La hermana de Santos Cerdán cobró 22.000 euros de Servinabar cuando ya era concejala socialista en Milagro

La hermana de Santos Cerdán cobró 22.200 euros de Servinabar, la empresa gancho en la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública que lideraría el ex secretario de organización del PSOE. Belén Cerdán León, actual concejala socialista en Milagro (Navarra), cobró dicha cantidad en 2020, según la información tributaria de Servinabar, la empresa fundada por el empresario guipuzcoano Joseba Antxon Alonso, aportada por la Hacienda navarra a la investigación del Tribunal Supremo y a la que ha tenido acceso este diario.

Belén Cerdán ya era concejala en Milagro durante la anterior legislatura y presidió la Manconmunidad de Residuos de la Ribera Alta (Navarra). La información aportada por la Hacienda foral responde a la petición del juez instructor, Leopoldo Puente, sobre la información tributaria disponible de la empresa de Antxon entre 2014 y 2024. Según un contrato privado hallado durante un registro en casa de Antxon, el exsecretario de Organización socialista habría sido socio de Servinabar desde junio de 2016, aunque tanto él como el propio Antxon sostienen que el contrato no entró en vigor y que la operación no llegó a materializarse.

La defensa de Santos Cerdán explica que esos 22.000 euros que cobró su hermana de Servinabar corresponden “a su trabajo como administrativa (y autónoma) llevando los papeles de la empresa navarra”, durante los seis primeros meses de 2020. Después de aquello, la hermana de Cerdán trabajó en una gestoría en tareas administrativas, que es el oficio que lleva desempeñando desde hace décadas.

En Servinabar trabajó también la pareja de Ramón Alzórriz, heredero de Cerdán en la portavocía socialista, que dimitió como portavoz parlamentario del PSN después de que la vinculación de su pareja con la empresa de Antxon saliera a la luz tras la publicación del informe de la UCO el pasado 12 de junio. La presidenta navarra, María Chivite, retiró su confianza a Alzórriz tras conocerse la vinculación.

La cooperativa Noran

Las relaciones entre Servinabar y Santos Cerdán están en el centro de las pesquisas sobre la presunta trama de mordidas, ya que tanto la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como la fiscalía sostienen que la presunta trama se gestó a partir de los vínculos entre ambos, y que datarían al menos de 2015. La sociedad Noran Coop, que Antxon habría creado también en torno a las mismas fechas que Servinabar, y de la que sería socio Koldo García, el hombre de confianza entonces de Cerdán, también aparece en la información remitida por la Hacienda foral.

Entre 2016 y 2024, Servinabar pagó más de 650.000 euros a Noran Coop (en 2017 y 2019 no declara ningún pago). Según la declaración tributaria de la sociedad de Antxon, Noran facturó casi idéntica cantidad en 2020, el año de la pandemia, y 2021 (79.648,5 euros, en el primer caso; y 30 euros más, en el segundo). La práctica totalidad de las operaciones (más del 95% del total) se registraron en el cuarto trimestre de cada anualidad.

Según el informe de la UCO, Santos Cerdán era el titular de una dirección de correo electrónico corporativo vinculada a Noran y asociada, al menos nominalmente, al proyecto de Mina Muga (muganorancoop@gmail.com).

El 26 de junio de 2018, cuando Ábalos ya había sido nombrado ministro de Fomento del primer gobierno de Pedro Sánchez, Cerdán y Koldo hablaron por whatsapp y cerraron una transferencia de 4.500 euros a una fundación controlada por el ministro (Fiadelso). Aunque las obras bajo el foco de la investigación se habrían licitado desde el ministerio de Fomento de José Luis Ábalos a partir de 2018 —siendo Acciona la principal adjudicataria—la investigación remite el origen de la trama a esos vínculos previos.

Años después, Servinabar participó junto con Acciona en la UTE que resultó adjudicataria de la mayor obra pública del actual gobierno navarro, el desdoblamiento del túnel de Belate. Este contrato licitado por el ejecutivo de María Chivite (PSN), que recientemente ha visto incrementado su precio hasta superar los 80 millones de euros, es motivo también de polémica por las protestas que durante el procedimiento de adjudicación, cuatro miembros de la mesa de contratación fueron dejando por escrito en actas y votos particulares. Unión del Pueblo Navarro denunció el procedimiento ante la Guardia Civil el año pasado.