Sánchez y el Vaticano muestran voluntad de “diálogo” para que la Iglesia española afronte las indemnizaciones por pederastia

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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Pedro Sánchez ha ido al Vaticano para intentar desatascar dos asuntos complejos donde choca con la Iglesia española: la respuesta a los casos de pederastia y el pago de indemnizaciones a las víctimas; y, dos, la “resignificación” del valle de Cuelgamuros, antes llamado Valle de los Caídos, donde el Gobierno quiere desalojar a la comunidad benedictina. El presidente se ha entrevistado hoy viernes con el Papa, durante un encuentro de 35 minutos, y en su posterior reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, cuando se entra en el detalle de las cuestiones a tratar, ha abordado ambos aspectos, en los que, ha dicho, están “trabajando conjuntamente con la Iglesia católica”. “Hemos manifestado nuestra absoluta predisposición a llegar a un acuerdo con la Iglesia católica para resolver estas dos cuestiones”, ha dicho Sánchez, tras una reunión de casi una hora con el número dos de la Santa Sede. El Vaticano, cuya política suele ser respetar la autonomía de la Iglesia de cada país para gestionar sus problemas, ha explicado que han hablado para buscar “un diálogo fructífero” entre la Iglesia española y el Gobierno.

En realidad, en el primer asunto, el escándalo de la pederastia en la Iglesia, más que trabajar juntos, el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE) han chocado frontalmente, con duros cruces de acusaciones. El motivo es el método para llevar a cabo la indemnización de las víctimas, un punto clave donde la discusión está bloqueada. Cuando el Ejecutivo presentó en abril su plan de compensación, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, señaló que se seguirían las recomendaciones del informe presentado por el Defensor del Pueblo en 2023, con la creación de un órgano independiente para atender a las víctimas y decidir las indemnizaciones que recibirán, para que luego sea la Iglesia católica quien las pague. Sin embargo, los obispos respondieron que no pensaban participar en ese plan si no contemplaba resarcir también a todas las víctimas de pederastia, no solo a las de la Iglesia, y que en ese caso actuarían por su cuenta. La CEE afirmó que el plan oficial “parte de un juicio condenatorio sin ningún tipo de garantía jurídica” y supone “un señalamiento público” del Estado.

Luego los obispos presentaron su propio plan en julio, bautizado como Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho (PRIVA), y entonces Bolaños les advirtió mediante una carta que el Gobierno “no aceptará ninguna fórmula unilateral” que no contemple la supervisión y el control del Estado.

En medio de esta situación de bloqueo y desconfianza mutua, Pedro Sánchez ha acudido al Vaticano para abordar, según ha dicho, “la aplicación, el desarrollo del informe y las conclusiones del Defensor del Pueblo, donde se planteaban una serie de recomendaciones”. Sin embargo, no ha dado detalles de la reunión, y simplemente ha proseguido: “La voluntad del Gobierno de España es la de llegar a un acuerdo y la de implementar las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, donde no solamente hay una amplísima mayoría de grupos parlamentarios que lo respaldan y lo aprueban, sino que cuentan también con la aprobación y respaldo de muchas de las víctimas de esas agresiones”. Una alusión velada a que el plan de la Iglesia, por su parte, no cuenta con el apoyo de las principales asociaciones de afectados.

La versión del encuentro del Vaticano llegó a través de uno de sus breves comunicados, donde el punto más relevante era el interés en “fomentar un diálogo fructífero” entre las dos partes. Decía así: “En un ambiente de cordialidad, la reunión en la Secretaría de Estado permitió intercambiar puntos de vista sobre las relaciones bilaterales y las cuestiones de interés común, con el fin de fomentar un diálogo fructífero entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales, además de entre los distintos componentes de la sociedad civil”. En resumen, voluntad de “acuerdo” y de “diálogo” por ambas partes. Pero ahora habrá que ver cómo se desbloquea la situación en España, porque ni la Iglesia ni el Gobierno parecen querer dar su brazo a torcer.

El segundo tema tratado por Sánchez y Parolin tampoco era sencillo: “el desarrollo de la ley de memoria democrática” con la “resignificación” del valle de Cuelgamuros, “algo que evidentemente queremos hacer de la mano de la Iglesia católica”, explicó el jefe del Ejecutivo. El Gobierno ha planteado desalojar a la comunidad benedictina que lleva el monasterio construido en ese lugar, dentro del proyecto de reforma del recinto que comenzó con el traslado de los restos de Francisco Franco, en 2019, pero ha encontrado oposición.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, fue muy claro sobre los benedictinos en una entrevista a EL PAÍS del pasado mes de mayo: “Queremos que se vayan. Estamos hablando con ellos y con las autoridades eclesiásticas. Debe ser un centro laico que sirva para explicar la guerra y lo que vino después. No cabe que se queden. (...) No quieren irse, hay cierta resistencia, pero también la hubo para exhumar los restos de Francisco Franco y al final la justicia lo avaló”.