El fiscal general suma testimonios a favor a la espera de la UCO

A punto de concluir la sesión en el Tribunal Supremo, las acusaciones parecían haber perdido el interés por preguntar. En la sala donde se juzga por revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparecían los últimos convocados del día, tres periodistas de este diario. El trámite se resolvió en escasos minutos. Tres horas antes, se había asistido al más tenso de todos los interrogatorios registrados hasta ahora, también con un profesional de la información como testigo. El abogado de la acusación particular, Gabriel Rodríguez-Ramos, intentó acorralar a José Manuel Romero, subdirector del EL PAÍS en marzo de 2024, cuando sucedieron los hechos que juzga el Supremo. Lo interrumpía constantemente y exigía que contestase a sus preguntas con un sí o un no, sin lugar a más explicaciones. Romero no se arredró, porfió en sus argumentos y la discusión fue subiendo de tono. Hasta que el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, advirtió al abogado:

—Esto no es un juicio al periodismo.

La cuarta sesión del primer juicio de la historia a un fiscal general del Estado concluyó este martes con ciertas muestras de desgana de las acusaciones. Enfrente, las sonrisas asomaban en la defensa. El balance de los ocho testimonios recabados había resultado favorable a los argumentos de García Ortiz. Tanto los periodistas de EL PAÍS como Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, declararon que tuvieron noticia de que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, había reconocido su fraude a Hacienda para negociar un acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid mucho antes de que esa información fuese remitida al máximo responsable del Ministerio Público. Sus testimonios reforzaron los emitidos la pasada semana por dos redactores de Eldiario.es y uno de La Sexta.

Para la defensa también sonaron a música celestial las declaraciones de dos fiscales, sobre todo la del responsable de Protección de Datos de la cúpula del Ministerio Público. Este último, Agustín Hidalgo, afirmó que es recomendable el borrado periódico de los dispositivos electrónicos de los miembros de la carrera para evitar “brechas de seguridad”. Justo el argumento de García Ortiz para justificar que eliminase el historial de sus comunicaciones electrónicas.

Las acusaciones ni siquiera extrajeron gran cosecha de uno de sus testigos, Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, personado en la causa como acción popular. Ribón censuró la “inusitada gravedad” de la nota emitida el 14 de marzo de 2024 por la Fiscalía para desmentir las falsedades de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, y dar cuenta de la oferta del abogado de González Amador a fin de negociar un acuerdo. Esa nota fue el origen de las diligencias iniciales abiertas en el Tribunal Superior de Madrid, pero el Supremo descartó posteriormente que hubiese en ella materia delictiva. El alto tribunal dictaminó que lo que se debía investigar era si García Ortiz filtró el correo del abogado. Ribón rehuyó ese asunto, ahora el central del juicio. La Abogacía del Estado intentó de varias maneras que el decano se pronunciase sobre la filtración. Ribón se amparó en una letanía: la nota, la nota, la nota…

El 13 de marzo de 2024 fue “un día de locos” para Miguel Ángel Campos. La declaración del responsable de información judicial de la SER era uno de los momentos más esperados del juicio. Campos fue el primero en dar la noticia, cerca de la medianoche de ese 13 de marzo, de la existencia de un correo del abogado de González Amador reconociendo los delitos ante la Fiscalía. En una nota publicada en la web de su emisora a las 23,51 horas de ese día, Campos incluía citas textuales del escrito. Esas informaciones fueron consideradas por el juez instructor como el indicio de que la filtración provenía de García Ortiz, a quien se había enviado el correo del abogado a las 21,59 de esa noche.

Aquel “día de locos”, Campos intentaba orientarse en medio de una tormenta mediática. La víspera, Eldiario.es había publicado la denuncia contra González Amador por dos delitos fiscales. Y la presidenta madrileña trataba de contrarrestarlo denunciando un montaje del Gobierno contra ella. El corresponsal judicial de la SER tiró de sus fuentes. La pesca, asegura, dio su fruto sobre las tres de la tarde: una persona lo invitó a acudir a su despacho para enseñarle algo. Una vez allí, le mostró el correo de marras y le permitió tomar notas del contenido. Pero no le autorizó a hacerlo público.

Campos relató sus intentos de corroborarlo por otras fuentes: “Llamé a jueces, a fiscales, a gente de Hacienda, de la Abogacía del Estado…”. Sin ningún resultado. Hasta que pasadas las 21,30, mientras estaba en un bar viendo al Atlético de Madrid en la Champions, le avisaron de que El Mundo publicaba que era la Fiscalía la que había ofrecido el acuerdo al abogado. Campos volvió a lanzase a un carrusel de llamadas. Hasta que finalmente, según narró, logró contactar con su fuente original y la convenció para que le permitiese contar el correo. Así lo hizo en antena, a las 23,25, cuando Aimar Bretos ya estaba a punto de despedir Hora 25. A continuación elaboró la nota para la página web.

El periodista se acogió al secreto profesional para no revelar la fuente. Pero uno de los fiscales del juicio, Francisco Javier Montero, le preguntó directamente si era García Ortiz. Campos respondió seco y rotundo:

—No.

La jornada dejó uno de los instantes más cómicamente memorables de la vista. En plena declaración, al corresponsal judicial de la SER le sonó su teléfono móvil. Justo era el momento en que las acusaciones le buscaban las cosquillas a propósito de una llamada. La había efectuado a las 21,38 de la noche de autos y el destinatario era el fiscal general. Campos explicó que el ahora acusado ni la contestó ni la devolvió. En la compañía telefónica quedó registrada una duración de cuatro segundos, el breve lapso, dijo el periodista, en que saltó el buzón de voz.

José Manuel Romero, entonces en EL PAÍS y ahora director adjunto de Eldiario.es, comparecía para corroborar que tuvo la primera noticia de que el abogado de González Amador reconocía el fraude fiscal el mismo 12 de marzo, día y medio antes de que la información fuese transmitida a García Ortiz. Para probarlo, Romero y otros cuatro periodistas de EL PAÍS entregaron durante la instrucción un acta notarial que certificaba la autenticidad de un chat interno de la redacción. En él, el entonces subdirector del periódico pedía a la sección de Madrid que contactase con Carlos Neira, abogado de González Amador, para corroborar la información que le habían facilitado a él. Aunque no desveló la fuente, Romero situó el origen de esa noticia en el entorno de la Fiscalía de Madrid.

El periodista contó que se había activado después de que Ayuso saliese a atribuir a una “cacería política” la denuncia contra su novio. El periódico no publicó nada ese día porque Neira no contestó a las llamadas y no obtuvo otra confirmación.

El abogado Rodríguez-Ramos trató desde el principio de encerrarlo contra las cuerdas. Comentó extrañado que el periodista intercambiase Whatsapps con el fiscal del Estado y se encontró con una réplica inmediata: “Igual que con los magistrados del Supremo”. Por momentos, el interrogatorio devino un debate. Romero se mantuvo firme. Su relato lo corroboraron otros tres periodistas de EL PAÍS: Fernando Peinado, Berta Ferrero y Juan José Mateo.

Los testimonios del juicio concluyen este miércoles con el propio fiscal y los agentes de la UCO que investigaron el caso. Con estos últimos se abordará el asunto que se ha esgrimido con más fuerza contra García Ortiz: el borrado de sus dispositivos electrónicos. Las acusaciones tratarán de recuperar la iniciativa, tras una jornada escasamente propicia.