Tres años después de la ley de memoria: avances, incumplimientos y la batalla perdida de la educación

La ley de memoria democrática cumple este martes tres años en vigor, con parte de su articulado todavía pendiente de desarrollar y tras la derogación de las normas regionales sobre la materia en los gobiernos autonómicos (Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria...) donde el PP depende de Vox ―la andaluza, donde los populares gobiernan con mayoría absoluta, sigue vigente―. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, admite que “quedan aún cosas por abordar”, pero destaca “los avances significativos en la aplicación de la ley en un contexto muy preocupante, cuando muchos jóvenes que no han estudiado el franquismoe en la escuela y que no saben lo que supone vivir en una dictadura reciben desinformación por parte de la extrema derecha”. Martínez destaca el papel de la fiscalía de derechos humanos y memoria democrática, que ahora cuenta “con fiscales en todas las provincias que pueden desplazarse a las exhumaciones, asistir a las víctimas y facilitarles el acceso a la verdad”, así como el trabajo realizado para resignificar el Valle de Cuelgamuros, el antiguo mausoleo de Franco, y tratar de devolver a sus familias los restos de víctimas que fueron allí enterradas sin su consentimiento.

Estos son los hitos principales del desarrollo de la ley estatal y las tareas aún pendientes:

Valle de Cuelgamuros. Fase final del concurso de resignificación

Tras el traslado de los restos de Franco al cementerio de Mingorrubio (El Pardo) en octubre de 2019 y los de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, al de San Isidro (Madrid) en 2023, el Gobierno inició, nueve meses después de la entrada en vigor de la ley de memoria democrática, los trabajos de exhumación en las criptas del mausoleo para tratar de devolver a sus familiares los restos de fusilados del franquismo que fueron trasladados sin su permiso por las autoridades franquistas desde fosas comunes hasta el monumento. Han recibido 206 solicitudes y el equipo multidisciplinar de expertos ha localizado 36 cajas con 488 restos de los que ya hay 21 víctimas identificadas genéticamente. Entre ellas, un falangista cuya familia también reclamó recuperar los restos.

El Gobierno anunció el pasado marzo un concurso internacional de ideas para resignificar todo el complejo. Tras negociar durante meses con la Iglesia, finalmente, en contra de su criterio de los últimos cinco años, aceptó que la comunidad benedictina permanezca en el Valle. El proyecto de resignificación cuenta con un presupuesto de 30,5 millones de euros. Se han presentado 34 proyectos y el jurado, compuesto por un equipo multidisciplinar de expertos nacionales e internacionales, elegirá el ganador. Antes, el 31 de este mes, los diez seleccionados han de presentar su proyecto final y una maqueta. El diseño elegido se comunicará, según fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en noviembre. El comienzo de las obras y el futuro de ese plan de resignificación dependerá, en buena medida, de la convocatoria electoral y de su resultado, ya que el PP se ha opuesto a las intervenciones en el Valle de Cuelgamuros.

Extinción de la Fundación Franco

El Gobierno ya ha llevado a cabo los cambios legislativos nececesarios para incluir como motivo de extinción de una fundación o asociación “la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas”. La secretaría de Estado de Memoria Democrática ha enviado un informe sobre las actuaciones de la Fundación Franco que encajarían en ese precepto al Ministerio de Cultura, que debe abrir el expediente de extinción, aunque la última palabra la tendrá un juez.

Incumplimientos del PP en materia de educación

El artículo 44 de la ley de memoria establece que “el sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la guerra y la dictadura”. Además, obliga a “las administraciones educativas” a adoptar “las medidas necesarias” para formar al profesorado al respecto. En este sentido, se incluyó en un decreto de enseñanzas mínimas la enseñanza de la represión franquista en los institutos, pero el PP y Vox consideran esos contenidos una forma de “adoctrinamiento” y fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria democrática admiten que las comunidades gobernadas por los populares están boicoteando el cumplimiento de ese artículo de la ley. “Hay comunidades, como Madrid”, afirma el secretario de Estado de Memoria Democrática, “que han convertido esto en una guerra ideológica, en lugar de permitir que se enseñe la propia historia con rigor”. Fue precisamente la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso la que recientemente retiró un curso para formar al profesorado sobre cómo abordar el franquismo y la memoria en las aulas. “Hay que evaluar el grado de cumplimiento de la ley de memoria en las aulas”, insiste Martínez, “porque estamos viendo porcentajes preocupantes de jóvenes que aseguran que preferirían vivir en una dictadura porque no saben lo que es”.

Varios estudios han mostrado, por un lado, el desconococimiento entre los estudiantes sobre la represión franquista, y por otro, porcentajes alarmantes de jóvenes que afirman que en determinadas circunstancias preferirían vivir en un régimen autoritario a hacerlo en una democracia o que creen que los años del franquismo fueron “buenos” o “muy buenos”. “Por ese motivo”, añade el secretario de Estado, “gran parte de las actividades del programa España en libertad por el 50 aniversario de la muerte de Franco están enfocadas a los jóvenes. Hemos organizado actos en una veintena de universidades por toda España”.

