La nueva Ley de Memoria Democrática abre una vía al PNV para reclamar la sede del Instituto Cervantes en París

El organismo, dependiente del Ministerio de Exteriores, recuerda que el Tribunal Supremo atribuyó en 2003 al Estado el inmueble, cuyo valor ronda hoy los 17 millones de euros

La biblioteca Octavio Paz, que pertenece al instituto Cervantes, en París.
La biblioteca Octavio Paz, que pertenece al instituto Cervantes, en París.

El proyecto de Ley de Memoria Democrática, que concluye la semana que viene el plazo de presentación de enmiendas y tiene por delante un largo camino hasta ser aprobada, incluye una disposición que facilita al PNV retomar una vieja reivindicación: la recuperación de un inmueble de 1.309 metros cuadrados en París, un palacete cerca de los Campos Elíseos que hoy es una de las dos sedes del Instituto Cervantes en la capital francesa. El inmueble fue la histórica sede del Gobierno vasco en la capital francesa desde 1937 a 1940 adonde se trasladó ante el avance de las tropas de Franco en la Guerra Civil. En esa zona, el metro cuadrado se paga a unos 13.000 euros de media, por lo que su precio actual rondaría los 17 millones, según cálculos realizados por este periódico.

El Gobierno ha incluido en el proyecto de ley una disposición adicional, titulada Bienes y derechos incautados en el extranjero, que establece que las disposiciones previstas en la ley de 1998 que aprobó el Gobierno de José María Aznar, del PP, de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados durante la Guerra Civil, “serán de aplicación a los bienes y derechos obtenidos en el extranjero” en ejecución de un acuerdo que firmaron España y Francia, el 25 de enero de 1939 “aun cuando el título de propiedad del Reino de España hubiera venido a ser atribuido por resoluciones administrativas o judiciales de Estados extranjeros”.

Y añade el texto que, además de los beneficiarios previstos en la ley de 1998, “lo serán también los partidos políticos respecto a los bienes que hubieran pertenecido a personas físicas o jurídicas vinculadas a dichos partidos con carácter fiduciario o bajo cualquier forma de cobertura jurídica sustentadas en negocios o pactos de interposición personal”.

Con esta redacción es una disposición hecha a la medida de la reivindicación del PNV, que reclama el inmueble desde los tiempos de Aznar, al que apoyó en su investidura a cambio, entre otras contrapartidas, de la ley que se aprobó en diciembre 1998 sobre la devolución del patrimonio incautado durante el franquismo. El Ejecutivo dejó finalmente fuera el edificio de París porque el PNV había firmado en septiembre el Pacto de Lizarra, por el que las formaciones nacionalistas vascas acordaron negociar por su cuenta con ETA para su disolución. El PNV acudió a los tribunales y, en 2003, el Tribunal Supremo falló en su contra al entender que “nunca fue incautado en aplicación de la ley franquista de responsabilidades políticas y que su integración en el Patrimonio del Estado [español] se efectuó en virtud de sentencia judicial” de un tribunal parisino.

José Antonio Aguirre, en 1933, en San Sebastián.
José Antonio Aguirre, en 1933, en San Sebastián.

El PNV, cuyos votos han buscado tanto el PP como el PSOE para aprobar investiduras y la ley más importante del Gobierno, la de los Presupuestos Generales del Estado, retomó las negociaciones sobre el edificio con Carmen Calvo en su etapa al frente del Ministerio de Cultura (2004-2007) y nunca las ha abandonado. La disposición incluida ahora en el proyecto de ley del Ejecutivo de Pedro Sánchez no supone la inmediata devolución del edificio a los nacionalistas vascos, del mismo modo que el artículo 31 del texto, que prevé la realización de una auditoría de incautaciones durante el franquismo, no garantiza que los particulares afectados los vayan a recuperar automáticamente, pero abre un camino para buscar soluciones. Además, fuentes de la negociación citan a varios investigadores que han detectado errores en la argumentación de las sentencias que hasta la fecha han denegado a los nacionalistas vascos la propiedad original del inmueble.

