Fernando Martínez: “De ninguna manera Lasa y Zabala son víctimas del franquismo”

Para atacar a la Ley de Memoria Democrática, un diputado de Vox, Francisco José Contreras, llegó a sugerir esta semana en el Congreso que la ejecución -a garrote vil- del anarquista Salvador Puig Antich en 1974 estuvo justificada. El expresidente del Gobierno José María Aznar sostuvo que es una norma “hecha por terroristas y pactada con terroristas”. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, la presentó como el proyecto “infame” de “los hijos de ETA”. El texto se aprobó con los votos del PSOE, Unidas Podemos, el PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País y Compromís, pero el apoyo de la formación abertzale y la inclusión de una disposición adicional que prevé estudiar violaciones de derechos humanos hasta 1983 fue utilizado por la derecha para denigrar su contenido. La ley, de 65 artículos, prevé, entre otras cosas, que el Estado asuma todo el proceso de localización de desaparecidos en fosas comunes, incluyendo la expropiación temporal de terrenos y la creación de un banco de ADN; la elaboración de un censo oficial de todas las víctimas; la anulación de las sentencias franquistas; la supresión de títulos nobiliarios vinculados a los golpistas; una auditoría de bienes incautados; un inventario de las empresas que se beneficiaron de la mano de obra presa o la inclusión de la represión en los libros de texto. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (Vélez-Blanco, Almería, 73 años), historiador, desmiente los bulos aireados durante el debate político y aclara las principales novedades de la norma, que ha contado con el asesoramiento del relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff.

Pregunta. ¿Para qué casos está pensada la disposición adicional que habla de crear una comisión técnica que estudie supuestos de vulneración de derechos humanos desde la entrada en vigor de la Constitución hasta diciembre de 1983?

Respuesta. El ámbito temporal de la ley es de 1936 a la promulgación de la Constitución. Esa disposición adicional está pensada para reconocer a víctimas de violaciones de derechos humanos que trabajaron por la consolidación de la democracia y la defensa de los valores democráticos a partir de 1978 y que no podían acogerse a la ley. Por ejemplo, Yolanda González, del Partido Socialista de los Trabajadores, que fue asesinada por la extrema derecha después de ir a una manifestación en 1980. Los autores fueron condenados, judicialmente está resuelto, pero esta ley le aporta un reconocimiento de la democracia por la que ella luchó. Otro ejemplo es el del líder vecinal Arturo Pajuelo, que ayudó a organizar tejido democrático y fue asesinado a puñaladas ese mismo año.

P. ¿Eso incluye a los GAL? ¿Considera a Lasa y Zabala víctimas del franquismo?

R. No, de ninguna manera. Fueron víctimas de los GAL, que se juzgaron y fueron condenados. La sentencia los reconoce [a Lasa y Zabala] como miembros de ETA. No caben en esta ley porque ETA no luchaba por la consolidación de la democracia, sino para desestabilizarla.

P. ¿Quién integrará esa comisión de estudio y quién elegirá a sus miembros?

R. Ahora la ley se tiene que aprobar en el Senado y luego el Gobierno fijará los criterios, pero es una comisión técnica, de expertos, no de políticos.

P. ¿Cómo se gestó esa disposición adicional durante la negociación de las enmiendas?

R. Una asociación de víctimas de la Transición nos había planteado esa extensión temporal. También lo hicieron casi todos los grupos nacionalistas y de izquierdas. Bildu quería llevarla prácticamente hasta la actualidad. El PSOE y Unidas Podemos planteamos en una enmienda que esa comisión técnica abarcara hasta 1982, nos pidieron hasta 1983 y dijimos que sí. Fue una propuesta nuestra, para que nadie pudiera acusarnos de que solo se estudiarían violaciones de derechos humanos de la época de UCD. Y a esa propuesta se sumaron otros grupos, entre ellos, Bildu.

Confrontar a unas víctimas con otras, como ha hecho Feijóo, es una auténtica obscenidad

P. ¿Lamenta que el apoyo de EH Bildu haya servido para contaminar el debate de la ley?

R. Sin duda. Bildu ha sido la excusa para no repudiar el franquismo y no reconocer a sus víctimas; y, antes de Bildu, la excusa fue que nos estábamos cargando la Transición y el pacto constitucional, cuando el texto los ensalza nítidamente. Confrontar a unas víctimas con otras, utilizar de esa manera a las víctimas del terrorismo, como ha hecho Feijóo, es una auténtica obscenidad.

