El Gobierno prepara la exhumación de Milans en Toledo tras borrar la huella de Queipo de Llano, el general que alentó la violación de mujeres “de rojos”

El general Gonzalo Queipo de Llano escribió algunas de las páginas más negras de la historia española. Decía en un bando militar el 24 de julio de 1936: “Serán pasadas por las armas, sin formación de causa, las directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo existan, y en el caso de no darse con tales directivas, serán ejecutados un número igual de afiliados arbitrariamente elegidos”. Y declaró a Radio Sevilla: “¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de Azaña. Por eso faculto a todos los ciudadanos a que, cuando se tropiecen con uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré”. “Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso, también a las mujeres de los rojos, que ahora, por fin, han conocido hombre de verdad y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará”. El catedrático de historia contemporánea Julián Casanova explica que no solo era necesario exhumar sus restos de La Macarena, como ocurrió la madrugada del jueves, sino que tenía que haberse hecho mucho antes: “Queipo de Llano fue el principal responsable de las políticas de exterminio que militares y falangistas llevaron a cabo en Sevilla en los primeros meses tras el golpe de Estado de julio de 1936 y estaba enterrado en una basílica católica”.

No es el único caso y la nueva Ley de Memoria Democrática ampara nuevos traslados en los próximos meses. El senador de Compromís Carles Mulet ha preguntado al Gobierno en varias ocasiones a lo largo de los años sobre la cripta del Alcázar de Toledo que alberga los restos del golpista Milans del Bosch y el general franquista José Moscardó: “¿Ve de recibo el Gobierno que, mientras miles de cuerpos de defensores de la democracia resten en cunetas y fosas comunes, generales golpistas reposen en criptas, con todos los honores, en edificios públicos?”, decía en septiembre de 2021. El Ejecutivo contestó entonces que dicha cripta no podía ser “visitada por el público con carácter general” y que únicamente familiares de los enterrados podían acceder a ella en los días que el Museo estuviera cerrado. Pero la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre, sí permite trasladar los restos, según fuentes del Gobierno, que ya lo está estudiando.

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Así ha sido la exhumación de Queipo de Llano

La norma establece que los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 “no podrán permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura”. El general Moscardó fue jefe de los defensores del Alcázar. El teniente general Milans participó en la División Azul (apoyando a los nazis) y en el golpe de Estado del 23-F. El lugar escogido para su enterramiento obedece a su condición de “héroes del alzamiento”, argumentan ahora desde el Gobierno, y el hecho de que las visitas a la cripta sean restringidas no impide, añaden, la realización de actos públicos de exaltación del franquismo. De hecho, anualmente se celebran procesiones en su honor y el 8 de julio fue el lugar elegido por un grupo de neofascistas italianos para celebrar un homenaje al general Moscardó.

La nueva ley también establece que, “cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados o colocados en edificios de carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsables de su retirada o eliminación”. La titularidad del inmueble corresponde, en este caso, al Museo del Ejército, dependiente del Ministerio de Defensa. La norma ha retirado, además, los títulos nobiliarios de los que disponía la familia de Queipo de Llano y Moscardó, además de otros 31 descendientes de dirigentes franquistas.

En el caso de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange enterrado en la basílica del Valle de Cuelgamuros, podía haber permanecido en el complejo si la familia hubiese accedido a trasladarlo de la localización preeminente en la que se encuentra ahora su tumba, junto al altar, a una de las criptas, porque murió en la Guerra Civil, en noviembre de 1936. Pero sus familiares declinaron esa propuesta y se llevarán los restos a otro lugar.

El papel de la Iglesia

Para el historiador Julián Casanova, los militares golpistas que fueron “enterrados durante la dictadura con todos los honores y el consentimiento o apoyo de obispos y arzobispos en criptas de recintos religiosos” debían haber sido exhumados hace tiempo, desde que “ya en democracia, las investigaciones históricas demostraron que lejos de ser honorables caballeros cristianos, contribuyeron con sus armas a propagar la violencia”. “Ha habido debates en muchos otros países sobre qué hacer con los restos de fascistas, criminales de guerra o dictadores, incluidos los comunistas, cuando se derrumbó el imperio soviético”, añade. “Pero esa inextricable unión entre política y religión católica es una de las peculiaridades de la historia de España durante cuatro décadas del siglo XX y ha estado presente como legado durante otras cuatro décadas de democracia”. Casanova echa en falta “una posición clara de la jerarquía de la Iglesia católica española, que durante años defendió la beatificación de cientos de asesinados por los republicanos durante la Guerra Civil, y no todos pertenecientes al clero, y siempre ha guardado silencio sobre la represión falangista y militar que la misma Iglesia tanto bendijo desde julio de 1936″.

Para el comisionado de Naciones Unidas Pablo de Greiff, que ha asesorado al Gobierno en la elaboración de la ley, este tipo de políticas no son caprichos de un determinado partido político, sino “asuntos de Estado que responden a obligaciones internacionales”. Los lugares de enterramiento, señala, incluyen un reconocimiento público, por lo que “no es irrelevante a quién se le concede”. “Una democracia tiene razones, y más en esta época de regresión, para intentar reproducir los valores sobre los cuales descansa” y eso incluye “la distribución del reconocimiento público”. No obstante, añade que “la defensa de los valores democráticos no debe quedarse solo en el terreno simbólico, sino atender también a los ciudadanos de carne y hueso con reclamaciones urgentes”, en alusión a la búsqueda de los desaparecidos del franquismo por fosas y cunetas. De Greiff ha lamentado los términos en los que se ha producido en España el debate de la Ley de Memoria Democrática y está convencido de que “la democracia española es mucho más fuerte de lo que esas opiniones sugieren”. Para el historiador Casanova también está claro: “Si el PP no defiende la legitimidad y las acciones de la dictadura de Franco, debería estar de acuerdo en dos cosas básicas: facilitar desde la gestión pública la investigación y búsqueda de restos de víctimas de la represión y evitar la apología y memoria de aquellos que defendieron con las armas las políticas de violencia. No apoyar la Ley de Memoria Democrática elaborada por la izquierda es un acto político”.