“Esto es una tortura psicológica”

Cuando le preguntan a Mercedes Abril, de 88 años, cómo está, dice: “Estoy esperando”. “Diez años desde que empecé a moverlo y antes de eso, toda la vida”. Con “moverlo”, se refiere a tratar de recuperar los restos de su padre una vez que supo que había sido trasladado al Valle de los Caídos sin el consentimiento familiar, como muchos otros republicanos. “Toda la vida” es desde los tres años, cuando en septiembre de 1936 la Guardia Civil se llevó a Rafael Abril, socialista, jefe de la estación de Clarés de Ribota (Zaragoza), y aquella niña no lo vio más. Le había denunciado un cura, quien le acusaba, entre otras cosas, de no haberse casado por la iglesia. Eusebia, que sí era su esposa, tenía entonces 27 años y estaba a punto de dar a luz. El bebé solo vivió 10 días. Ella sí tuvo una vida larga, pero dura. “Murió a los 101 y el día antes”, recuerda Mercedes, “me dijo cuánto le gustaría que se pudieran recuperar los restos. Yo le prometí hacer todo lo posible para enterrar a mi padre con ella. Y en eso estoy”.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de levantar las medidas cautelares que han impedido hasta ahora intentar satisfacer la última voluntad de Eusebia y de otras 103 familias, ha puesto “contenta” a Mercedes, pero enseguida añade: “No me fío. Cuando lo vea lo creeré. Son muchos años y cuando parece que ya se va a hacer siempre surge algún problema. Ahora los que se oponen a las exhumaciones dicen que nos atengamos a las consecuencias. Yo no temo a las amenazas, pero al tiempo sí”.

A Manuel Lapeña, que en 2016 consiguió que una sentencia reconociera su derecho a recuperar los restos de su padre y su tío del Valle de los Caídos, se le acabó el tiempo. Tenía 12 años cuando se los llevaron para matarlos con unos días de diferencia y murió el pasado septiembre, a los 97. En algún momento entre esos “problemas” que relata Mercedes y que han retrasado una y otra vez las exhumaciones en las criptas del mausoleo, Manuel perdió la memoria. Su hija Purificación recuerda que “cuando se le empezó a ir la cabeza”, repetía constantemente la última conversación que había tenido con su padre. “Me contaba: ‘Tu abuelo me dijo que no me preocupara, que no le iban a hacer nada porque él no había hecho nada. Salí a esperarlo a la puerta de casa, pero nunca volvió…”.

Silvino Gil: “Ya no queda nadie. Solo yo. Y eso duele”

A Purificación le gustaría poder enterrarlos juntos, pero, al igual que Mercedes, no se fía. “Siempre surge algún impedimento. Llevamos 12 años con esto”. Buscaron a Manuel y a Rafael Lapeña por fosas comunes hasta que gracias a un historiador descubrieron, con horror, que los restos habían sido trasladados al monumento franquista. Su marido, Miguel Ángel Capapé, presidente de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido, ARICO, se dirige a los responsables del último retraso, asociaciones profranquistas y antimemorialistas que presentaron recursos en cascada en los juzgados para impedir las exhumaciones: “Hemos visitado dos veces las criptas acompañados por forenses. En uno de los niveles de enterramientos que vimos, las cajas de madera estaban podridas y los huesos, mezclados. Quieren parar esto por un interés político. Les da exactamente igual cómo estén los restos”. El plan de la secretaría de Estado de Memoria democrática prevé, además de tratar de identificar a las víctimas que reclaman las familias, adecentar los columbarios del Valle de los Caídos, que hoy es la mayor fosa común de España, con más de 33.800 enterrados, el equivalente a la ciudad de Teruel.

Fausto Canales, de 88 años, fue uno de los pioneros. Recita de carrerilla todos los pasos que ha ido dando desde 2007 para tratar de recuperar los restos de su padre, Valerico, y de su tío, Victorino: la providencia de la Audiencia Nacional autorizando las exhumaciones en el Valle, que fue anulada; la querella argentina contra los crímenes del franquismo; el expediente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Canales Bermejo contra España… Y luego, la vía administrativa: cuando le concedieron el permiso para recuperar a su tío, pero no su padre; cuando por fin se lo dieron; cuando el Gobierno aprobó la partida para intervenir en las criptas y una cascada de recursos judiciales lo frenó. “Son 20 años peleando. Ahora hay voluntad política, pero también fuerzas poderosas intentando torpedearlo. A esa gente le diría que esto es, sobre todo, un asunto de humanidad. Somos gente normal pidiendo algo normal: enterrar a nuestros seres queridos con dignidad, donde queramos. Y les diría que mi madre, Virgilia, tenía 30 años cuando mataron a su marido y que desde entonces hasta que murió, a los 99, fue incapaz de hablar de él sin llorar. Nunca se volvió a casar”. Por ella y porque está convencido de que la suya es “una causa justa”, nunca en todo esto tiempo se ha permitido desanimarse. “Prefiero pensar en esos triunfos íntimos, pequeños, que ha habido en el camino y confiar en que esto pueda hacerse antes de que la derecha vuelva a gobernar”.

Silvia Navarro: “Me crie en Alemania y allí es inconcebible algo así. Nadie discutiría esto”

Porque ya no solo les preocupan los tiempos biológicos, sino los políticos. Silvia Navarro, presidenta de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos enterrados en el Valle, y sobrina nieta de uno de ellos, José Antonio Marco Viedma, recuerda que en 2011 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presentó el informe del Comité de Expertos sobre el Valle cuando ya había perdido las elecciones. “Mariano Rajoy lo metió en un cajón y si esto sigue demorándose y gana el PP podemos volver al mismo sitio. Aunque no debería ser un asunto de derechas o izquierdas. Yo me crie en Alemania y allí es inconcebible algo así, nadie discutiría esto. Cuando nos recibió, el presidente de Patrimonio Nacional durante el Gobierno de Rajoy, José Rodríguez-Spiteri, nos dijo que entendía perfectamente nuestras reivindicaciones y que estaba estudiado que los traumas de una guerra civil duran cinco generaciones. A los que se oponen les diría que aflojen. Hay familiares que ya no pueden aguantar más. Qué menos que un señor de 100 años, que son los que tiene uno de los hijos de los hermanos Cansado, pueda recuperar lo que queda de su padre. Tuvieron infancias muy duras, marcados toda la vida. Esta espera es una tortura psicológica. ¿Por qué quieren prolongarla?”

“Tenemos prisa”, insiste Silvino Gil, de 86 años, que reclama los restos de su padre. “Tenían que haberlo hecho antes, cuando aún quedaban vivos más familiares y amigos suyos. Ahora ya no queda nadie, solo yo. Y eso duele”.

El abogado Eduardo Ranz, que logró la sentencia favorable para la familia Lapeña hace seis años, lamenta que aún no se haya cumplido. Celebra el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y urge a “no perder más tiempo”. “Unas medidas cautelares suelen resolverse en 15 o 20 días y en este caso han tardado ocho meses. Ese último auto da esperanza a las familias. Esperamos que se resuelva lo antes posible para poder cerrar una herida que lleva sangrando 80 años”.