P. ¿Hubiesen preferido no tener que contar con el apoyo de Bildu? ¿Intentaron convencer al PP?

R. Yo me reuní en mi despacho con Jaime Miguel Mateu Istúriz, del PP, y durante dos horas le expliqué el anteproyecto de ley. Me dijo que su líder [entonces Pablo Casado] había dicho que la iba a derogar. Es algo muy preocupante, porque los homólogos europeos del PP, partidos democráticos conservadores, no tendrían ningún problema en firmar esta ley que ancla las recomendaciones del derecho internacional humanitario, del informe del relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff y de las recomendaciones de la Comisión sobre desapariciones forzosas.

P. ¿Llegó el PP a enseñarle algo del proyecto alternativo que han vendido en sus programas, lo que llaman la “ley de concordia”?

R. No. Yo expuse el contenido de la ley y me quedé bastante cortado porque me dijo que la iban a derogar. Es una pena. Mucha gente está hablando de oídas, sin leerla. Solo pedimos que antes de opinar, se la lean. No esto de: “No me la he leído pero no me suena bien”.

P. ¿Le decepcionó que dijera eso Felipe González?

R. Eso ha pasado con bastante gente. Salió hasta un manifiesto [contra la ley] y al hablar con algunos de los firmantes, alguno me reconoció que no se la habían leído y luego retiraron su firma. A Felipe González le tengo un gran respeto por la tranformación del país que supusieron sus gobiernos, pero sí me gustaría, y lo digo con todo el cariño, que si no se ha leído la ley, se la lea.

No vamos a retirar la cruz del Valle de los Caídos porque es el mejor símbolo para explicar qué fue el nacional catolicismo

P. Otra de las críticas que hace la derecha es que es una ley solo para víctimas de un bando. ¿Qué ocurriría si los familiares de un desaparecido de la guerra en zona republicana piden ayuda al Estado para localizarlo?

R. La ley, cuando habla de víctimas, habla de todas lsa víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Actuaremos de la misma manera con los desaparecidos del bando nacional. Lo que ocurre es que en los años cuarenta esas víctimas ya fueron exhumadas. Si queda alguna, intervendremos, pero las fosas que quedan por abrir son las de víctimas republicanas.

P. Porque Franco legisló sobre lo que hoy llamamos memoria histórica: encargó un censo de desaparecidos, un protocolo de exhumaciones...

R. Efectivamente. La dictadura desarrolló una potentísima legislación de memoria, pero solo para sus víctimas, las del bando vencedor, los llamados caídos por Dios y por España, que fueron exhumadas y reparadas económica y simbólicamente: tenían un día de recuerdo, un gran monumento, el Valle de los Caídos… Y mientras eso ocurría, las víctimas republicanas fueron criminalizadas, estigmatizadas, invisibilizadas y muchas de ellas arrojadas a fosas comunes. El tratamiento fue totalmente asimétrico. El Gobierno de la Comunidad de Madrid nos ha planteado un caso para una subvención que permita estudiar el trazado de un ferrocarril con fuerza de trabajo penada perteneciente al bando nacional. Lo hemos admitido.

P. ERC, que se ha abstenido en la votación, reclamaba la derogación de la ley de amnistía de 1977. ¿Por qué no se ha hecho?

R. Algún partido pidió la derogación total y otros la derogación parcial. La postura del PSOE es que la ley de amnistía no se toca porque fue la gran reivindicación histórica del antifranquismo, porque la aprobó un parlamento democrático y porque hay que tener en cuenta los principios jurídicos básicos de seguridad jurídica e irretroactividad. Lo que planteamos es que esa ley se tiene que aplicar conforme al artículo 10. 2 de la Constitución española, que establece que las normas relativas a los derechos fundamentales se aplicarán de conformidad con los tratados internacionales ratificados por España y el derecho internacional humanitario.

P. Según esos criterios, los crímenes de lesa humanidad no presciben.

R. Lo que planteamos es todo lo que haya ratificado España. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de fallar en contra de Gerardo Iglesias [dirigente comunista torturado durante el franquismo] porque en ese momento España no había ratificado la convención de derechos humanos y sus protocolos.

Es la primera vez que la legislación garantiza el derecho a la investigación de los crímenes del franquismo

P. Algunas asociaciones memorialistas insisten en la impunidad de los crímenes del franquismo. ¿Por qué no se ha hecho aquí lo que sí se ha hecho en otros países como Argentina?

R. Esta ley establece el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general a la verdad, es decir, a conocer lo que ocurrió con un asesinado o a la víctima de una violación grave de derechos humanos. Es la primera vez que la legislación española garantiza esto. También es la primera vez que se garantiza el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y la dictadura hasta 1978 a través de un fiscal de sala de memoria democrática. Y luego hay que ser rigurosos, los victimarios de los crímenes del franquismo están muertos.

