Las grandes obras de Acciona bajo sospecha: cuatro adjudicaciones por más de 300 millones (incluido el 2% para Servinabar)

La teoría dice que las grandes compañías se tienen que aliar con empresas más pequeñas y locales para tener más posibilidades en los concursos de obra pública. En el caso de Acciona, la multinacional fundada por la familia Entrecanales, y Servinabar, una pyme navarra creada hace una década y que no ha tenido más de una decena de trabajadores, la teoría se queda corta. Según el último informe de la UCO sobre la presunta trama de corrupción del caso Cerdán, la colaboración de ambas compañías llegaba a toda la península: desde un túnel en el norte de Navarra a un puente en Sevilla, pasando por una autovía en Logroño y las obras del tren de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). De esa colaboración, la UCO solo ha encontrado rastro de un trabajador de Servinabar desplazado a las obras, en el caso de Sevilla: el cuñado de Santos Cerdán, que es albañil.

Acciona, presuntamente, pagaba una mordida a cambio de esas obras, todas licitadas por el Ministerio de Transportes bajo la dirección del socialista José Luis Ábalos, o alguno de sus órganos dependientes (Adif y la Dirección General de Carreteras). Entre la compañía corruptora y la administración corrompida, sin embargo, la pequeña empresa de Antxon Alonso, amigo íntimo de Cerdán, canalizaría las comisiones, en torno al 2% de cada obra, que luego se repartían entre Cerdán, Koldo y Ábalos, tal y como sugerían los audios encontrados en el registro de la vivienda de este último. El 75% de los ingresos de Servinabar provenían de Acciona, según la UCO. Unos seis millones de euros, según reveló la instrucción judicial en julio.

Las cuatro grandes obras públicas analizadas en el informe de la UCO suman más de 300 millones de euros, de los que un 2% habrían ido a parar a la trama a través de Servinabar, la pyme fundada por Antxon Alonso, empresario y amigo íntimo de Santos Cerdán. Acciona aseguraba ayer en un comunicado que en ningún caso los pagos a Servinabar pueden “ser considerados pagos de facilitación por adjudicación de obra pública”.

La otra paradoja es que el modus operandi descrito por la UCO se creó en torno a un proyecto privado, la explotación de una mina en la frontera entre Navarra y Aragón.

Miga Muga. El proyecto de explotación de una mina en Sangüesa, en manos de una empresa de capital australiano, fue el primero en el que varios de los protagonistas de la presunta trama empezaron a operar. En 2015, Alonso creó Servinabar. Y ese año, pocos meses después, se creó una primera UTE Acciona-Servinabar para la explotación que duraría cinco años. Aunque los años en los que más estrechamente colaboraron dichas empresas en torno a la mina, entre 2015 y 2018, ninguna de las administraciones implicadas era socialista, el nuevo informe de la UCO subraya que fue en 2019 cuando el proyecto obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio, con Ábalos ya al frente. En 2021, Servinabar dejó de participar en la UTE y Acciona siguió trabajando para la empresa de capital australiano, aunque el proyecto está parado por una denuncia ecologista en los tribunales.

Lo de verdad decisivo de aquel periodo fueron las relaciones personales que cuajaron entre Acciona, primero a través del entonces Delegado Comercial de Acciona en Navarra, Fernando Merino, y luego directamente con el CEO de Construcción, Justo Vicente Pelegrini, y Servinabar, a través de su fundador, Antxon Alonso. Así lo refleja el intercambio que mantuvieron por whatsapp Antxon y Pelegrini, por entonces CEO de Acciona Construcción para España, Portugal y el Norte de África, a quien el Supremo acaba de imputar. El primero le remitió un artículo sobre Mina Muga al hilo de la aprobación de la DIA por el Ministerio de Ábalos en 2019, y el jefe de Acciona respondió: “Solos no llegan ni a la esquina”, refiriéndose a los australianos...

Logroño. El 19 de diciembre de 2018, con Ábalos ya en el ministerio de Transportes, y solo cuatro días después de que se hubiera sacado a licitación un tramo de la Autovía A-68, en Logroño, Servinabar y Acciona firmaron un “memorándum de entendimiento” por el que la sociedad de Alonso, amigo íntimo de Cerdán, prestaría asesoramiento en labores de prevención de riesgos laborales. Y que, en caso de obtener la licitación, la colaboración se ampliaría a labores relativas a la seguridad.

