La vida secreta en México de dos fugitivos neofascistas de la Transición española

Los falangistas Daniel Fernández de Landa Roca e Íñigo de Guinea Pérez, presuntos autores de dos de los atentados más cruentos de la Transición española, se ocultan desde hace más de 30 años en México, donde viven con total impunidad, según una investigación de EL PAÍS, que desvela por primera vez su paradero.

Fernández de Landa, de 64 años, está acusado del asesinato del líder vecinal madrileño Arturo Pajuelo Rubio tras una manifestación del Primero de Mayo de 1980. El ultra también formó parte del comando fascista que perpetró cinco días después el asalto al madrileño bar San Bao, donde murió el soldado Juan Carlos García Pérez, de 20 años. Desde 1985, Fernández de Landa se esconde en Ciudad de México.

México también ha acogido a De Guinea, acusado del apuñalamiento que dejó al borde de la muerte a Joaquín Martínez Mecha, el hombre que acompañaba a Pajuelo cuando fue asesinado. A sus 60 años, De Guinea reside con su familia en León, una ciudad de 1,5 millones de habitantes en el Estado de Guanajuato.

Los dos fugitivos protagonizaron una fuga de película en 1980. La escapada les permitió eludir el banquillo en España, donde está prohibido el juicio en ausencia para delitos graves. Y, durante más tres décadas, disfrutaron de una plácida vida anónima a más de 9.000 kilómetros de Madrid mientras Interpol les tenía en su lista de prófugos en busca y captura.

Durante este tiempo, los neofascistas inscribieron pisos a su nombre, crearon empresas y se registraron como extranjeros en organismos gubernamentales mexicanos.

Fernández de Landa dio un paso más al conseguir en 1990 la nacionalidad mexicana, y De Guinea cambio su nombre al modificar su Íñigo natal por Ignacio, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

La primera conversación de EL PAÍS con De Guinea se desarrolla a las 17.30 del pasado martes. Apenas dura tres minutos.

-¿Íñigo de Guinea?

-Sí, soy yo.

-Soy un periodista español. Preparamos una historia sobre sucesos de la Transición y queríamos hablar con usted.

-Pues sí, no hay ningún problema, pero en este momento estoy en el coche, en la calle. No sé si puede ser más tarde, en un par de horas, que me llame.

-Nos gustaría saber su opinión sobre una serie de sucesos que ocurrieron en los 80 en España y en los que estuvo implicado, recordará perfectamente de qué se trata...

-Sí, sí, claro...

De Guinea emplaza a mantener a una segunda charla dos horas después, pero no atiende a las llamadas. Al día siguiente, tras la insistencia, descuelga el teléfono para desplegar una retahíla exculpatoria.

-Según la justicia, estuvo implicado en el asesinato de Arturo Pajuelo y en el asalto al bar San Bao…

-Tuve que ver en esos hechos, pero no como aparece en los sumarios. No todo lo que dicen es cierto. No estuve en el juicio, no me pude defender.

-No estuvo en el juicio porque huyó y ha estado en busca y captura tres décadas.

-Me fui porque me salió un trabajo. Tenía 18 años y miedo. Muchos acabaron en la cárcel sin tener nada que ver. Era arriesgarse demasiado. ¿Y si no podía demostrar mi inocencia?

-Joaquín Martínez, el superviviente del atentado contra Pajuelo, le reconoció como el autor de su apuñalamiento.

-Me inculparon, pero no estuve allí. No dañé a nadie. En el caso del bar San Bao, estuve en los alrededores, pero no llegué a entrar.

-¿Por qué se ha cambiado su nombre a Ignacio?

-Me dijeron que Íñigo no existía en el santoral mexicano.

El ultra se despide con voz pausada. Asegura que ha perdido el contacto con Fernández de Landa y reconoce que trabajó con él hace dos décadas en una empresa mexicana de plásticos.

