Málaga anuncia una “moratoria global” para las viviendas de uso turístico

Málaga intensifica su cruzada contra las viviendas turísticas. Si primero les puso como requisito tener una entrada independiente y después las prohibió en 43 barrios de la capital, el ayuntamiento ha anunciado ahora una moratoria de tres años durante los que no se podrán inscribir ninguno de estos alojamientos en todo el término municipal, según aseguró este miércoles el alcalde, Francisco de la Torre, que no puso fecha a su entrada en vigor ni dio más detalles. La oposición, por ello, considera que es una “cortina de humo” que quedará en “nada”, en palabras de Daniel Pérez, portavoz del PSOE, quien ha criticado que sea una propuesta ligada a calmar los ánimos ante la manifestación por la crisis habitacional prevista para el próximo 5 de abril. La patronal de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, por su parte, pide que la medida haga una excepción a los proyectos con licencias solicitadas o inversiones en curso. Hoy la ciudad dispone de 12.653 pisos de uso turístico que suman más de 65.000 plazas, según las estadísticas de la Junta de Andalucía.

La nueva propuesta ha pillado por sorpresa incluso a la oposición municipal, que ha hecho de este problema su gran bandera en los últimos años. Tienen argumentos de sobra, porque Málaga se ubica entre los primeros puestos de cada estudio o clasificación que se publica sobre crecimiento de precios en el sector inmobiliario. Además, los datos ayudan a entender el enorme aumento de los pisos turísticos en la ciudad y su influencia en el mercado. En 2017 solo había 2.500 de estos alojamientos y desde entonces se han multiplicado por cinco, según los datos de Turismo Costa del Sol. Están repartidos, pero hay varias zonas afectadas principalmente, como el centro, donde una de cada tres viviendas es usada para alojar a turistas. Por todo ello, los precios del sector han subido. Es lo que dice un reciente estudio de la Universidad de Málaga que refleja cómo en las áreas donde hay más de estos pisos los alquileres se encarecen hasta un 33%. Y, mientras, cada vez más malagueños deben salir a otros lugares de la provincia.

Consciente de que en el pleno municipal de este jueves se iba a hablar de todo ello, De la Torre comunicó el miércoles que el ayuntamiento tiene previsto realizar una “moratoria global” sobre las viviendas turísticas para que no se pueda inscribir “ni una más” durante los próximos tres años, tiempo que cree se trabajará en modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU). No indicó, eso sí, fecha para la aprobación de la medida ni más detalle sobre su implantación. “Estamos trabajando y analizando los cambios en el Plan General que sean necesarios para ordenar bien el tema”, subrayó el regidor, que destacó que ya está en marcha el proceso de contratación de una empresa que realice una “fotografía muy real” del sector para saber cuántos alojamientos de este tipo son ilegales, además de conocer detalles de apartamentos, hoteles y la tipología de suelo donde se han levantado, entre otros factores. “Queremos ver cómo el turismo es compatible con la vida de la ciudad o si tenemos que poner, efectivamente, unas orientaciones para hacerlo más compatible”, insistió.

La oposición, por su parte, cree que la medida es “una cortina de humo”. “Su política está siendo vacía”, le reprochaba este jueves, durante el pleno municipal, Daniel Pérez, portavoz del PSOE. “Cualquier medida que no implique reducir ese número es un error grave que seguirá disparando el precio del alquiler y expulsando a los vecinos de sus barrios”, explicaba el socialista a EL PAÍS. “Todo indica que no piensa actuar contra las viviendas turísticas que ya existen”, ha añadido Pérez, que ha repetido su petición de que Málaga sea declarada zona tensionada, propuesta rechazada por los votos de PP y Vox. Para Toni Morillas, coordinadora provincial de Izquierda Unida y concejala portavoz adjunta de la confluencia de IU y Podemos, la iniciativa llega “tarde, mal y es insuficiente”. “Lo que Málaga necesita es una prohibición total más allá de una moratoria temporal”, señalaba. Un informe municipal reveló en febrero que la capital está experimentando “niveles de saturación turística sin precedentes”.

Para la patronal de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, la medida “penaliza injustamente a los malagueños o inversores que han confiado en esta ciudad”, según su presidente, Juan Cubo. “Solicitamos que los proyectos en marcha con licencias solicitadas o inversiones en curso sean protegidos o exceptuados de esta moratoria”, indica el responsable, que cree que la medida puede ser un “peligroso precedente” para otras zonas donde el turismo es clave como motor económico. Igualmente, opina que moratorias de estas características deben sostenerse sobre datos “claros y transparentes” y no sobre “percepciones sociales” y matiza que las viviendas de uso turístico son “solo el 2,68% cuando hay un 6,4% de casas vacías”. También recuerda que en el centro hay otros muchos pisos que se utilizan como despachos profesionales, consultas médicas o redacciones de medios de comunicación contra las que no se ponen límites.

Los movimientos de Málaga para frenar las viviendas turísticas siempre han coincidido en el tiempo con las manifestaciones promovidas por la organización Málaga para vivir. Arrancaron el verano pasado. El consistorio decidió en junio, días antes de la primera marcha —que reunió a 15.000 personas— que solo se otorgarían nuevas licencias a aquellos alojamientos que tuvieran una entrada independiente o que estuviesen ubicadas en bloques donde todos los pisos fuesen destinados a alojar turistas. El siguiente paso ocurrió en noviembre de 2024, poco antes de la protesta —a la que acudieron 10.000 personas— cuando se prohibieron los permisos en 43 barrios, los más saturados según un informe encargado por el propio ayuntamiento, ya que todos ellos superaban el 8% de pisos turísticos frente al parque global. Ahora vuelve a coincidir con una nueva protesta convocatoria para salir a la calle. Será el 5 de abril y coincide con otras que se realizarán en el resto del país. Impulsada por la plataforma Málaga para vivir, su lema es: Acabemos con el negocio de la vivienda, la precariedad laboral y la destrucción del territorio.