómetros de las playas malagueñas con casi 1 gigavatio de potencia
Sol, playa y, quizá, molinos de viento. Una empresa de capital irlandés y español planea construir un parque eólico marino flotante frente a las costas de Málaga. En su anteproyecto incluye la instalación de 55 generadores a 25 kilómetros de las playas malagueñas y en una zona de unos 310 kilómetros cuadrados. Con 150 metros de altura y palas de 120 metros tendrán una potencia instalada de 990 megavatios aprovechando el viento del Mar de Alborán. La idea ha inquietado a los municipios de la zona porque desconocen los detalles de la iniciativa y al sector turístico, que pide que no tenga ni impacto ambiental ni visual. Las mismas reticencias de los ecologistas, que aplauden la propuesta aunque tienen dudas de que consiga superar los trámites medioambientales ante el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). Si lo hace, no entrará en funcionamiento antes de una década.
El posible parque malagueño está dibujado en una zona costera frente a Marbella con profundidades de entre 640 y 1.000 metros. Ocuparía un área desde Estepona a Fuengirola, con dos subestaciones flotantes y varias posibilidades para las conexiones por cable en los municipios de Los Barrios y Castellar de la Frontera en Cádiz y Benahavís y Fuengirola en Málaga. La compañía espera que el parque pueda superar sus trámites de aprobación en un plazo mínimo de siete años, a los que sumar otros tres de construcción. Habría 25 más de explotación. Todo ello, si se superan todos los trámites medioambientales. “Estamos invirtiendo grandes cantidades de dinero porque, obviamente, esperamos que salga adelante”, asegura Adrián de Andrés, vicepresidente de IberBlue Wind, quien cree que su proyecto minimiza cualquier impacto visual o sobre el territorio. También destaca que, si se lleva a cabo, la inversión será de “miles de millones”.
El proyecto ha sorprendido en la Costa del Sol, que solo había vivido un episodio similar a comienzos de siglo, cuando Repsol obtuvo los permisos para realizar prospecciones en busca de gas frente a las localidades de Mijas y Fuengirola. Obtuvo un gran rechazo de la sociedad y fue descartado finalmente por falta de rentabilidad. Esta vez, sin embargo, es diferente. La gran distancia de los aerogeneradores a las playas y la necesidad de energía verde en una zona cada vez más poblada hacen que el entorno social apoye al proyecto desarrollado por IberBlue Wind. Es una situación opuesta a la que, por ejemplo, se enfrenta el parque Mar de Ágata, en el Cabo de Gata de Almería. Es rechazado por multitud de asociaciones ecologistas, federaciones vecinales, cofradías de pescadores o incluso municipios como Níjar. Temen el impacto paisajístico y medioambiental en el Parque Natural.
Málaga celebra la idea, pero le pone reticencias. El presidente de la Diputación Provincial de Málaga y de Turismo Costa del Sol, José Francisco Salado, se ha mostrado preocupado por la falta de información directa desde la empresa a “las Administraciones directamente afectadas en el territorio por el impacto de esta iniciativa”. “Estamos a favor del uso de las energías renovables, pero siempre que la instalación de megaparques sea compatible con la protección de nuestro patrimonio natural y con las actividades económicas de nuestra provincia”, ha dicho Salado, que cree que el proyecto debe “revisarse bien” por si pudiera tener impacto sobre el turismo, principal motor económico de la zona. “Si los aerogeneradores se vieran durante el día no sería lo más idóneo. Minimizando al máximo el impacto visual, no nos oponemos al proyecto para ser eficientes energéticamente”, apunta Javier Hernández, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).
Los Ayuntamientos de la zona han mostrado su sorpresa por la propuesta. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, se preguntaba este miércoles por qué los municipios afectados aún no habían sido consultados. “Queremos conocer los detalles del proyecto. Es indispensable para pronunciarnos después”, decía la regidora, que arremetía contra el Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de que de momento el único papel del ministerio ha sido el de recibir el anteproyecto. “Esperamos que este actúe de forma consensuada y comparta su información y decisión con los municipios del litoral malagueño”, añadían fuentes municipales en Torremolinos. “Es una energía verde y es justo lo que se está buscando. Con el problema energético que tenemos, todo lo que se invierta en este tipo de instalaciones, bienvenido sea”, añade José Carlos Martín, concejal de Turismo y Playas en el Ayuntamiento de Mijas.
Los ecologistas, por su parte, aplauden la iniciativa. Eso sí, sin que esta o cualquier otra concesión similar suponga carta blanca. Esperan que el desarrollo de proyectos de estas características se haga de manera regulada. “Celebramos las renovables y la eólica marina tiene un papel importante en la transición energética, pero hay que hacerlo bien: de forma ordenada, participada y repartiendo los beneficios en el territorio”, explica Sara Pizzinato, coordinadora de la campaña del área de Clima, Energía y Movilidad en Greenpeace. El proyecto, de hecho, reconoce impactos “de carácter notable” como el paisajístico o su incidencia sobre fondos marinos, pero los minimiza puesto que la instalación se desmontaría en 25 años. “Estas grandes plantas están más pensadas para el negocio, pero es verdad que proyectos como este de energías renovables son deseables y adecuados”, añade Diana Castillo, coordinadora de Ecologistas en Acción en Marbella.
De momento no hay ningún parque eólico flotante como este en funcionamiento en España. Ni siquiera en proceso de aprobación, porque el Gobierno impulsó en junio del año pasado una moratoria para la tramitación de proyectos comerciales de energía eólica marina mientras se ultiman los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) e impulsa una nueva normativa. Solo se hacía una excepción ante aquellos parques marinos tramitados antes de dicha moratoria: tres en las Islas Canarias —Mar de Canarias, Proyecto Elisa y Parque eólico Gofio— y otro en el País Vasco. Por eso, el de la Costa del Sol —como el resto— no es más, por ahora, que una declaración de intenciones empresarial en una fase muy inicial.
La patronal del sector, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), indica que actualmente hay 15 proyectos de energía eólica flotante presentados a consulta pública en España. Califican la tecnología de “muy disruptiva” porque permite instalar parques a mayor profundidad y distancia de la costa, según explicó hace unas semanas el presidente de la organización, Juan Virgilio Vázquez. Los promotores pueden ir avanzando en el diseño de sus proyectos y, de hecho, algunos —como el de la Costa del Sol— han solicitado el alcance de impacto ambiental, según el Gobierno. Un trámite que no implica ningún compromiso por parte del promotor o la Administración, “pero que facilitará elaborar el Estudio de Impacto Ambiental”, según fuentes ministeriales. Las mismas aseguran que hay ya 35 de estas solicitudes de eólica marina —tanto de aerogeneradores fijados al fondo marino como flotantes—, pero subrayan que existen proyectos que se solapan en la misma zona o que están fuera de las áreas previstas para instalar los generadores.
Para la aprobación definitiva serán determinantes los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo. De ahí que los empresarios pidan celeridad al Gobierno para que apruebe la nueva regulación —se cree que estará lista para comienzos de 2023— y conseguir que las primeras de estas instalaciones puedan empezar a girar en 2029. Es el plan para alcanzar el objetivo marcado para llegar a entre uno y tres gigavatios instalados en 2030. Para solventar las posibles dudas del sector turístico, pesquero o vecinal de parques como el planeado frente al litoral malagueño, la AEE trabaja para desarrollar el Foro Eólico Marino en el que se buscarán fórmulas para hacer compatibles estas instalaciones flotantes con la actividad pesquera o un mínimo impacto visual, paisajístico y medioambiental allá donde se instalen.
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