Tres sesiones de juicio, la mitad de los testigos y ninguna prueba clara

Si el juicio del fiscal general del Estado fuera un partido de fútbol, estaría en el descanso. Se han celebrado tres de las seis sesiones previstas y han declarado 20 de los 40 testigos citados. ¿Con qué resultado se ha llegado a la mitad? En un juicio no hay un marcador y cada parte confía en que los primeros días de la vista le han sido favorables. Fuentes jurídicas consultadas consideran que ha habido aspectos beneficiosos para la acusación y otros para la defensa, y advierten de que es pronto para hacer un pronóstico. Lo que parece evidente, transcurrida la mitad de la vista, es que no hay una prueba fehaciente de que fuera Álvaro García Ortiz quien filtró el correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado del empresario Alberto González Amador admitía la comisión de dos delitos fiscales. Y hay varios testimonios que apuntan a que el contenido de ese mail ya era conocido por varios periodistas antes de que lo recibiera el fiscal general (a las 21.59 del 13 de marzo de 2024).

La jurisprudencia del Supremo sobre el delito de revelación de secretos señala que “cuando se revela un secreto, y más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado ya de serlo” y, por tanto, la obligación del deber de custodia de los funcionarios públicos ha desaparecido. Esta cuestión ha centrado gran parte de las declaraciones de la primera semana de juicio y fuentes consultadas señalan que esa cuestión —si en este caso se cumplen los requisitos para que haya un delito de revelación de secretos— será también lo primero que tenga que debatir el tribunal.

La defensa de García Ortiz afirma que ni el fiscal general filtró el correo ni, aunque lo hubiera hecho, habría delito: y su tesis se ha visto favorecida por el testimonio de cuatro de los seis periodistas que declararon el miércoles. Tres aseguraron que supieron que el abogado de González Amador había enviado un correo reconociendo su fraude a Hacienda antes de que ese documento llegase a manos de García Ortiz. Y otro más afirmó que, aunque no conocía la existencia de ese escrito antes de que se filtrara, sí sabía que el empresario estaba dispuesto a admitir el fraude para saldar su problema con Hacienda. Este redactor, de El Mundo, declaró también que, varias horas antes de que se filtrara el correo del 2 de febrero, él tuvo acceso a otro, en este caso enviado el 12 de marzo de 2024 por el fiscal del caso al abogado de la pareja de Ayuso.

Esta última afirmación hila con los testimonios del propio González Amador; de su abogado, Carlos Neira, y del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. Los tres señalaron que la pareja de Ayuso autorizó a Rodríguez a difundir entre los medios ese correo del 12 de marzo, una circunstancia que, según la Abogacía del Estado (que ejerce la defensa de García Ortiz) y la Fiscalía implica que fue el propio empresario quien rompió la confidencialidad de las conversaciones entre su abogado y el ministerio público.

Las tres sesiones que quedan de juicio (los próximos martes, miércoles y jueves) acogerán testimonios clave, entre ellos la declaración como investigado del fiscal general, prevista para la penúltima sesión. Antes, comparecerán otros 20 testigos, incluido el periodista de la Cadena SER que dio la primera información sobre el correo del 2 de febrero, que es la filtración que investiga el Supremo. También están citados los agentes de la UCO que realizaron los informes incorporados a la instrucción, entre ellos, el que concluyó que García Ortiz había borrado el día que el Supremo le encausó (16 de octubre de 2024) todos los mensajes de WhatsApp del 13 y 14 de marzo (cuando se produjo la filtración), una circunstancia que el tribunal ha considerado un indicio adicional para sentarlo en el banquillo. La defensa rebate esta inferencia de los agentes y ha entregado en el Supremo una pericial que concluye que no se puede saber qué día borró esos mensajes.

Hasta ahora, estos son los testimonios clave que se han escuchado:

División en la Fiscalía. En las tres primeras sesiones se ha escuchado el testimonio de seis fiscales y solo uno de ellos, la fiscal jefa superior de Madrid, Almudena Lastra, ha sido favorable a la tesis de la acusación. Lastra aseguró que sospechó del fiscal general desde el principio como autor de la filtración, aunque admitió que es una suposición basada en que el mail se difundió poco después de que llegara al fiscal general (que lo recibió a la vez que ella). La fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe —que estuvieron imputados en este caso, pero no se han llegado a sentar en el banquillo— respaldaron la actuación de García Ortiz. Ambos cuestionaron, además, la decisión de Lastra de no informar públicamente de la investigación abierta contra la pareja de la presidenta madrileña, que solo se conoció cuando fue publicada por la prensa el 12 de marzo de 2024, una semana después de que la fiscalía madrileña registrara la denuncia. Estas afirmaciones coinciden con la tesis de la defensa de que en el caso de González Amador se había producido una orden de “cerrojazo informativo” por parte de la fiscal superior de Madrid.