P. La ley especifica que la anulación de las sentencias franquistas no dará derecho a indemnizaciones. ¿Por qué?

R. La anulación de las sentencias no sirve para pedir indemnizaciones, pero desde la instauración de la democracia hay políticas de memoria con reparaciones de carácter económico para las víctimas. Empiezan con Adolfo Suárez y se han ido ampliando. La cuantía total ronda los 25.000 millones de euros, incluyendo las reparaciones por estancias en prisión, las pensiones a las viudas de fusilados, las depuraciones profesionales… Pero puede haber ciertas lagunas y por eso hemos introducido una disposición adicional que prevé crear una comisión técnica para estudiar las indemnizaciones otorgadas por la Administración General del Estado y las comunidades autónomas por si hubiera algún déficit que subsanar.

Tiene poco sentido que los benedictinos continúen en el Valle de los Caídos

P. ¿Qué pasará con la comunidad benedictina en el Valle de los Caídos?

R. La ley plantea la extinción de la llamada Fundación del Valle de los Caídos y la creación de un nuevo estatus jurídico a través de un real decreto que se tiene que hacer una vez que la norma se apruebe definitivamente. Ahí se contemplarán todos los supuestos del nuevo funcionamiento.

P. ¿Tiene sentido que los benedictinos continúen allí teniendo en cuenta su actividad y su actitud estos años?

R. Tiene poco sentido. Evidentemente, su función no ha estado dentro del marco de los valores democráticos y los principios constitucionales.

P. Vox promete volver a construir la cruz del mausoleo, pero no está previsto retirarla. ¿O sí?

R. El Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros, es un lugar de memoria donde yacen miles de víctimas y merece un respeto, que nadie frivolice. Planteamos resignificarlo y eso es darle otra lectura, explicar quién lo construyó (es decir, mano de obra presa), en qué momento histórico, con qué intención… Ese monumento es, entre otras cosas, la expresión de la simbiosis entre religión y política, el nacionalcatolicismo, y su cruz, el mejor símbolo para explicar lo que fue. No tendría sentido retirarla, como tampoco lo tiene retirar los hornos crematorios de un campo de concentración, y no lo vamos a hacer.

P. ¿Cuándo se retomarán los trabajos para tratar de recuperar los restos de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos sin consentimiento familiar?

R. Se han levantado las medidas cautelares que nos impidieron hacerlo cuando ya teníamos todo preparado. Ahora estamos pendientes de la aclaración jurídica de la licencia. Hay 104 peticiones de familiares, por cierto, de los dos bandos, para recuperar los restos y una comisión de trabajo que cuenta con los mejores forenses: Francisco Etxeberria, José Luis Prieto, Enrique Dorado, Fernando Serrulla, Elisa Ruiz-Tagle, Ignacio Galtes y Elisa Cabrerizo. Pero hay que advertir que es difícil, porque en algunas criptas los restos están en muy malas condiciones, aunque vamos a hacer todo lo posible por devolverlos a sus familias.

P. Ese plan para tratar de devolver los restos a los familiares que los reclaman incluye reparar todos los osarios.

R. Sí. Transferimos 600.000 euros para las exhumaciones y para adecentar los osarios porque algunas criptas están en muy malas condiciones y por respeto absoluto a todos los cadáveres.

La Fundación Franco ha hecho apología del franquismo

P. ¿Qué se considera apología del franquismo?

R. Enaltecer el franquismo, el golpe de Estado, la guerra y la dictadura de forma que suponga una humillación a las víctimas no entra dentro de los intereses generales de una fundación o asociación y cuando ocurra se abrirá un proceso jurídico para su extinción.

P. ¿Tiene la Fundación Franco alguna posibilidad de sobrevivir?

R. Hay unos pasos jurídicos. Desde luego, si hace apología del franquismo...

P. ¿La ha hecho hasta ahora?

R. Pues claro que la ha hecho.

P. La ley establece un nuevo régimen sancionador. ¿Qué herramientas tiene el Estado si una comunidad gobernada por partidos que se oponen a la norma se niega a cumplirla?

R. La ley establece todos los supuestos de sanciones graves, muy graves y leves y eso afecta a todas las personas físicas y jurídicas. La ley está para cumplirla y por eso se ha añadido ese régimen sancionador. Todos los cargos públicos hemos jurado o prometido cumplir la ley y hacerla cumplir.

La memoria democrática se incluirá en los procesos selectivos de los empleados públicos

P. La norma también prevé planes de formación en memoria democrática dentro de la Administración. ¿A qué sectores están dirigidos?

R. Se prevé que haya formación para el profesorado y que la memoria democrática esté en los procesos selectivos de los empleados públicos con un temario específico. Es fundamental para crear una conciencia profundamente democrática. Porque la ley no es una mirada hacia atrás, sino una apuesta por el presente y el futuro de la democracia y por la convivencia frente a posturas negacionistas y totalitarias.