Y es precisamente el plástico el hilo conductor que marca la vida secreta en México de De Guinea y Fernández de Landa. Para reconstruir el rastro oculto de este último, hay que viajar a Naucalpan de Juárez (Estado de México). Corre 1990. Fernández de Landa tiene 32 años y dirige la firma Distribuidora e Importadora los Delfines SA de CV. La compañía tiene 11 empleados, según el registro mercantil. El neofascista se embarca en ella con un restaurador mexicano ya fallecido. El proyecto dura hasta 1999. Hoy, un taller ocupa este desvencijado bloque blindado por un portalón metálico de donde fluye el estruendo de la maquinaria pesada.

El siguiente escenario conduce a San Juan de Aragón, un anárquico enjambre de casas bajas incrustado en el municipio de Gustavo A. Madero donde encontrar una dirección se convierte en una odisea. El fugitivo desembarca en esta área de 1,1 millones de habitantes tras casarse con la hija de un industrial mexicano que pilota una fábrica de hilos y un complejo de banquetes, Salones Cristal. Corren todavía los noventa.

Fernández de Landa se presenta ante su nueva familia como un hombre discreto y educado. Una persona ejemplar que pronto transforma el negocio textil del suegro en una fábrica de plásticos. Su compañía se llama Plásticos Landa y explota desde 2004 la marca de utensilios y recipientes para la casa Plastmade, según el registro mercantil.

El negocio funciona. Emplea a una decena de trabajadores. Y permite al ultra y a su esposa mexicana navegar por una cómoda vida que incluye pequeños placeres como la conducción de vistosos coches.

De Fernández de Landa solo queda hoy el recuerdo en la colonia San Juan de Aragón. El edificio donde residía el matrimonio con su hija, levantado sobre un terreno de 4.000 metros, ha sido conquistado por el aparcamiento de un imponente templo religioso de paredes blancas, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. “Ellos vendieron al templo el solar donde tenían la fábrica y su casa; nosotros todavía resistimos”, recuerda Mari Paz, que fue vecina del matrimonio durante dos décadas. “Nunca nos contó nada de su pasado en España”, añade desde una ventana esta sexagenaria que define al ultra como un hombre educado.

Fernández de Landa nunca ha abandonado el sector del plástico. A través de firmas como Hidro Raf SA de CV, compañía especializada en la fabricación de envases y contenedores de este material, el hombre acusado de arrebatar la vida a dos personas en la Transición se ha prodigado en foros internacionales. Su empresa participo en 2012 en la ciudad mexicana de Guadalajara en la feria de comercio minorista Antad.

La treta de la nacionalidad

El ultra transitó por esta vida anónima sin levantar sospechas gracias a su nacionalidad mexicana. Un salvoconducto que consiguió en 1990, cuando todavía Interpol le perseguía.

¿Cómo pudo hacerse con este trámite que hoy exige un certificado de antecedentes penales? “En México todo es posible con dinero. Y en aquellos años, más”, admite un exfuncionario de la Fiscalía de este país, donde se refugiaban en 1995 más de un centenar de etarras.

La justicia española ha tenido en su radar a Fernández de Landa desde que se esfumó de España. El Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, que le reclamó hasta 2011 por homicidio doloso, mantuvo una segunda orden de captura contra el fugitivo hasta febrero de 2018.

Durante su escapada, el acusado de las muertes de Pajuelo y García se ha revelado como un maestro del despiste.

Son las 11 de la mañana en la urbanización del Valle Escondido. El complejo es un fortín de millonarios tapizado por campos de golf y medidas de seguridad de película donde conviven las potentadas fortunas mexicanas. Y donde nadie conoce a Fernández de Landa, pese a que el ultra fijó en una de sus viviendas unifamiliares una dirección para trámites burocráticos. “Nunca oímos hablar de ese señor”, dice una empleada de servicio de la supuesta vivienda del prófugo. El jardinero de la casa, valorada en dos millones de euros, asiente en silencio. Este periódico no ha podido recabar la versión de Fernández de Landa.

El refugio de Guanajuato

A cinco horas en coche de Ciudad de México, se despliega uno de los Estados más violentos del país, Guanajuato (2.516 homicidios en 2021). El falangista Íñigo de Guinea Pérez elige la ciudad de León para echar raíces, formar una familia y escabullirse de las garras de los investigadores españoles que le buscaban por apuñalar a Joaquín Martínez, amigo de Pajuelo.

De Guinea inscribe en León una vivienda unifamiliar de 130 metros con jardín en la calle Canciller de la Colonia Real Providencia, según el registro de la propiedad. Lo hace con un nombre falso. Cambia Íñigo por Ignacio.

La vivienda pasa inadvertida en una urbanización de irregulares chalets adosados donde los vecinos han creado una patrulla ciudadana de informantes. La milicia del orden trata de disuadir a los intrusos y frustrar los más que frecuentes asaltos a mano armada y robos. “Vigilancia vecinal”, reza un cartel junto a una comisaría. “¿Buscan algo?”, inquiere un sexagenario en bicicleta dedicado advertir a los vecinos de la presencia de desconocidos.

En Real Providencia ignoran que dos juzgados españoles han reclamado durante más de 30 años por homicidio doloso a su vecino De Guinea. Las órdenes de busca y captura contra este hombre de marcado acento mexicano permanecieron activas hasta 2006 y 2011.

En León, De Guinea creó una empresa de productos plásticos en 2000, cuando todavía estaba en busca y captura por Interpol, según el registro mercantil. Su negocio funcionó en una gran nave industrial a 20 kilómetros de su domicilio. Hoy, alquila un apartamento en el Dorado Residencial ―una tranquila comunidad junto al centro comercial Vía Alta― y vende productos en la red.

El ultra no oculta su obsesión por las armas ―le gustan los clubes de tiro― y mantiene intactas sus convicciones, según un perfil en redes sociales con el apellido modificado. En él, sigue en contacto con antiguos militantes de Falange Española de las JONS y exmiembros del Frente de la Juventud, una escisión violenta de Fuerza Nueva cuyos militantes perpetraron asesinatos, asaltos y secuestros.

El día de la tragedia

Para entender la fuga a México de Fernández de Landa y De Guinea hay que sumergirse en el lado más violento de la Transición. Transcurre 1980. Arturo Pajuelo tiene 33 años y es el segundo de ocho hermanos. Trabaja como delineante en una empresa aeronáutica de Getafe. Y combina sus pasiones ―el atletismo, la escalada y las capeas― con la asociación vecinal Guetaria de Orcasitas (Madrid). Su barrio es un conglomerado erigido en los cincuenta por obreros de la construcción y trabajadores de Telefónica. Pajuelo tiene madera de líder en un territorio donde resuena el acento andaluz de la inmigración que huye de la pobreza. El joven batalla para que se repare un bloque de viviendas amenazado por las grietas.

Son las dos menos cuarto del 1 de mayo de 1980. Pajuelo y su amigo Joaquín Martínez salen de la manifestación del Día del Trabajo, convocada por UGT y CC OO. Caminan por la calle de Tarragona cuando dos individuos les asaltan en silencio. Son presuntamente Fernández de Landa y De Guinea, militantes de Falange Española y de las JONS. El primero asesta nueve puñaladas a Pajuelo en el hígado y los pulmones. Su colega recibe dos de De Guinea, según relata Martínez. Un taxista recoge al líder vecinal en medio de un charco de sangre. Le traslada al Hospital Doce de Octubre. A Martínez le auxilian unos tunos, según rememora.

Pajuelo muere. Dos operaciones y una transfusión de 20 litros que donan los vecinos de Orcasitas resultan inútiles en el combate por la vida . Las cuchilladas fueron certeras. Martínez sobrevive. “Me dieron dos puñaladas en la espalda. Una me afectó al riñón y otra al coxis. Estuve 21 días ingresado en la UCI, grave. Creo que nos siguieron al terminar la manifestación. Nos cogieron al azar”, recuerda hoy, a sus 67 años, este superviviente. Desde la cama del hospital, Martínez dio las pautas a la policía para elaborar los retratos robots de Daniel e Íñigo.

