En las tripas de Servinabar: seis millones desde Acciona, sueldos para familiares de Cerdán y casi 700.000 euros hacia la cooperativa con Koldo

En el vértice de la presunta trama de mordidas a cambio de contratos de obra pública de la que supuestamente participaron el ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y la sombra de ambos, Koldo García, hay un piso en Pamplona con una puerta marrón lacada. Junto a la puerta, se ve el hueco de la placa arrancada de la empresa de la que el piso era sede. La investigación judicial sostiene que desde esa mercantil, Servinabar, creada por el empresario guipuzcoano Joseba Antxon Alonso, amigo y quizá socio de Cerdán, y socio y quizá amigo de Koldo, se articuló la operativa de la trama corrupta: Cerdán facilitaba que Acciona consiguiera contratos con el ministerio de Ábalos, sobre todo, a cambio de mordidas presuntamente vehiculadas a través de Servinabar. Aunque a esa línea de investigación le falta una clave: ¿dónde está el dinero de esas mordidas?

Las declaraciones de Servinabar a la Hacienda navarra, incorporadas esta semana a la investigación que instruye el Tribunal Supremo, aportan nuevos datos que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil deberá analizar. Según esos datos, en los últimos 10 años Servinabar ha cobrado más de 6 millones de euros de Acciona, con la que ha formado diversas UTE (Unión Temporal de Empresas); ha transferido casi 700.000 euros a la sociedad cooperativa que el propio Antxon constituyó con Koldo García, Noran Sociedad Coop, y ha empleado a varias personas del entorno de Cerdán, que se encuentra en prisión provisional desde el 30 de junio.

Entre las personas vinculadas al ex secretario de Organización socialista en la nómina de Servinabar están su hermana, su cuñado y la pareja de su heredero en el partido en Navarra, Ramón Alzórriz, además del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero.

De los cobros que entraron desde Acciona, al menos seis millones en ese periodo, en torno a dos millones se atribuyen a la UTE con la que la constructora obtuvo uno de los contratos bajo sospecha, el de la Autovía de Logroño, adjudicado en 2019 por la Dirección General de Carreteras, dependiente del ministerio de Ábalos. ¿Qué trabajos realizó Servinabar para facturar esos dos millones de euros? ¿Y los otros cuatro? El abogado de Antxon, Martín Zudaire, ha declinado responder cualquier pregunta: “No va a hablar con ningún periodista”, aseguran desde su despacho pamplonés.

Tanto Servinabar como la cooperativa Noran se crearon en 2015, con pocos meses de diferencia, y en las dos figura como dueño el empresario Antxon Alonso. En el registro de su domicilio, la UCO halló un contrato de venta del 45% de sus participaciones de Servinabar a Cerdán, firmado por ambos el 1 de junio de 2016, pero ambos han negado que entrara nunca en vigor. En la cooperativa Noran, el hombre de confianza de Cerdán, Koldo García, figuraba inicialmente como socio, según la UCO.

De los pagos que salieron de Servinabar hacia la cooperativa Noran, la inmensa mayoría se efectuaron en el último trimestre de cada anualidad. En 2018, hubo pagos en el primer y tercer trimestre, pero no llegan a sumar el 5% del total de las operaciones declaradas entre 2015 y 2024: casi 670.000 euros, según los cálculos de este diario a partir de las declaraciones (incompletas) del sumario. ¿Qué servicios facturó Antxon a su propia cooperativa? El empresario guipuzcoano no ha respondido a los mensajes de este diario.

Familia y política

Servinabar, según esas mismas declaraciones, nunca ha tenido más de una decena de trabajadores, declarando gastos de personal que alcanzaron su pico, unos 600.000 euros, en 2022 (algo más de dos millones de euros para el total del periodo 2019-2023, el lustro con datos más completos).

