El Gobierno cede ante la Iglesia para lanzar un proyecto en Cuelgamuros por 30,5 millones de euros

La decisión del Gobierno de, en contra de su propio criterio de los últimos cinco años, permitir la permanencia de la comunidad benedictina en el Valle de Cuelgamuros, antes denominado de los Caídos, no cuenta con compensación alguna para el Ejecutivo más allá del permiso de la Iglesia para lanzar un concurso internacional de ideas para la resignificación del monumento. Fuentes del Ministerio de Presidencia señalan como “contrapartida” el relevo del prior, Santiago Cantera, y otros dos monjes profranquistas.

Tras la última reunión del Papa con Pedro Sánchez, el pasado octubre, lo que se transmitió desde La Moncloa fue que estaban trabajando para resolver dos cuestiones: que la Iglesia española afrontara las indemnizaciones por pederastia y el desalojo de los benedictinos de Cuelgamuros como parte del proceso de resignificación que prevé la ley de memoria democrática para el complejo. Finalmente, los monjes se quedan y preguntados por si la contrapartida para esa cesión por parte del Ejecutivo era que la Iglesia aceptara esos actos de reparación a las víctimas de abusos, fuentes del Gobierno aseguran que esas negociaciones “van por un cauce diferente y no tienen que ver con el acuerdo sobre Cuelgamuros”.

Los obispos llevan meses advirtiendo de que no colaborarán aportando dinero y que seguirán “reparando” a los afectados a través de sus procesos internos. Más de un centenar de víctimas que han acudido a estos procesos eclesiales niegan que la Iglesia les esté reparando. Testimonios recogidos por este diario señalan a siete monjes de la Comunidad benedictina en Cuelgamuros hasta los años setenta por abusar sexualmente de ellos cuando eran niños.

La negociación ha corrido a cargo de Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, que es quien lleva las relaciones con la Iglesia. Fuentes de dicho Ministerio subrayan, tras el cambio de criterio, que han sido relevados los “elementos” profranquistas en la comunidad, en alusión al prior Santiago Cantera, que en su juventud fue candidato de Falange en dos procesos electorales y el día de la exhumación de los restos de Franco, a la que se opuso hasta el final, estuvo a punto de ser detenido. En todo caso, el Gobierno había mantenido hasta ahora que la presencia de “la comunidad benedictina” en el monumento era “incompatible” con su resignificación.

Una vez firmado ese acuerdo con la Iglesia, el Gobierno lanzará en los próximos días un concurso internacional de ideas para remodelar el Valle de Cuelgamuros, que incluirá un museo de la memoria o centro de interpretación en su explanada. Fuentes del Ejecutivo aseguran que “la resignificación continuará en la basílica”. La archidiócesis de Madrid ha asegurado en un comunicado que “lo único definitivamente acordado ha sido la permanencia de la comunidad benedictina y la no desacralización de la Basílica, así como el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la misma”. “Cualquier otro aspecto relacionado con la resignificación”, añaden, “es competencia exclusiva de la Santa Sede y el Gobierno, que son las partes que han llevado a cabo las negociaciones. En relación con las intervenciones dentro del templo, se estudiarán respetando los criterios litúrgicos y el fin para el que ha sido erigida la Basílica”.

La iglesia también formará parte del jurado

El proyecto cuenta con un presupuesto de 30,5 millones de euros, de los cuales 26 corresponderán a las obras (a cargo del presupuesto del Ministerio de Hacienda) y el resto, al concurso y honorarios, a razón de 60.500 euros para cada uno de los 10 trabajos seleccionados en la primera fase y otros 60.500 para el ganador. Será un “jurado independiente”, según fuentes del Ministerio de Vivienda, que asumirá los costes derivados del concurso, el que elija la idea vencedora. Tendrá nueve miembros, entre representantes de distintos ministerios, profesionales del Colegio de Arquitectos y un miembro de la Iglesia. Respecto a los plazos, el Gobierno tiene previsto iniciar las obras a finales de 2026. Cualquier retraso o anticipo electoral podría dar al traste con el proyecto, como ya ocurrió cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero presentó, ya en funciones, en noviembre de 2011, el informe del comité de expertos que proponía el traslado de los restos de Franco fuera del Valle de los Caídos. Mariano Rajoy, entonces presidente del PP y ganador de las elecciones, lo metió en un cajón. Los socialistas tuvieron que esperar ocho años, hasta octubre de 2019, para trasladar, ya en La Moncloa, la tumba del dictador al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo.

La exhumación de Franco fue el primer hito del proceso de resignificación del Valle. Le siguió el traslado, en abril de 2023, de los restos del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera; el cambio de denominación del complejo (”de los Caídos” a “de Cuelgamuros”) y, desde junio de 2023, los trabajos forenses en el interior de las criptas para atender más de 160 peticiones de familiares que desean recuperar los restos de sus seres queridos allí enterrados y que en su mayoría fueron trasladados al mausoleo sin su conocimiento tras ser extraídos los cuerpos de fosas comunes durante la dictadura franquista. Quedaban pendientes dos hitos en ese proceso: la expulsión de la comunidad benedictina y el concurso internacional de ideas para convertir el mausoleo en un centro de interpretación. El Gobierno ha renunciado al primero porque asegura que “no había alternativa” para poder llevar a cabo el segundo con la oposición de la Iglesia. Pese a todo, afirman estar “muy satisfechos” con el acuerdo.

El pliego de condiciones del concurso de ideas incluye tres elementos: la explicación de cómo se construyó el monumento, con buena parte de mano de obra presa; la descripción del momento en el que se levantó, en plena dictadura franquista y con qué fines —inicialmente solo iba a albergar a víctimas del bando nacional, los “caídos por Dios y por España”, pero muchas familias se echaron para atrás ante la demora en la construcción—; y su significado, esto es, la simbiosis en edificio de religión y política, el nacionalcatolicismo. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática señalan que esperan que se presenten “equipos multidisciplinares”, en los que haya arquitectos, artistas, paisajistas e historiadores, y admiten que encontrar la forma de aportar “una mirada democrática” al conjunto “no va a ser sencillo”. También esperan recibir ideas “de gran impacto” y se han fijado en otros espacios como el Monumento al Holocausto en Berlín; el Monumento por la Paz y la Justicia en Montgomery, Alabama; el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en Bogotá; el Memorial a las víctimas de la violencia en Chapultepec, Ciudad de México o el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile.