Ángel Víctor Torres: “El desconocimiento histórico de los jóvenes me pone los pelos de punta”

Asumió el cargo de ministro de Política Territorial y Memoria Democrática el pasado noviembre, apenas unos meses después de que el PSOE perdiera seis gobiernos autonómicos (siete contando el de Cantabria, donde cogobernaban con el PRC) y entre ellos, el suyo, Canarias, tras las elecciones del 28 de mayo y los primeros pactos entre el PP y Vox. El partido de extrema derecha exigió a los populares derogar las leyes regionales de memoria y ha empezado a cobrar sus deudas. Ángel Víctor Torres (Arucas, Gran Canaria, 58 años), filólogo y exprofesor de Instituto, se rebela contra los “bulos” contra la legislación de memoria. “Es para todas las víctimas, pero las del bando vencedor ya fueron exhumadas. No hemos recibido petición alguna para abrir fosas del bando franquista”. Desde 2000 se han recuperado los restos de más de 13.600 represaliados. “No vamos a parar hasta intentar exhumar a todos”, promete.

Pregunta. El informe de los tres relatores de Naciones Unidas instaba al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias contra las leyes antimemoria impulsadas por PP y Vox. ¿Qué han hecho de momento y qué otras vías tienen?

Respuesta. Aragón no ha querido sentarse a hablar por el mecanismo 33.2 de la ley del Tribunal Constitucional [para llegar a un acuerdo y evitar el recurso], lo que parece un prurito soberbio. A finales de mes llevaremos al Consejo de Ministros elevar al Constitucional, previo dictamen del Consejo de Estado, la derogación de esa ley. Y si el Constitucional no fallase como esperamos, hay otras instancias, como Estrasburgo.

P. ¿Cuál va a ser el principal argumento legal de ese recurso? Aragón argumenta que hay otras comunidades que no tienen leyes de memoria.

R. Que se incumple el artículo 10.2 de la Constitución, que dice que hay que respetar los derechos humanos y los acuerdos firmados no por el Gobierno, sino por España. En su informe, los relatores de la ONU especifican los acuerdos ratificados y en qué puntos los vulnera cada una de esas iniciativas legislativas [de PP y Vox].

Trabajamos para extinguir cuanto antes la Fundación Franco

P. La ley de memoria democrática (2022) establece como causa de extinción de una fundación la apología del franquismo con menosprecio a las víctimas. El Gobierno ha manifestado que la Fundación Franco encaja en esa definición. ¿Por qué no se ha modificado ya la ley de fundaciones?

R. El competente es el Ministerio de Cultura y está implicado a tope en ello. No cabe la apología de un dictador. Con la figura jurídica pertinente, el Estado de Derecho, y sé que no sin dificultades, será extinguida.

P. ¿Cuándo?

R. Estamos intentando que sea cuanto antes. Si fuera por nosotros, hubiésemos avanzado más en las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros, ya no estarían allí los monjes benedictinos ..., pero ha habido muchas citas electorales. Ahora hemos puesto velocidad de crucero.

P. ¿Hay alguna posibilidad de que los benedictinos se queden en Cuelgamuros?

R. Queremos que se vayan. Estamos hablando con ellos y con las autoridades eclesiásticas. Debe ser un centro laico que sirva para explicar la guerra y lo que vino después. No cabe que se queden.

P. ¿Cómo se lo han tomado?

R. No quieren irse, hay cierta resistencia, pero también la hubo para exhumar los restos de Francisco Franco y al final la justicia lo avaló.

Feijóo ha ordenado a las autonomías una una estrategia de acoso y derribo y mientras se mangenga no habrá normalidad institucional

P. Un estudio reveló las profundas lagunas históricas de los jóvenes. La ley establece que el sistema educativo incluirá el conocimiento de la represión. Para la derecha, eso es adoctrinamiento. ¿Se está cumpliendo la ley en ese aspecto?

R. Las dificultades son máximas, las pone la ultraderecha con el consentimiento del PP. Y es lamentable. Recientemente, en un centro educativo, pregunté si habían estudiado la Segunda República y me dijeron que aún no habían llegado porque estaban con la etapa de Aznar. El desconocimiento histórico es tremendo, me pone los pelos de punta. Conocer la historia no es reinventarla.

P. ¿Cómo se puede garantizar que se cumple la ley en las comunidades gobernadas por el PP?

R. Es difícil porque la educación es una competencia autonómica. Pero lo pelearé con todas mis fuerzas, como demócrata y como padre.

