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Planes para el Valle de los Caídos después de Franco

El Gobierno quiere llevar la tumba de Primo de Rivera a una cripta del mausoleo, sustituir el convenio con los benedictinos y crear un centro de memoria

La tumba de José Antonio Primo de Ribera. En vídeo, declaraciones de Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones, este viernes, tras el Consejo de Ministros.

El Valle de los Caídos se rige todavía por los mismos preceptos que el Régimen dejó atados y bien atados. Los sucesivos Gobiernos democráticos han invertido millones de euros de dinero público en la financiación de un monumento que hoy no cumple una función distinta de la del día en que se inauguró: inmortalizar la victoria franquista en “la Cruzada”. La exhumación y traslado de los restos de Franco resolverá este mes esa anomalía, que está a punto de cumplir 44 años; el Valle de los Caídos dejará de pertenecer a un dictador y será la democracia la que decida, por primera vez, qué hacer con el monumento.

El primer paso es disolver la llamada Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada por un decreto ley de agosto de 1957 para “rogar a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional, impetrar las bendiciones del Altísimo para España y laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres sobre la base de la justicia social cristiana”. Dicha tarea se encomendó a la comunidad benedictina, que recibe una subvención de 340.000 euros al año de la Administración.  En 1982, la ley reguladora de Patrimonio Nacional estableció una disposición adicional por la que se autorizaba al Gobierno a “adecuar” la fundación y disponer “cuando proceda su integración en el Patrimonio del Estado”. Pero nunca llegó a ejecutarse en la práctica. El Gobierno baraja ahora distintas posibilidades: que dependa estrictamente del Ejecutivo o buscar un nuevo convenio con la Iglesia (el vigente con los benedictinos es de 1958) en el que ambas partes adapten sus actuaciones civiles y religiosas al nuevo significado que se pretende dar al conjunto. En ese convenio se podría sustituir a la comunidad benedictina por otra institución de la Iglesia, regular o secular.

“Yo no excluiría la posibilidad de romper el convenio actual y dejarlo todo como cementerio municipal [en la actualidad, la basílica es un cementerio religioso y las criptas donde yacen 33.800 personas, un cementerio civil], afirma Hilari Raguer, benedictino e historiador que participó en 2011 en el comité de expertos nombrado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para transformar el Valle de los Caídos. “Estaría bien una presencia religiosa que rezara por todas las víctimas, pero tiene que ser una comunidad que no se oponga a la reinterpretación del monumento, que se sienta cómoda”, explica el benedictino tras la amenaza de atrincheramiento del prior, Santiago Cantera.

El Gobierno también pretende trasladar la tumba de José Antonio Primo de Rivera del lugar preeminente (frente a Franco) de la basílica donde se encuentra hasta una de las criptas del mausoleo. Pero no será ahora, ya que el Ejecutivo ha decidido separar ambas operaciones. En 2011, el comité de expertos de Zapatero ya argumentó que el fundador de Falange, capturado, encarcelado en una cárcel republicana, condenado a muerte y fusilado en Alicante en noviembre de 1936, sí es una víctima, pero su ubicación preferente “quiebra el igual tratamiento debido a los restos de las personas allí enterradas”.

Una vez trasladados los restos de Franco al cementerio de El Pardo, el Valle de los Caídos dejará de ser un monumento a un dictador y las víctimas dejarán de compartir espacio con su principal verdugo, pero seguirá siendo un monumento en grave deterioro. “Está mal construido. Se hizo con muchas ansias de grandeza, pero malos materiales, y las humedades son tremendas”, explica Raguer. El Régimen financió parte de la construcción con lo que llamaba la suscripción nacional (un canal de donaciones abierto durante la Guerra Civil) y el trabajo de presos. El coste total de las obras, que se prolongaron durante 18 años, fue de 1.086.460.331 pesetas (el equivalente a aproximadamente 247,5 millones de euros hoy). El comité de expertos estimó en 2011 en más de 13 millones de euros el coste de una rehabilitación básica del conjunto monumental y de los grupos escultóricos. Las filtraciones de agua en algunas de las criptas donde yacen más de 33.800 restos humanos han deshecho cajas madera y mezclado los huesos. En esa intervención del Gobierno en el mausoleo también se incluye la dignificación de esos espacios y la devolución a sus familiares de los restos de republicanos que el Régimen extrajo sin su consentimiento de fosas comunes. Y aquí, avisan los familiares —como Mercedes Abril, de 86 años, que quiere recuperar a su padre, o Manuel Lapeña, de 95, que desde 2016 tiene una sentencia judicial que ordena exhumar a su padre y a su tío— la democracia también va tarde.