Cuatro meses después, el 22 de abril, nada más abrirse el sobre con las ofertas económicas, el responsable de la Dirección General de Carreteras, Javier Herrero, también imputado por estos hechos en la Audiencia Nacional, envió un mensaje a Koldo: “Bingo!!! En Logroño”. Acto seguido, Koldo escribió a su jefe desde la época de Navarra, Santos Cerdán: “Ya está hecho en La Rioja”.

El 19 de septiembre, se publicó el contrato de licitación a favor de Acciona, por un importe de 92 millones de euros. Un mes después, se firmó el acuerdo previsto en el memorándum por el que Servinabar, a cambio de sus servicios, obtendría algo más de 2 millones de euros. Un 2,19% del presupuesto total de la obra.

Sevilla. Era conocida la impaciencia que Cerdán mostraba con la obra de remodelación del Puente del Centenario en Sevilla. “Obsesionado con Sevilla, con el puente”, según el resumen que Koldo hizo a Ábalos el 9 de abril de 2019, en una de las conversaciones que el primero grabó a escondidas y cuyos audios la UCO recuperó en el registro de su casa. Dos semanas después, Koldo informó a Cerdán de lo mucho que había habido que presionar al subsecretario de la Dirección General de Carreteras, Pedro Saura, para que aprobara la licitación de esa obra de urgencia. Las obras, en dos fases, las acabaría realizando Acciona, por un importe en torno a 90 millones de euros.

La UCO solo ha encontrado las facturas que Servinabar emitió a cargo de la primera fase, los trabajos de emergencia para la sustitución de los tirantes del puente, por importe de 170.000 euros. Sin embargo, destaca que “los trabajos a desarrollar por la sociedad administrada por Antxon se especificaban en términos tan genéricos que resulta imposible [...] conocer qué trabajos concretos fueron encomendados a Servinabar”. Aún así, la UCO señala que “siguiendo el modus operandi planteado, en un primer momento se firmó un Memorándum de Entendimiento que fijaba en un 2% del total adjudicado el importe a percibir por Servinabar”. Y concluye estimando que en el total de la obra, eso supondría unos 1.800.000 euros.

Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). La tercera de las obras no afecta a la Dirección General de Carreteras, sino a ADIF. Al igual que en el caso de Javier Herrrero, la presidenta de ADIF en la época bajo sospecha, Isabel Pardo de Vera, está imputada en la Audiencia Nacional. En este caso, también aparece un Memorándum de Entendimiento entre Acciona y Servinabar y, como en los dos anteriores, en dos fases: una supuesta asistencia técnica durante la fase de preparación de las ofertas técnico-económicas y, durante la ejecución del proyecto en caso de prosperar la oferta de Acciona. Como la obra afectaba a una línea de tren, esta vez fue la presidenta de ADIF, Pardo de Vera —en Logroño había sido Herrero, el director de la DGC—quien dio la noticia a Koldo: “Apertura Sant Feliu”. Acciona resultó la adjudicataria del contrato por un importe de casi 52 millones de euros. Algo más de un millón de euros, “desglosados en 44 meses”, fueron a parar a Servinabar. Otra vez en torno al 2%.

Túnel de Belate. La ampliación del túnel de Belate, en el norte de Navarra, se adjudicó en diciembre de 2023, más de dos años después de que Ábalos hubiera dejado el ministerio. Pero para entender por qué la UCO cita esta obra en su último informe, además de porque se repiten los principales actores empresariales, Servinabar y Acciona, hay que remitirse al origen del proyecto, cuando en 2019 el Ministerio se comprometió a aportar 40 millones, casi la mitad del coste de la obra; y a la presencia en la reunión crucial de la que salió ese compromiso de Santos Cerdán, entonces Secretario de Organización del PSOE. Al igual que en el viaje oficial del ministro Ábalos a Marruecos, Cerdán mezclaba la agenda del Gobierno y el partido.

La UCO enumera las irregularidades descritas en una denuncia que Unión del Pueblo Navarro (UPN) hizo ante la Guardia Civil en Pamplona y que las polémicas en torno esa adjudicación de más de 70 millones de euros —la mayor obra pública de la comunidad foral en la última década— han ido sacando a la luz durante los últimos meses. Entre ellas, que el Gobierno navarro alargó la vida laboral del presidente de la mesa más allá de la edad de jubilación, que dicho presidente se reservó el voto decisivo que decantó la concesión, que no se respetó la confidencialidad del proceso, que los informes técnicos adolecían de falta de motivación de las puntuaciones y que los rumores acertaron con mucha antelación con el nombre de la adjudicataria (Acciona, en UTE con Servinabar). A petición de la UCO, será el juez instructor quien decida si se incluye esta obra entre las que son objeto de investigación en la causa del Supremo.