P. La ley de memoria abría una vía al PNV para reclamar la actual sede del Instituto Cervantes en París. ¿Ha avanzado algo esa negociación?

R. Sí, aunque el PNV querría avanzar a mayor ritmo. Confiamos en tener pronto una respuesta definitiva tanto para ellos, como para ERC y otras formaciones que también han hecho reclamaciones por bienes incautados.

P. ¿Podrá el PNV llegar a recuperar ese edificio?

R. Sí, en las conversaciones incluso se puede acordar el destino del mismo.

P. Después del traslado de los restos de Franco, Primo de Rivera y Queipo de Llano, está pendiente el de Milans y Moscardo en el Alcázar de Toledo, que afecta al Ministerio de Defensa.

R. Tenemos algunas dificultades en el ámbito de la Defensa por cuestiones diversas, pero la ley de memoria democrática no hace distingos.

P. ¿Defensa pone pegas?

R. No es sencillo, pero avanzaremos. Lo importante es que la ministra ha dicho en el pleno que hay que acatar la ley de Memoria.

P. El PSOE acaba de ganar las elecciones en Cataluña, pero ha perdido mucho poder territorial en el último año. ¿A qué lo atribuye?

R. Las elecciones de 2023 no salieron como esperábamos después de la pandemia. Dicho esto, los partidos tienen que tener un proceso de renovación y se está dando. Lo hemos visto en Cataluña: hubo un cambio orgánico y ahí están los resultados. Eso no significa que Iceta no lo hiciera bien, sino que en ocasiones hay que hacer un cambio.

P. ¿Se puede gobernar el país con tantas autonomías a la contra?

R. Cuando fui nombrado ministro, trasladé mi voluntad de rebajar la litigiosidad con las comunidades, pero sabía que lo iba a tener más difícil. Feijóo ha ordenado a las autonomías una una estrategia de acoso y derribo y mientras se mantenga no habrá normalidad institucional.

P. Varias comunidades se oponen al reparto obligatorio de menores migrantes pactado con Canarias. ¿Confía en llegar a algún acuerdo sobre la ley de extranjería con el panorama actual, donde las campañas electorales y crispación han sumido al país en una especie de parálisis política?

R. Está en manos del PP, que, por cierto, gobierna en Canarias, Ceuta y Melilla, los territorios más tensionados. Soy escéptico cuando oigo a Vox y veo que, si bien los presidentes del PP no comparten sus posicionamientos, tampoco los corrigen o los afean.

P. ¿Cómo se enteró de que el Gobierno canario había contratado con la trama de Koldo García?

R. El día que salta la noticia. A mí no me llegó la oportunidad de esta contratación ni por Ábalos [José Luis, exministro de Fomento] ni por Koldo, sino a través del director del servicio de Salud de entonces.

P. ¿Le sorprende que alguien con el currículum de García llegara a manejar ese poder? ¿Habría que restringir de alguna manera la figura del asesor?

R. Es un asunto complejo, y tiene que primar la presunción de inocencia. Las responsabilidades por comisiones que pudieran ser ilegales tendrán que dirimirse en los juzgados.

P. También se investiga la comisión millonaria que se llevó el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas por la venta de material sanitario. ¿Está suficientemente protegido el sistema?

R. Es una investigación por supuesto fraude fiscal y digo lo mismo: que se aclare lo que se tenga que aclarar.

P. ¿Entendió la carta a la ciudadanía y esos cinco días de reflexión de Sánchez?

R. Entendí una reacción humana fruto de un hartazgo personal. El día del pleno del Congreso [después de que se admitiera una denuncia contra su esposa] estaba tremendamente afectado. Me alegró que decidiese seguir, aunque hubiese entendido cualquier otra decisión. El bulo no puede ser una herramienta para dañar al rival político. Con todo el respeto a la justicia y las diligencias abiertas, la denuncia contra su esposa contiene informaciones falsas.

P. ¿Cree que contribuyó a rebajar la polarización o todo lo contrario?

R. Creo que debería servir para que también Feijóo reflexione. Creímos que venía a Madrid a aportar propuestas. La oposición, con su fiscalización, es imprescindible para la buena acción de un gobierno. El problema es que Feijóo no acepta que es el líder de la oposición porque la mayoría parlamentaria así lo decidió. Yo también gané las elecciones y no soy presidente de Canarias, pero lo asumo y trabajo lealmente con el nuevo presidente. En el Senado las intervenciones más virulentas vienen del PP, que se ha radicalizado. Ya no hay argumentos, solo insultos, descalificaciones.