González Amador se presenta como víctima. La pareja de Ayuso, cuyo procesamiento por fraude fiscal y falsedad documental fue confirmado por la Audiencia Provincial de Madrid este viernes, se presentó en el Supremo como una víctima del fiscal general, a quien acusa de filtrar el correo en el que su abogado admitía que había cometido dos delitos contra Hacienda. La difusión de ese mail, asegura, le ha “matado públicamente” porque ha llevado a que muchos políticos y medios de comunicación hablen de él como “defraudador confeso”. “Me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, llegó a afirmar ante el tribunal. No obstante, el empresario admitió que autorizó a su abogado a negociar un pacto con la Fiscalía para cerrar su problema con la justicia “rápido y sin ruido” y que su letrado le explicó que eso implicaba “el reconocimiento del delito”.

Las falsedades de MÁR. El jefe de gabinete de Ayuso, conocido por el alias de MÁR, dejó una declaración con varias falsedades y muchas contradicciones. Rodríguez insistió en su tesis de que Ayuso y su pareja fueron, y siguen siendo, víctimas de una especie de operación de Estado: “González Amador no es un delincuente. No es un defraudador. Es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no se lo ha permitido”, minimizó. Las defensas lograron, sin embargo, demostrar que Rodríguez mintió contando que el ministerio público había ofrecido un pacto a González Amador y que lo había retirado por “órdenes de arriba”. “No soy un notario que necesite ninguna compulsa”, se excusó Rodríguez, que admitió también que facilitó a varios periodistas un correo que el fiscal del caso había mandado al abogado del novio.

La verdad frente al bulo. Seis periodistas declararon el miércoles. Tres que publicaron en la noche del 13 de marzo de 2024 la versión sobre que la negociación entre la Fiscalía y Alberto González Amador la había iniciado el ministerio público. Y tres que publicaron horas después el orden correcto de los hechos: que el intento de acuerdo había partido de la defensa del novio de Ayuso. “El tiempo nos ha venido a dar la razón”, sentenció Alfonso Pérez Medina, especialista del área de tribunales de La Sexta. Sus palabras, junto a los testimonios de los redactores de elDiario.es (José Precedo y Marcos Pinheiro), impactaron de lleno en el objeto del procedimiento (¿quién reveló el secreto?) y se han convertido en tres buenas bazas para la defensa. Precedo aseguró que tenía una copia del mail filtrado desde el 6 de marzo (es decir, una semana antes de que le llegara a García Ortiz); Pinheiro añadió que “sabía” que manejaban ese correo desde ese día; y Pérez Medina dijo que él también tuvo acceso a su contenido antes de que lo recibiera el fiscal general. El periodista de El Mundo, Esteban Urreiztieta, aunque aseguró que no conoció la existencia de ese correo hasta que lo publicaron otros medios, señaló que sí sabía que González Amador y la Fiscalía negociaban un acuerdo que implicaba la admisión de los delitos por parte del empresario.

Con estas comparecencias, la Abogacía del Estado y la Fiscalía pretenden probar no solo que es imposible que el fiscal general del Estado fuese quien filtró el correo a estos medios, sino que había más potenciales filtradores. Y que el supuesto secreto (la admisión de dos delitos por parte del abogado de la pareja de Ayuso) no era tal cuando García Ortiz recibió el documento. El objetivo: introducir en el tribunal una duda razonable para conseguir la absolución. De hecho, la defensa espera sumar esta próxima semana nuevos testimonios para sostener esta línea argumental: hay citados más periodistas. Entre ellos destaca Miguel Ángel Campos (Cadena SER), que fue el primero en reproducir entrecomillados del correo en la noche del 13 de marzo de 2024.

Cegada la ‘vía Moncloa’. Las acusaciones vieron también cómo se les escapaba otra de las tesis que han intentado introducir en la causa: que existe una línea que une la Fiscalía con La Moncloa y que, por tanto, García Ortiz pudo filtrar el mail al Gobierno para que lo hiciera llegar a la prensa. Para tratar de demostrarlo, sentaron ante los jueces a dos testigos: Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid; y Pilar Sánchez Acera, actual secretaria de Organización de los socialistas madrileños y trabajadora de La Moncloa en marzo de 2024. En la mañana del 14 de marzo, Sánchez Acera envió a Lobato un pantallazo de lo que parece el correo filtrado (para entonces, varios medios ya habían reproducido su contenido, aunque no la imagen). Sin embargo, Sánchez Acera aseguró que lo obtuvo de un periodista (aunque afirmó que no recuerda cuál), no del ministerio público. E insistió en que el documento que recibió es distinto al filtrado: el texto es igual, pero los párrafos y la tipografía son diferentes.