El ‘modus operandi’ de Acciona para ganar contratos públicos: un buzón de Gmail para los pliegos, dinero para las consultoras y despedir al que denuncie

El 23 de noviembre de 2023, el ya entonces exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su hombre de confianza, Koldo García, se vieron en una cafetería para hablar de Santos Cerdán, que aún era secretario de Organización del PSOE, y pronunciaron un nombre de pila: “Justo”. Lo mencionó Koldo, una sola vez. “Santos [Cerdán] ha ido al Ministerio a colocar a dos hombres de Justo, de Acciona”, le dijo a Ábalos. Y repitió: “Está intentando colocar a dos hombres que le ha pedido Acciona”.

“Justo” era Justo Vicente Pelegrini, entonces CEO de Acciona Construcción en España, Portugal y Norte de África, según anotó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al pie de su informe de junio, el que llevó a Cerdán a la prisión provisional en la que aún hoy sigue. Cuatro días después de que se conociera el informe de la UCO que incluía los audios de las conversaciones, Acciona despidió a Pelegrini. Más de cuatro meses después, Pelegrini no ha sido llamado a declarar ni como testigo por el Tribunal Supremo, que investiga la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública tejida por Cerdán, Ábalos y Koldo, pero el registro de dos sedes de Acciona el viernes devuelve el foco a la constructora sin la que la trama ni siquiera se entendería. Porque nadie puede cobrar si nadie paga.

A la espera de lo que esos registros muestren cuál era el papel de la constructora en el caso Cerdán, su modus operandi para conseguir algunos de sus contratos públicos —de servicios, en otro caso— está registrado en un juzgado de Sevilla. La historia de un cargo medio despedido por Acciona Infraestructuras hace un par de años, y el expediente judicial que la demanda contra su despido acumuló, desmiente el pretendido celo frente a la corrupción de Acciona. Y no solo por las irregularidades que el expediente deja al descubierto, sino porque la empresa despidió precisamente al trabajador que las denunció, según la sentencia que obligó a readmitirlo y que adelantó en su día Infobae, cuando el caso Koldo-Ábalos no era aún el caso Cerdán. A diferencia de Pelegrini, los responsables de esas irregularidades siguen en la compañía.

Matar a los mensajeros

Al menos hasta que el trabajador lo denunció a finales de 2021, Acciona operaba con un buzón de Gmail, fuera del sistema de correo corporativo, donde los delegados territoriales de toda España enviaban los pliegos con las condiciones de los concursos públicos que conseguían antes de que se publicaran de Ayuntamientos y otros organismos, con la consiguiente ventaja competitiva a la hora de presentar su oferta. Acciona, contactada por este diario, admite la existencia de ese buzón, pero asegura que se cerró tras la denuncia interna y que fue “el propio director quien mandó cerrarlo”, según un portavoz de la compañía.

El “director” era Francisco Javier López Buciega, y fue a quien el trabajador denunció internamente a través del canal de Compliance (cumplimiento) de la compañía. El responsable de Compliance era Joaquín Collado, un ex alto mando de la lucha antiterrorista en la Guardia Civil que desde 2013 trabajaba en la compañía de la familia Entrecanales, y también fue nombrado instructor de la investigación interna. Frente al derecho a la confidencialidad que reconoce la ley a los denunciantes, Collado, bregado en labores de espionaje, rastreó los correos corporativos para encontrar conexiones con la cuenta de correo anónima desde la que el denunciante enviaba la información y las pruebas de su denuncia, hasta descubrirlo.

El trabajador, que no ha querido atender a este diario, pero cuyos pasos la sentencia traza pormenorizadamente, siguió comunicándose a través del canal, creyendo que lo hacía anónimamente. Y expuso “su miedo a perder su puesto de trabajo”, porque Buciega le estaba “forzando a saltarse” las normas éticas y de cumplimiento, diciéndole que quien no estuviera “dispuesto, sobra[ba] en la empresa”, según la sentencia. Envió varios correos electrónicos más —nueve de los que él mismo había remitido al buzón de Gmail—, pantallazos, audios y vídeos. El 27 de enero de 2022, tras varias semanas de comunicaciones, el trabajador denunciante aceptó reunirse con Collado como instructor de la investigación interna. Quince días después, fue despedido.

En mayo de 2024, declarado nulo el despido, el trabajador tuvo que ser readmitido. El buzón de Gmail, sin embargo, no era la única vía por la que Acciona conseguía información privilegiada sobre los contratos. En un correo sobre un consultor incorporado a la causa, Buciega le indicaba a un subordinado que había que “eliminar cualquier alusión a comisión, cambiando por la obligación de contratar los servicios recogidos en su oferta”, según refleja la sentencia. Y un audio complementaba ese correo revelando que Acciona había contratado “a la consultora que elaboró los pliegos para el ayuntamiento, para lograr adjudicaciones, como se hizo con el ayuntamiento de Alicante”, detalla la sentencia.

“Es especialmente relevante que los hechos que fueron denunciados por [el trabajador] tenían todos una base objetiva”, destaca el juez. “Los pantallazos de whatsapp y correos electrónicos aportados no fueron impugnados en la vista en cuanto a su autenticidad”, ni por la empresa ni por el directivo Buciega. Todos los materiales aportados al expediente “se dieron por auténticos”, y Buciega únicamente trató de cuestionarlos en el trámite de conclusiones del juicio, fuera de lugar.

Al juicio por el despido, el entonces CEO de Acciona Construcciones, Justo Vicente Pelegrini, estaba citado como testigo, pero no acudió, según publicó El Mundo tras el ingreso en prisión de Cerdán. Sí acudió y declaró un compañero del denunciante que había estado en una fiesta en plena pandemia de covid con personal de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, Colmenar Viejo, de la que se grabó un vídeo. En el juicio reconoció que había filtrado el vídeo aportado al expediente de la denuncia sobre las irregularidades de la empresa. Lo despidieron el mismo día que al denunciante. Según el portavoz de Acciona, también por “una restructuración departamental”, aunque para el juez reforzaba “la idea del despido como represalia”.

Ni Buciega, que sigue en su puesto, ni el instructor de la investigación interna, Joaquín Collado, ex teniente coronel de la Guardia Civil que hoy mantiene “responsabilidades de seguridad” en Acciona, según un portavoz, han querido atender a este diario. El portavoz de la compañía sostiene que Acciona considera que por tratarse de un asunto laboral, las irregularidades constatadas en el proceso no han sido investigadas, porque internamente se considera que no existieron. “El trabajador fue readmitido en [2024] en cumplimiento de la sentencia”. Acciona recurrió el fallo, pero el viernes, en conversación con este diario, su portavoz anunció que iba a desistir. “La sentencia ya es firme”, dijo.