El PP acusa a la ONU de mentir en el informe donde censura la derogación de las leyes de memoria pactadas con Vox

El PP ha criticado con dureza a la ONU por el informe redactado por tres de sus relatores especiales contra la decisión del PP y Vox de derogar las leyes de memoria histórica en varias comunidades donde gobiernan juntos ―Castilla y León, Aragón y la Comunidad Valenciana―. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha dicho que el texto contiene “errores de bulto” porque en la comunidad no se está tramitando una ley, sino un “plan de concordia”. “Lo que dice es mentira, debería haber más seriedad. Esto deja en mal lugar a la ONU, que no ha contado con Aragón para hacer este informe”, señala Azcón.

En realidad, el informe de la ONU se refiere a una ley que sí ha aprobado el Parlamento de Aragón: la que deroga la ley de memoria anterior, publicada en el Boletín Oficial de la comunidad el pasado 29 de febrero bajo el título de “Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón”. Según ese texto quedan suprimidos: “el censo de memoria democrática, las rutas de memoria democrática, el inventario de lugares y rutas democráticas y el Centro de Investigación de la memoria democrática de Aragón”, así como “el portal web institucional del Ejecutivo sobre memoria democrática”. Además, deroga las actuaciones en el ámbito educativo previstas en la ley de memoria y por tanto la enseñanza de las consecuencias de la represión franquista. “Aquellas actuaciones en marcha en el momento de entrada en vigor de esta ley serán canceladas o sustituidas por actuaciones sobre la historia de Aragón”, afirma esta norma, que elimina así todos los avances educativos para explicar el franquismo a los estudiantes.

Sin embargo, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, del PP, ha calificado este viernes de “bulo” que se ha ya eliminado el mapa de lugares de memoria o la web de memoria democrática, pese a que así lo establece la ley derogatoria ya publicada. La consejera de presidencia, Tomasa Hernández, ha llegado a asegurar que la web “se mantendrá”, pese a que la nueva norma dice lo contrario. Vaquero ha acusado al Gobierno de “suministrar a la ONU una información sesgada, partidista con la única intención de seguir haciendo una política de trinchera”. Los autores del informe confirman a este periódico que se han limitado a analizar textos legislativos oficiales de esas tres comunidades autónomas, no escritos del Gobierno de España. Para defenderse de la acusación de los relatores de “invisibilizar” las violaciones de derechos humanos, Vaquero ha defendido ―sin querer― la ley estatal de memoria: “No es verdad. De hecho estos derechos humanos estarían igualmente contemplados en la ley de memoria democrática nacional, que es la que están aplicando otras comunidades autónomas que no tienen ley de memoria”. En la misma línea se pronunció la consejera de Presidencia: “En Aragón se aplica la ley de memoria democrática estatal”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha afirmado que “equiparar víctimas con verdugos es lo contrario a la concordia” A través de la red social X, Sánchez ha añadido: “Igualar dictadura a democracia es lo contrario a la verdad. El retroceso que representan los gobiernos autonómicos de Feijóo y Abascal no son una amenaza sino una realidad”. “El Gobierno de España defenderá la memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo”, ha agregado.

El PP se ha ido deslizando hacia las posiciones de Vox, que rechaza condenar el franquismo, y finalmente ha pactado con ese partido leyes regresivas en cuestiones de memoria histórica que en el caso de Castilla y León, por ejemplo, derogan una normativa promovida por el propio PP cuando gobernaba con Ciudadanos. El decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León lleva, precisamente, la firma del presidente autonómico de entonces, el popular Juan Vicente Herrera. Alberto Núñez Feijóo ha recomendado a Naciones Unidas que lea “los textos”, y ha llevado el asunto al terreno del terrorismo de ETA. “Para el Partido Popular”, afirmó, “los 40 años de Franco han sido una dictadura y que ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica. No vamos a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista. Lamentablemente el gobierno tiene un compromiso con Bildu, no se puede hablar de banda terrorista, nosotros sí”.

El presidente de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, también ha cargado con dureza contra la ONU: “Entiendo que [los relatores] ni se habrán leído la ley valenciana ni conocerán la realidad valenciana. Este presidente en estos 9 meses ha firmado 422 exhumaciones”. El informe analiza con detalle el texto legislativo valenciano, y critica, por ejemplo, que incluya a colectivos ya protegidos por otras normas, como el de las víctimas del terrorismo, lo que a su juicio “desvirtúa” el objetivo. Respecto a las exhumaciones el nuevo texto afirma expresamente que “los procesos de memoria democrática iniciados y no concluidos al momento de la entrada en vigor de la nueva ley, serán suprimidos de manera automática, a excepción de las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas”.

Desde Vox también han defendido estas leyes para atacar a la ONU. “Es un informe que evidencia para qué sirven estos organismos globalistas y es para auxiliar a los gobiernos obedientes con la Agenda 2030 cuando necesitan una cortina de humo. Vox no va a ceder ni un milímetro en la defensa de la memoria de todas las víctimas de violencia, en la protección de la concordia y la unidad entre españoles, y en preservar la libertad que tanto han atacado las leyes de memoria del consenso progre”, señalaron fuentes de este partido.

El informe anima al Gobierno central a actuar, y esto ha servido para que el Ejecutivo salga en tromba contra el PP y Vox. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este viernes en Las Palmas de Gran Canaria que la próxima semana comunicará al Gobierno de Aragón la interposición del 33.2, el artículo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que regula la invocación de la Comisión Bilateral entre el Ejecutivo central y uno autonómico. El objetivo, según Torres, es que el texto “entre lo que es el respeto de los derechos humanos y vuelva al cauce de la defensa de lo que son las condenas del totalitarismo y de la dictadura”, según explicó

Si el Ejecutivo regional del Partido Popular y Vox rehúsa sentarse, o las reuniones concluyen sin acuerdo, el ministro recalcó su determinación de acudir al Constitucional, y subrayó que procederán de igual manera en cuanto se presenten las leyes de la Comunidad Valenciana y en Castilla y León. “El informe de la ONU es demoledor”, insistió Torres. “Estamos ante una sumisión del PP a la ultraderecha. Esto va mucho más allá de las leyes de memoria. Va de la amenaza de que crezcan en Europa y en países como el nuestro visiones de que la política les pertenece y de que el totalitarismo debe vencer a la democracia”.

Las llamadas leyes de concordia del PP y Vox son una clara reacción política a la ley de memoria democrática del Gobierno, que ambos partidos han rechazado, pero el Ejecutivo insiste en que no pueden ir en contra de una norma estatal. El Gobierno también ha pedido amparo a instancias europeas y señala que los miembros del Partido Popular Europeo tienen una posición nítida en temas de memoria y de rechazo sin matices a las dictaduras fascistas que dominaron Europa en los años 30 y que en el caso español y de Portugal -otro país donde la derecha no tiene dudas en la condena rotunda- , se extendieron hasta mediados de los 70.