A partir de ahí, el Ejecutivo, ahora en funciones y con los presupuestos de 2018 prorrogados, no ha decidido de qué forma convertirá el Valle de los Caídos en “un lugar de memoria” y en todo caso, estos planes dependerán de qué pase en las elecciones del 10 de noviembre. El pasado verano, durante la reunión que Pedro Sánchez mantuvo con distintos colectivos y especialistas relacionados con la memoria histórica, como el forense Francisco Etxeberria, el antropólogo del CSIC Francisco Ferrándiz, miembro del comité de expertos sobre el Valle de los Caídos de 2011, pidió al presidente que fuera “valiente y ambicioso”, aunque la resignificación del monumento llevara tiempo. “El Valle de los Caídos es único en el mundo, no basta con poner una placa con todos los nombres de las víctimas. Exige un proyecto integral que trabaje capa a capa sobre el mejor ejemplo del nacionalcatolicismo. La construcción del monumento a las víctimas del holocausto de Berlín fue un proceso en el que se invirtieron 15 años de debate social y político”, explica Ferrándiz. “Hay muchos ejemplos internacionales, pero el reto es convertir el Valle de los Caídos en una joya pedagógica que explique qué fue el nacionalcatolicismo, quién construyó el monumento y para qué, qué pensaba Franco en 1940 cuando lo concibió por primera vez. Las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades. Los historiadores de mayor prestigio podrían elaborar una guía para que el público los escuchara en su visita al complejo mientras ve en su tablet o móvil imágenes de las obras de construcción, del entierro de Franco... Eso transformaría totalmente al tipo de visitante: ya no irían los ultras nostálgicos, y podría ser una herramienta muy potente para que la gente joven conozca su pasado”.

Una de las opciones para esa resignificación del Valle de los Caídos es convocar un concurso de ideas, incluso internacional, en el que puedan participar expertos que ya han transformado otros símbolos del totalitarismo en países con pasado trágico, como el español. La ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), el epicentro de las torturas y desapariciones de la dictadura argentina (más de 5.000 hombres y mujeres pasaron por allí) es hoy un museo de la memoria. Su directora, Alejandra Naftal, explicaba a EL PAÍS que el museo “sirve hoy como un centro de homenaje, pero también para molestar, para que la gente se haga preguntas. Tiene una función educativa”. Naftal cree que “España encontrará su camino”, pero advierte algunas importantes diferencias: “En Argentina esto es una política de Estado, venga el que venga. Partidos políticos que no coinciden en otras muchas cuestiones, sí lo hacen en esto”.

De benedictino a benedictino: “Hay que acatar la sentencia”

NATALIA JUNQUERA

Además de benedictino e historiador, Hilari Raguer, miembro del comité de expertos sobre el Valle de los Caídos, es licenciado en Derecho. Advierte a EL PAÍS que no desea pronunciarse sobre la posición del prior, Santiago Cantera, que amenazó por carta al Gobierno con negar la entrada al mausoleo para la exhumación de Franco. Pero es elocuente en su postura: “Es un proceso con todas las garantías, en el que todas las partes han tenido la oportunidad de presentar sus recursos. Cuando hay una sentencia del Supremo, hay que acatarla”.

El informe de 2011 del comité de expertos en el que participó recomendó el traslado de los restos de Franco, pero quedó en un cajón porque se presentó con el Ejecutivo socialista ya en funciones y cuando el PP ganó las elecciones, abandonó el plan. “Estoy muy contento”, señala Raguer. “Moralmente no podía consentirse un monumento a Franco y a la glorificación de la Cruzada”.

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