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El Supremo triplica las penas a dos 'ultras' condenados por el asalto al bar San Bao

La Sala Segunda del Tribunal Supremo triplicó ayer las penas de cárcel para los dos principales procesados por el asalto al bar San Bao, hecho cometido el 6 de mayo de 1980 y en el que resultó muerto Juan Carlos García Pérez y heridos otros tres jóvenes. El Supremo ha aumentado ole 10 a 32 años la condena de Juan Domingo Martínez Lorenzo, alias Perón, de 35 años; y de 4 años y 5 meses a 18 años la de Jesús Alfredo Fernández de Landa Roca, de 22, al considerarles autores de sendos delitos de asesinato consumado y asesinato frustrado, en lugar de la calificación de homicidio y lesiones aplicada por la Audiencia Nacional. Fernández de Landa era menor de 18 años en la fecha del asalto, lo que supone un atenuante.

El Supremo estima que como los dos condenados no fueron "ejecutores materiales de los hechos más graves", las penas pueden "resultar -excesivas", por lo que acuerda proponer al Gobierno un indulto parcial. La sentencia no precisa cuántos años propone rebajar, aunque fuentes jurídicas consultadas apuntaron a que podría tratarse de la mitad de la Condena.Esta sentencia del Supremo no afecta a los otros cuatro ultras que también fueron condenados por estos hechos: Miguel Angel Hurtado, el galleta, 26 años; Jesús Minteguiaga, Johnny, de 26; Jesús Alcalá Neches, de 26; y Francisco Javier Barranco López de Saa, de 23. Todos ellos fueron condenados, por desórdenes públicos, a penas que oscilan entre seis meses y. cuatro años y dos meses.

La nueva sentencia dictada por el Supremo no modifica el relato que hizo del suceso la Audiencia Nacional, pero sí considera que se produjeron unos delitos distintos. El alto Tribunal puntualiza que la muerte de Juan Carlos García constituyó un delito de asesinato consumado; mientras que las lesiones inferidas a Vicente Seoane constituyeron uno de asesinato frustrado. El resto de la calificación delictiva tampoco sufre modificación: lesiones, desórdenes públicos y tenencia de armas.

Perón, y Fernández de Landa han sido considerados autores de los asesinatos, pues "aunque no los ejecutaron materialmente, hubo una común resolución en su realización, contribuyendo con significados y eficaces actos personales ejecutivos, conscientes del plan existente al efecto aceptando de antemano el uso de armas de fuego que pudieran hacer sus acompañantes".

La nueva sentencia ha sido votada favorablemente por se¡ de los siete magistrados que integraban el Tribunal. El magistrado conservador José Hijas Palacios -presidente del Tribunal de Orden Público durante el franquismo-, formuló un voto particular en el que disentía de la nueva sentencia y pedía la rebaja de la pena para Martínez Lorenzo a 8 años de cárcel, por considerar que no se puede aplicar ).a reincidencia al delito de homicilio si se ha sido condenado anteriormente por lesiones.

Este magistrado defiende que no existió alevosía en la muerte de Juan Carlos García, a pesar de que recibió el disparo por la espalda, porque, alega, no fue un ataque traidor, ya que el principal condenado entró en el bar para gritar "salid si tenéis cojones" y para Hijas, "el que avisa no es traidor".

Tocata y fuga

Juan Domingo Martínez Lorenzo se halla en la cárcel de Alcalá-Meco (Madrid) y ha cumplido ya dos años y medio de prisión. Antes de conocer la sen tencia de la Audiencia Nacional huyó a Francia, pero luego regresó voluntariamente, a pesar de que el Gobierno francés denegó su extradición.Jesús Alfredo Fernández de Landa pasó dos años en la cárcel y salió en libertad provisional despues de cumplir la mitad de la pena que le impuso la Audiencia Nacional. Se ha casado recientemente y espera un hijo. Cuando el tribunal ordene la ejecución de la sentencia, previsiblemente hoy o mañana, deberá ingresar en prisión. Su hermano Daniel, uno de los autores materiales del asesinato, está en paradero desconocido desde 1980. Fuentes jurídicas han comentado la posibilidad de que Fernández de Landa se fugue ante la perspectiva de volver a la cárcel y al conocer la sentencia antes de que se decrete su ingreso en prisión. Letrados de la defensa manifestaron que el condenado y su familia han asegurado que no se fugará, sino que recurrirán al Tribunal Constitucional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 16 de octubre de 1985

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