11.000 fusilados por recuperar de fosas comunes

El Gobierno calcula que quedan por recuperar de fosas comunes los restos de 11.000 fusilados del franquismo tras haber sido exhumados, en los últimos cinco años, cerca de 9.000. El Consejo de Ministros aprobó recientemente un real decreto que regula la concesión directa de 2,4 millones de euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y distintas entidades locales para la localización, exhumación e identificación de restos de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre las entidades beneficiadas figuran las diputaciones de Cáceres (150.000 euros), Badajoz (100.000 euros), Jaén (100.000 euros), Sevilla (150.000 euros) y A Coruña (150.000 euros), así como los ayuntamientos de Sevilla (200.000 euros), Jaén (200.000 euros), Huelva (150.000 euros) y Córdoba (150.000 euros), que cuentan con grandes fosas comunes. En la del cementerio sevillano de San Fernando se calcula que hay unas 2.000 víctimas, en la del cementerio jienense de San Eufrasio, unas 1.800; en el onubense de La Soledad, 1.100; y en los cementerios cordobeses de La Salud y San Rafael, unas 4.500.

Inventarios pendientes: del dinero ‘rojo’ a las empresas que utilizaron a presos políticos

La ley estableció el compromiso de hacer varios inventarios con el fin de implementar “posibles vías de reconocimiento a los afectados”. El artículo 31 “reconoce el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura”, para lo cual, la Administración General del Estado realizaría una “auditoría” sobre los bienes expoliados, “incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, así como la imposición de sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas”. El inventario debía estar realizado, según el propio artículo, en el plazo de un año, pero han pasado tres y fuentes del Ministerio aseguran que siguen “trabajando en ello” porque la documentación es ingente y están “digitalizando libros de Hacienda” con información útil al respecto. La presidenta de la asociación de perjudicados por la incautación franquista, Laureana Cervera, se ha dirigido por carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para expresar su “profunda decepción” por ese retraso y su temor a que “un futuro cambio de Gobierno pueda llevar a la derogación total o parcial de la ley de memoria democrática, tal y como ya han expresado partidos de derecha y ultraderecha en declaraciones públicas”, lo que “incrementa la urgencia de que el actual Ejecutivo cumpla sin más dilaciones con los compromisos adquiridos”. También Lidia Jiménez, nieta de Lluís Companys, expresidente de la Generalitat ejecutado en 1940, se ha dirigido en nombre de la asociación al presidente del Gobierno para solicitar una reunión con él con el objetivo de resolver el asunto. Sí fueron recibidos por la secretaría de Estado de Memoria Democrática. El colectivo, que agrupa a unas 400 familias, se ha reunido, asimismo, con Junts para tratar de que el partido presione al Ejecutivo en ese sentido.

También sigue pendiente el inventario de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas, así como de las empresas que se beneficiaron de esa mano de obra, con el fin, como establece la ley, de “impulsar” que esas compañías, como ha ocurrido en otros países, como Alemania, adopten medidas de reconocimiento y reparación.

Catálogo de vestigios y lugares de memoria

El Gobierno tiene previsto aprobar en breve el decreto sobre el catálogo de vestigios franquistas para su retirada. Paralelamente, se han declarado como lugares de memoria 16 enclaves, como el casco urbano de Gernika-Lumo; el escenario de la masacre sobre población civil entre Málaga y Almería en febrero de 1937, conocido como La Desbandá; y la antigua Prisión Provincial de Murcia. Otros 18 están en trámite para su declaración. En el extranjero también se han colocado placas de recuerdo en Ateneo Español de México; el Jardín de la Nueve en París; los campos de concentración de Ravensbruck y de Argélès-sur-Mer y la tumbas de Antonio Machado en Colliure y de Manuel Azaña en Montauban. El Ejecutivo mantiene un conflicto en el Tribunal Constitucional con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al rechazar esta colocar en la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo regional, una placa que recuerde que allí se practicaron detenciones ilegales y torturas durante la dictadura.

Violaciones de derechos humanos hasta 1983

La disposición adicional decimosexta de la ley estalece la configuración de una comisión técnica para elaborar “un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983″. La derecha argumentó que se trataba de una exigencia de EH Bildu para incluir a las víctimas de los GAL como víctimas del franquismo. En realidad, la disposición adicional era fruto de una enmienda presentada por el PSOE y Unidas Podemos a su propio texto para incluir a víctimas como Yolanda González, asesinada por la extrema derecha en 1980.El trabajo de la comisión, según fuentes del Gobierno, se presentará en breve.

Nacionalidad española

La Ley de Memoria Democrática amplió los criterios para conceder la nacionalidad española a descendientes de víctimas del franquismo. Así, permite acceder a la nacionalidad española a los hijos de españolas que se casaron con extranjeros durante la dictadura y a los hijos mayores de edad de exiliados —en la norma de 2007 solo podían hacerlo los hijos menores— y por carta de naturaleza, sin tener que renunciar a su nacionalidad anterior, para los descendientes de los brigadistas que acrediten una labor continuada de difusión de la memoria de sus ascendientes y la defensa de la democracia en España. Hasta el pasado 31 de julio, se registraron 876.321 solicitudes; unas 400.000 ya tienen aprobado el trámite y 237.145 ya la han obtenido.