El Gobierno llevará la ley antimemoria de Aragón al Constitucional tras rechazar el Ejecutivo regional sentarse a negociar

El Gobierno de Aragón ha rechazado oficialmente sentarse a negociar con el equipo jurídico del Ejecutivo Central para evitar que este presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la ley regional de memoria. Se trata de un mecanismo previsto en la ley que regula el tribunal de garantías para resolver discrepancias legales, pero las autoridades aragonesas, según ha comunicado el secretario general de la presidencia, Juan Pérez Más, al director de régimen jurídico autonómico y local del Ministerio de Política Territorial y Memoria democrática, confían en la “plena constitucionalidad” de su decisión y se niegan a negociar. Como adelantó este diario, el Gobierno presentará un recurso al Constitucional contra esa postura del Ejecutivo regional y procederá del mismo modo con las comunidades de Castilla y León y Comunidad Valenciana, también gobernadas por el PP y Vox, si persisten en aprobar las llamadas “leyes de concordia”.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que dirige Ángel Víctor Torres, cuenta con el informe de tres relatores de Naciones Unidas que, tras analizar, a petición del Gobierno central, las llamadas “leyes de concordia” de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, concluyeron que “invisibilizan” a las víctimas y contribuyen a alentar “el negacionismo” o revisionismo histórico. “Todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades de Gobierno, cualquiera sea su nivel —nacional, regional o local—”, reza el informe, “deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos y garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos”. Los relatores advierten de que “el incumplimiento de estas obligaciones por parte de tales entidades u autoridades está en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado español”. Ese será el principal argumento del recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que el Gobierno entiende que la derogación de la ley aragonesa de memoria incumple el artículo 10.2 de la Constitución española, que establece: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

El Boletín Oficial de Aragón publicó el pasado 29 de febrero la derogación de la ley de memoria aprobada en 2018. El texto —pese a que las autoridades de la comunidad ahora lo niegan— dice expresamente que “quedan suprimidos”, entre otros, el censo de memoria democrática o el portal web institucional del Gobierno de Aragón sobre la materia y se especifica que se cancelarán o sustituirán “las actuaciones en el ámbito educativo” previstas en la norma y referentes a “la historia de Aragón y la relevancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Constitución española”. El pasado 7 de mayo, el presidente autonómico, Jorge Azcón, del PP, envió una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, para manifestarle su oposición a las conclusiones de los tres relatores. La misiva contenía mentiras e imprecisiones, como asegurar que la ley derogada “relativizaba” los crímenes cometidos por el bando republicano y “limitaba la definición de víctimas a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por la otra” (el texto legal derogado reconocía expresamente “las violaciones de los derechos humanos que se dieron en Aragón en la zona republicana y el acceso a derechos básicos e inalienables desde el punto de vista humanitario”) o asegurar que los relatores habían basado su análisis en “información sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de España”, cuando lo que hacen en su informe es examinar el texto legal ya publicado en el Boletín Oficial de Aragón.

El Gobierno ofrecerá a los gobiernos de Castilla y León y Comunidad Valenciana, donde el PP y Vox han pactado sustituir las leyes de memoria por nuevos textos legales llamados “de concordia”, ahora en tramitación, el mismo procedimiento que Aragón ya ha rechazado y en caso de no aceptar esa negociación jurídica bilateral llevarán también esos textos al Constitucional una vez sean aprobados. Ese mecanismo previsto en la ley que regula el Tribunal de Garantías ha sido ya utilizado con otras comunidades gobernadas por el PP como la ley trans con la Comunidad de Madrid o la ley de bienestar animal.