Al menos cuatro de sus empleados tenían estrechos lazos familiares o políticos con Cerdán. De los familiares, su hermana, Belén Cerdán, concejala socialista en Milagro, el pueblo de cuna de la familia, cobró 22.000 euros por trabajos administrativos como autónoma para Servinabar, según la defensa de Cerdán, durante los primeros meses de 2020. Luego, siguió trabajando por cuenta ajena para Erkolan, la asesoría que lleva la contabilidad de Servinabar, según la defensa de Cerdán, y que facturó más de 200.000 euros por dichos servicios desde una sede compartida con la cooperativa Noran. Además, un hermano de su mujer, albañil, cobró de la empresa 61.000 euros entre 2019 y 2022, unos 20.000 euros por año, según la vida laboral consultada por este diario.

De los políticos, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández Guerrero, cargo al que accedió en 2018 después de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, acabó trabajando luego en Servinabar. Pero al hacerlo como asalariado, a diferencia de la hermana de Cerdán, no aparece su sueldo en estas declaraciones incorporadas a la causa que investiga el Tribunal Supremo.

Tampoco se refleja el salario de la pareja de Ramón Alzórriz, empleada también en la empresa de Antxon durante varios años. Alzórriz, que sucedió a Cerdán como portavoz del Partido Socialista de Navarra en el parlamento foral, y que ejercía como su heredero político cuando se hizo público el informe de la UCO, tuvo que dimitir a los pocos días y no ha querido responder a preguntas de este diario.

Nexos originales

Además de las grabaciones de Koldo analizadas por el informe de la UCO, de momento las facturas falsas cobradas por Koldo a través de un bar y una asesoría entre 2017 y 2018, y abonadas por Acciona, son las únicas contraprestaciones —algo menos de 9.000 euros—de las que hay rastro probado. Dicho informe señala vínculos generados en torno a Antxon, Cerdán y Koldo que confluyen en una transferencia enviada desde Servinabar a una fundación de Ábalos, 15 días después de su nombramiento como ministro de Transportes del primer Gobierno de Pedro Sánchez, en junio de 2018.

Cuando Antxon fundó Servinabar en 2015, sin embargo, ni Cerdán ni el Partido Socialista tenían ninguna responsabilidad de gobierno. En Navarra gobernaba la coalición liderada por Uxue Barcos, de Geroa Bai, y en La Moncloa, el Partido Popular de Mariano Rajoy. Según la UCO, la sociedad se creó originalmente en torno a Mina Muga, un proyecto de explotación minera entre Aragón y Navarra concedido a Geoalcali, una sociedad de capital australiano. Es un proyecto privado y en las cuentas de Servinabar aparecen cobros facturados a Geoalcali, unos 250.000 euros en total. (En las declaraciones aportadas al Supremo, faltan datos relativos a algunos años).

En esos años, según fuentes de Geoalcali, Servinabar hizo trabajos menores y Acciona las obras para construir la bocamina, y Koldo estuvo contratado unos meses como externo por sus buenas relaciones con algunos propietarios de las tierras donde está la mina.

Servinabar declara cobros también por su participación en la UTE con Acciona que acondicionó el pabellón Navarra-Arena, la única obra pública señalada por la UCO para el periodo navarro (2015-2018): fue la única UTE que se presentó.

A finales de junio de 2018, cuando Servinabar hizo la transferencia a la fundación de Ábalos, una operación sobre la que hablaron por WhatsApp Cerdán y Koldo, su dueño, Antxon, pagaba al menos la mitad de la mensualidad del piso alquilado por Cerdán en Madrid. “El piso al final lo cogerá Servinabar, ya te contaré”, le había escrito Cerdán a Koldo por WhatsApp.

Cerdán se mudó a la capital en 2017, al ser nombrado secretario de coordinación territorial del PSOE, y tanto él como su defensa atribuyen esos “gastos compartidos” a su amistad con Antxon. La UCO deberá ahora analizar los datos remitidos por la Hacienda navarra, que de paso aconseja al Supremo que pida las declaraciones también de la Hacienda de Vizcaya, donde reside fiscalmente el dueño de Servinabar.