Historia inacabada de Puig Antich

Tras 20 minutos de agonía, moría en la cárcel Modelo de Barcelona Salvador Puig Antich, el último ejecutado a garrote vil en España. Corría el 2 de marzo de 1974. Tenía 25 años. Cuatro décadas después, el profesor de historia de la Complutense Gutmaro Gómez Bravo presenta Puig Antich. La transición inacabada (Taurus), un libro que, revisando documentación policial, judicial y diplomática sobre aquella “ejecución política”, pretende “desmentir los tópicos de un episodio que marcó la hoja de ruta del final de una dictadura incapaz ya de mantenerse sin el uso de la fuerza”, en palabras de su autor. Le arroparon en la presentación de la obra ayer en la Fundación Bertelsmann, Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo del Grupo PRISA y de EL PAÍS y académico de la lengua, y Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo.

El historiador considera que el asesinato del almirante Carrero Blanco, cometido por ETA siete semanas antes, “influyó evidentemente” en la pena de muerte dictada por un tribunal militar contra el joven militante del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación), acusado de haber matado al subinspector de policía Francisco Anguas. Pero el libro recuerda que cuando ETA hizo volar por los aires el coche del entonces presidente del Gobierno, el 20 de diciembre de 1973, un fiscal militar había solicitado ya dos penas de muerte para Puig Antich. Su ejecución fue “mucho más que una simple venganza”, concluye.

¿Por qué recuperó entonces el régimen franquista un método de ejecución que había utilizado por última vez en 1959, con una envenenadora y con el asesino de cuatro personas, entre ellas una embarazada? ¿Por qué fue juzgado Puig Antich por la jurisdicción militar? ¿Por qué no sirvió de nada la presión de la Iglesia o las amenazas para frenar la integración de España en el entonces Mercado Común Europeo? ¿Por qué no se movilizó ningún partido?

El autor argumenta que el Régimen nunca consideró levantar aquella pena de muerte porque en aquel momento le interesaba aplacar a la extrema derecha -que entonces salía a manifestarse al grito de “¡No queremos apertura. Queremos mano dura!”- y congraciarse con el Ejército y la Policía -varios agentes acudieron al hospital donde curaban a Puig Antich de varias heridas de bala recibidas durante el tiroteo en el que murió el subinspector Anguas con la intención de llevárselo para darle “el paseo”, como en la Guerra Civil-. Para apoyar su interpretación, cita Gómez Bravo informes como este que el embajador estadounidense, Horacio Rivero, envió a su secretario de Estado, Henry Kissinger: “El interés del Gobierno en el orden público y su sensibilidad a las presiones de la extrema derecha explican la decisión de ejecutar al anarquista catalán Puig Antich”.

Cebrián recordó que el mismo día, a la misma hora y por el mismo método, fue ejecutado el polaco Heinz Chez, condenado por la muerte de un guardia civil. Probablemente, sugirió el académico, el preso habría tenido un final distinto de no haberlo necesitado el Régimen para disimular las implicaciones políticas de la ejecución de Puig Antich. 

Además de analizar toda la instrucción del caso, Gómez Bravo se detiene en su libro en el fallido proceso de revisión, cuando tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional rechazaron los recursos de la familia  Puig Antich para que la justicia estableciese, ya en democracia, que aquel juicio militar contra su hermano había sido una farsa.

El subinspector Anguas falleció en un tiroteo entre cinco agentes y Puig Antich producido en los seis metros cuadrados del portal 70 de la calle Girona de Barcelona. Para apoyar su recurso de revisión, el abogado de la familia presentó una infografía elaborada por dos peritos que mostraba que los disparos se produjeron desde distintos ángulos y que era imposible determinar si había sido Puig Antich quien había matado a Anguas. Las armas de los agentes implicados en el tiroteo nunca llegaron a ponerse a disposición del tribunal militar que le condenó a muerte y los casquillos desaparecieron. La autopsia del cadáver del subinspector, que tenía cinco impactos de bala, se realizó en una comisaría.

Juanes, que participó en la revisión del caso ante el Supremo y consideró entonces que había base suficiente para admitir el recurso de la familia Puig Antich, aseguró ayer, durante la presentación del libro, que los magistrados tienen hoy muy poco margen, más allá de la presentación de "hechos nuevos" para revisar este tipo de procesos. Así, recordó que la ley de memoria histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, declaró "ilegítimos" los tribunales franquistas, pero no anuló las condenas que habían impuesto, por lo que considera "prácticamente imposible” que puedan revisarse esos juicios, como reclaman, desde hace años, decenas de familiares de represaliados.

El autor del libro recordó que los miles de paseados y fusilados del franquismo que permanecen en fosas comunes sin abrir convierten a España en el segundo país del mundo con más desaparecidos, solo por detrás de Camboya, y en una "anomalía" mundial, que le ha valido al Gobierno varios reproches de la ONU.

En un momento en que la Transición española recibe múltiples reproches en algunos sectores de la opinión pública, Cebrián quiso defenderla:  “Quienes la critican se olvidan de que ese fue el verdadero final de la Guerra Civil; la reconciliación entre los hijos de los vencedores y los hijos de los vencidos”, dijo. La falta de reparación a las víctimas del franquismo fue "el precio" que tuvo que pagar la izquierda a cambio de que los fascistas aceptaran un proceso democrático que devolviera la soberanía al pueblo, añadió. "Deberíamos tratar de hacer un esfuerzo colectivo por recuperar la memoria y aprender de esa victoria histórica tras una Guerra Civil que duró 40 años y generó una fractura de la que todavía no hemos sabido recuperarnos", concluyó Cebrián.