El juez señala que el 75% de los beneficios de la empresa que vinculan a Cerdán procedían de Acciona

El Tribunal Supremo ha citado a tres nuevos investigados vinculados a Acciona por el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública a cambio de mordidas en las que, presuntamente, están implicados los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos. El juez se apoya en un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y apunta que el 75% de los beneficios de la empresa Servinabar, propiedad de Joseba Antxon Alonso y vinculada a Cerdán, provenían de Acciona.

El magistrado Leopoldo Puente ha tomado esta decisión tras los registros realizados la semana pasada por la Guardia Civil en las sedes en Bilbao y Madrid de la constructora Acciona y el domicilio del exdirector de Construcción de la compañía, Justo Vicente Pelegrini. Este exdirectivo es uno de los tres citados a declarar como investigados, junto a Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, quienes fueron subordinados de Pelegrini y que siguen vinculados a la empresa. En el mismo auto, el juez acuerda el levantamiento de la pieza separada que creó tras recibir un informe de la UCO sobre el patrimonio de Cerdán.

En la resolución dictada este martes, el magistrado explica que decretó el secreto de las actuaciones para “que no resultara frustrado” el objetivo, “sin perjuicio” de que, tras el examen de la documentación hallada durante en esas entradas y registros y en la información que se pueda obtener de los ordenadores y teléfonos intervenidos, se puedan ordenar otras diligencias “ya sin necesidad de decretar secreto alguno”. Esa pieza que hasta ahora estaba secreta se incorporará a la que ya había abierta desde junio pasado, en la que se investiga a Cerdán, al exministro socialista José Luis Ábalos, y a quien fue asesor personal de este último, Koldo García, y a cinco empresarios, entre ellos otro exdirectivo de Acciona, Fernando Merino. El objeto de las pesquisas es ahondar en las supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública en el Ministerio de Fomento y Transportes en la etapa de Ábalos.

Sobre los tres nuevos investigados, citados a declarar el 3 de diciembre, Puente justifica la decisión de imputarle “a la vista” del informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 11 noviembre, sobre el patrimonio de Cerdán, “que contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación” estas tres personas.

Las entradas y registros del pasado viernes afectaron, además de a Acciona a otras cuatro empresas. Dos cooperativas vascas, Erkolan y Noran, que comparten sede social en San Sebastián y tienen lazos económicos con Servinabar 2000, una empresa navarra señalada como presunto origen de la trama de adjudicaciones irregulares y de la que supuestamente Cerdán tenía un 45% de las participaciones. Noran fue constituida por el empresario vasco Joseba Antxon Alonso Egurrola ―también imputado en la causa y dueño de Servinabar― y Koldo García, y recibió entre 2016 y 2024 más de 650.000 euros de Servinabar. Erkolan, vinculada a la hermana del ex secretario de Organización del PSOE, recibió entre 2019 y 2023 cerca de 260.000 euros de la misma compañía.

Las otras dos empresas registradas el viernes son Tecade (en la que se hizo solo un requerimiento de información) y Freyssinet, ambas en Sevilla. Las dos formaron una unión temporal de empresas (UTE) con Acciona, que se hizo con la obra de ampliación del Puente del V Centenario de la capital andaluza, adjudicada inicialmente por un importe de 86 millones de euros, pero cuyo gasto final se elevó hasta cerca de 103 millones. En el informe entregado por la UCO al juez en junio pasado que destapó la vinculación de Cerdán y precipitó un terremoto político en el PSOE, la Guardia Civil destacaba que el hasta entonces secretario de Organización premió a Koldo García para que se adjudicara este contrato. La Guardia Civil vincula esta obra con parte de una supuesta mordida de 450.000 euros que presuntamente reclamaban el exministro y su entonces asesor como no recibidas.

Además, en una grabación interceptada por la UCO a Koldo García de noviembre de 2023, el antiguo asesor ministerial le dice a Ábalos: “Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo, de Acciona”. Según los agentes, podría referirse a Pelegrini. La multinacional lo despidió en junio, cuatro días después de publicarse el informe de la UCO, atribuyéndole “una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección”.