El presidente de Aragón, Jorge Azcón, del PP, ha enviado este lunes una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en respuesta al informe redactado por tres relatores sobre la derogación de la ley de memoria democrática en su comunidad y sobre las normas alternativas -llamadas “de concordia- planteadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León por los bipartitos entre populares y Vox. La misiva contiene errores, falsedades e imprecisiones. Los siguientes fragmentos de la misiva constituyen algunas de ellas:

1. “Esta ley [la derogada] condenaba los crímenes y atrocidades cometidos por un bando durante la Guerra Civil, pero relativizaba los cometidos por el otro; y limitaba la definición de víctimas a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por la otra”.

La ley 14/2018 de memoria democrática de Aragón que el gobierno bipartito de PP y Vox ha derogado dice en su exposición de motivos: “El deber de memoria que implica la gestión de la memoria democrática comprende la responsabilidad de los poderes públicos de Aragón de amparar el derecho subjetivo a buscar la verdad de los hechos, de proteger a las víctimas que lo fueron por comprometerse con la democracia, la libertad y la justicia social, y de disponer de los medios suficientes para repararla. Eso ha de poder ser compatible, del mismo modo, con el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos que se dieron en Aragón en la zona republicana y el acceso a derechos básicos e inalienables desde el punto de vista humanitario, como el de exhumación e identificación por parte de descendientes de las personas asesinadas. El hecho de que aquellas víctimas fueran exaltadas por el franquismo no implica asumir tal reconocimiento como válido ni legítimo. El ejercicio de la profundización que la democracia moderna se propone en los valores del respeto a la dignidad humana y la tolerancia solo puede realizarse desde un impulso ético y desde la radicalidad democrática, por encima de cualquier afinidad ideológica”.

La ley de memoria estatal también ampara a las víctimas de ambos bandos, pero su aplicación en los últimos años evidencia que las demandas para la apertura de fosas y búsqueda de desaparecidos vienen, sobre todo, de represaliados del franquismo, porque desde poco después del inicio de la Guerra Civil y durante la dictadura, Franco impulsó su propia legislación de memoria para los caídos de su bando. El BOE está repleto de decretos y órdenes para atender a los familiares de las víctimas del “terror rojo”, entre otras medidas, con un protocolo de exhumaciones. Esos crímenes y sus autores fueron juzgados, además, a través de la llamada Causa General. Los autores de los fusilamientos de los republicanos arrojados a fosas y cunetas no fueron condenados.

2. “Imponía un relato sesgado y realizaba una interpretación partidista de la historia. La ley idealizaba la II república, enlazando este periodo convulso de nuestra historia con el modelo de democracia actual”.

La ley de memoria aragonesa ahora derogada, efectivamente, enlaza la democracia actual que arrancó tras la muerte de Franco y el periodo de Transición con el último periodo anterior en el que los ciudadanos pudieron elegir quién les gobernaba, la II República, y se refiere al inicio de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, como “golpe de Estado”. Es el término empleado por los grandes historiadores que han ahondado en ese periodo, como Paul Preston, Julián Casanova o Ángel Viñas, quienes han analizado las cifras de la represión franquista y las del llamado “terror rojo”. Las teorías negacionistas y revisionistas alientan, precisamente, la tesis franquista de que la guerra no obedeció a un golpe armado, sino a una Cruzada para salvar el país.

3. “El informe contiene información sesgada e interesada suministrada por el Gobierno de España. En consecuencia, desvirtúa la realidad y está plagado de inexactitudes, falsedades y omisiones”.

El informe de los tres relatores de Naciones Unidas analiza la documentación oficial de tres ejecutivos autonómicos que han derogado leyes de memoria democrática y que en el caso de la Comunidad Valenciana y Castilla y León cuentan ya con textos alternativos llamados “de concordia”.

4. “Entre las demás inexactitudes, falsedades y omisiones que contiene el informe, destacan las siguientes: “la comunidad autónoma de Aragón no ha aprobado ninguna ley de Concordia. Las Cortes de Aragón han aprobado la ley 1/2024 de 15 de febrero de derogación de la ley 14/ 2018 de 8 de noviembre de memoria democrática de Aragón”.

Tras el saludo, el primer párrafo del informe hace, efectivamente, una alusión genérica y se refiere, en conjunto, a “las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia”. Aragón no ha elaborado ley de concordia alternativa, porque cree que no hace falta más que un “plan”. Pero cuando los tres relatores analizan en apartados específicos qué ha hecho cada una de esas regiones, se refieren específicamente a la ley 1/2024 de derogación de la norma anterior, que examinan al detalle, enumerando todo lo que, según esa norma ya publicada en el Boletín Oficial de la comunidad, ha quedado “suprimido” y los efectos que supone desde su punto de vista como expertos en legislación internacional de Derechos Humanos.

5. “En definitiva, se trataba de un texto normativo que sembraba la división y la confrontación entre los aragoneses”.

No consta que la normativa regional anterior, al igual que las leyes de memoria en otras comunidades o en el conjunto del Estado haya provocado tales enfrentamientos. En todo caso, la ley derogada por el bipartito de PP y Vox en Aragón cita expresamente, en el apartado de víctimas, “la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas de 16 de diciembre de 2005″, que establece “los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” y recomienda a “órganos legislativos”, entre otros, su aplicación.

Preguntado este lunes por esta carta, Azcón encontró similitudes entre dictadura y democracia: “La dictadura de Franco fue una parte de la historia como lo fue la II República y no son periodos que sean pacíficos desde ningún punto de vista”.

La dirección del PP sigue restando valor al informe

Además de las falsedades que contiene la carta redactada por Azcón, la misiva contradice los argumentos esgrimidos por la dirección del Partido Popular para infravalorar el informe redactado por los tres relatores de la ONU. Desde Génova han insistido en la premisa de que el texto no es un verdadero dictamen de Naciones Unidas, con un razonamiento en el que se ha reafirmado el portavoz del PP, Borja Sémper, este lunes. “Hemos asistido estos días a un bulo: no estamos hablando de un informe de la ONU, estamos hablando de tres relatores que de manera independiente y autónoma toman la decisión de escribir un informe”, ha dicho el dirigente popular en rueda de prensa.

El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, ha seguido la misma línea al incidir en que el informe corresponde a “expertos independientes que hacen este tipo” de dictámenes “de forma voluntaria”. “Por lo tanto, creo que hay que circunscribir exactamente la cuestión”, ha apostillado en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. En su carta al secretario general de Naciones Unidas, Azcón se refiere al texto de los relatores en estos términos “el informe de la respetable organización que usted lidera”, aunque, a preguntas de los periodistas, este lunes declaró: “Es difícil de entender que haya relatores, no Naciones Unidas, sino relatores de Naciones Unidas que opinen de lo que ocurre en Aragón sin haber hablado con el Gobierno de Aragón”.

En Castilla y León y Comunidad Valenciana la aprobación de estas leyes se prevé para después de las elecciones europeas conforme a los plazos parlamentarios, por lo que el debate sobre esta cuestión quedaría fuera de foco durante la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio. “Que sean las propias Cortes autonómicas las que tomen sus decisiones conforme a sus reglamentos y a lo que consideren oportuno”, ha agregado Sémper.