Martínez identificó al agresor en el archivo fotográfico de Diario 16. No se fiaba de la Policía. “El que apuñaló a Pajuelo era un tipo barbilampiño y con cara de mujer, Daniel. Lo vi al 98%. Y, si lo traen aquí, lo confirmaría al 100%″, añade este hombre que recibió formación de reconocimiento facial durante su etapa como empleado de aduanas y que arrastra una incapacidad como consecuencia de las cuchilladas.

El crimen de Pajuelo conmociona a la sociedad. Más de 20.000 personas asisten al entierro en el Cementerio de Carabanchel y 40.000 se manifiestan y participan en una huelga, según las crónicas.

Jauría fascista en un bar

Cinco días después del asesinato del líder vecinal, una milicia de una veintena de falangistas irrumpe con cadenas, cuchillos y pistolas en el bar San Bao de la madrileña calle de Arturo Soria. “No os mováis que os vamos a matar. ¡Viva Cristo Rey”, advierte la jauría fascista. Es la respuesta de los ultras a una marcha homenaje a Pajuelo que acaba de finalizar en la zona. Los convocados han pedido la ilegalización de Fuerza Nueva, la formación que pilota el notario de verbo encendido Blas Piñar.

Uno de los clientes del San Bao, Juan Carlos García Pérez, soldado de 20 años, muere en la reyerta tras recibir dos tiros por la espalda. Otros tres jóvenes, resultan heridos.

La Audiencia Nacional procesó en 1983 por el asalto al San Bao a una decena de ultras, entre los que figuraban Fernández de Landa como autor del disparo mortal, y De Guinea, que ya acumulaba en su historial criminal el presunto apuñalamiento de Martínez y una detención por su participación en la muerte a tiros del vecino de Arganda del Rey (Madrid) José Prudencio García, de 44 años.

Fernández de Landa huyó de España en 1980 tras pedirle a los policías que iban a detenerle unos minutos para quitarse la chaquetilla de camarero en el bar de El Escorial donde trabajaba. El ultra había sido expulsado de Falange Española y de las JONS un año antes por su conducta “revolucionaria y agresiva”, según el sumario del caso Pajuelo.

Su hermano Jesús fue arrestado en El Escorial poco después tras ser confundido con un militante del GRAPO cuando portaba en una caja de zapatos una pistola Astra de nueve milímetros y un revólver FN del 32. Las armas fueron usadas en el asalto al San Bao, según los investigadores.

El Supremo condenó por este crimen en 1985 a Jesús Fernández de Landa, hermano de Daniel, y a Juan Domingo Martínez Lorenzo, alias Perón, a 32 años de prisión por sendos delitos de asesinato consumado y asesinato frustrado. Tras triplicar las penas impuestas por la Audiencia Nacional, el alto tribunal consideró sus contribuciones clave en el crimen, pero precisó que no ejecutaron la muerte de Juan Carlos García, cuya autoría se atribuyó al huido Daniel Fernández de Landa.

Durante cuatro décadas, el paradero de este último ha sido un misterio. Interpol creyó inicialmente que transitó sus primeros años como fugitivo en un castillo en Francia del neofascista italiano Stefano Delle Chiaie, jefe de Avanguardia Nazionale. Y que, después, se escondió en Suiza.

Felipe Pajuelo, de 68 años, hermano de la víctima, asegura que su familiar no militaba en ningún partido ni sindicato. “Los culpables huyeron. Nosotros nos quedamos sin Arturo y sin justicia. Cuarenta años después, nadie ha pagado por su asesinato”, lamenta.

En el madrileño barrio de Orcasitas, una escultura en forma de paloma levantada con una colecta popular rememora a aquel treintañero de pelo afro que reclamaba ante el poder casas para las familias más humildes. Un centro de mayores lleva su nombre. “Arturo Pajuelo era un líder nato, un joven que hizo mucho por el pueblo”, defiende uno de los residentes.

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