Toda la cultura que va contigo te espera aquí.
Suscríbete

La formación que preside Andoni Ortuzar asegura, sin embargo, que está “cerca” de lograr su objetivo. “Es un asunto de justicia debida y el Gobierno sabe que ahí hubo pecado. Les hemos hecho ver que este tema sigue pendiente y había que resolverlo”, afirma un portavoz del PNV. Mientras que fuentes de la dirección del Cervantes, entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, aseguran que el Supremo dejó claro “que no hay pruebas que demuestren que el inmueble fuera propiedad del PNV”. “Si se aportara nueva documentación que justificara que ese edificio les pertenece y hubiera una nueva normativa al respecto, el Cervantes la acataría, pero en este momento no es así”, añaden. Las mismas fuentes subrayan que el inmueble es “patrimonio del Estado, de todos los ciudadanos de España, y entre ellos, todos los vascos y que se dedica a la promoción de la cultura española y las lenguas oficiales de España”. El Cervantes cifra, además, en cuatro millones de euros las obras de mejora realizadas en el edificio hasta la fecha. Las fuentes conocedoras de la negociación opinan, por su parte, que con la nueva ley y un análisis riguroso de la documentación histórica, el PNV tiene más posibilidades de ganar esa batalla, pero que el desenlace final no tendría por qué ser expulsar al Cervantes de una de sus sedes más importantes, sino que se arreglaría con una compensación económica a la formación vasca.

La historia del edificio

El PNV siempre ha argumentado que la sentencia francesa (1943) en la que se apoyó el Supremo se realizó bajo la ocupación nazi y se produjo gracias a la “connivencia entre las autoridades alemanas de la ocupación y el Gobierno franquista, con presiones hacia el tribunal en la prefabricación del fallo”. Varias investigaciones consultadas por este diario también creen que fue así, en virtud de los acuerdos Bérard-Jordana que se cita en la disposición del proyecto de ley y por los que la República francesa reconoció al Gobierno de Franco. En ese acuerdo, firmado el 25 de febrero de 1939 y citado por José Alfonso Durango en Las relaciones hispano-francesas entre dos guerras (CSIC), Francia se comprometía a facilitar la restitución de bienes a los franquistas. Fuentes de la investigación creen que las autoridades galas prometieron entonces influir en la magistratura para casos que hubiera que llevar a tribunales, como el del inmueble de la avenida Marceau, 11. Además, han detectado varios “errores” en la argumentación del abogado del Estado en 2001 que recoge el fallo del Supremo para denegar la propiedad al PNV. Así, opinan que la documentación atestigua que el inmueble se alquila por primera vez en septiembre de 1936, cuando aún no está constituido el Gobierno provisional vasco en el exilio, por lo que no sería este el arrendatario, y que los fondos tampoco podían proceder del Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles (SERE) porque la compra se realiza en 1937 y el SERE se crea en febrero de 1939.

En la comisión rogatoria internacional durante el proceso judicial, en 2003, el investigador Jean-Claude Larronde declaró que había “constatado” que el PNV procedió a la compra del inmueble que ocupaba desde septiembre de 1936; y que “los argumentos utilizados por el Tribunal del Sena en 1943 sobre la procedencia de los fondos para adquirirlo son falsos”. El Tribunal señaló que procedían de robos o confiscaciones del tesoro español, pero el investigador sostiene que eran de militantes del PNV residentes en México. Larronde también explicó que el partido constituyó una sociedad, Finances et Enterprises, “con el objeto de transferir la propiedad para evitar la confiscación del inmueble por los españoles de Franco”.

El edificio llegó a ser ocupado por la Gestapo en junio de 1940, y pasó a convertirse en la sede de Falange. En 1951, cuando los vascos fueron expulsados definitivamente tras una serie de litigios, el lehendakari José Antonio Aguirre declaró: “Protesto en nombre de nuestro pueblo, al que esta decisión causa el más profundo dolor causado en el exilio, sobre todo porque ha sido adoptada por los amigos con los que hemos compartido dolores y sacrificios comunes por la causa de la libertad y de la democracia”. Después, pasó a ser la Biblioteca Española, en 1952. Cuatro décadas después, en 1991, cuando se fundó el Cervantes, este la integró a su red de bibliotecas y en 2006 la rebautizó como Octavio Paz. El tiempo dirá si la compleja historia del palacete que vivió dos guerras escribe un último capítulo.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS