‘No al aborto tras violación’, ‘sí a la terapia para gais’ y otras ideas que van rumbo al Senado

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”, le decía don Quijote a su escudero en un pasaje de la novela cervantina. Y la cita aparece, en cuerpo destacado, en mitad del programa de la VI Cumbre Transatlántica de la Red Política de Valores, que lleva por título Por la libertad y la cultura de la vida. El Quijote, la libertad, la cultura y la vida. ¿Cabe algo más universal? Además, los nombres de los impulsores de la cumbre y sus actividades programadas componen un campo semántico de “derechos humanos”, “democracia”, “educación”, “familia”... Más universalidad. Para rematar, el sello del Senado del Reino de España en la lista de entidades colaboradoras, justo bajo la imagen de la Puerta de Alcalá, otorga al programa una pátina institucional.

Pero no todo es lo que parece. Tras la fachada oficial de la cumbre de este lunes en el Senado emerge un grupo multinacional de políticos y activistas de extrema derecha cristiana que comparten la beligerancia contra el aborto —tildado de crimen— y el rechazo al “feminismo radical”, el “lobby LGTBI”, la “ideología de género” o la “cultura woke”. Y ese ideario es solo la base, el común denominador. La cumbre abre la Cámara alta a defensores de posiciones que desbordan en radicalismo el acervo típico de la ultraderecha europea. En el rastro que dejan el grupo organizador, Red Política de Valores, ponentes de la cumbre y entidades colaboradoras caben posturas como la oposición al aborto, incluso en caso de violación y la defensa de las terapias de conversión de homosexuales.

Desde octubre, cuando se conoció que la Mesa del Senado había cedido una sala a Red Política de Valores (PNfV, por sus siglas en inglés) para celebrar una “cumbre” antiabortista y numerosos grupos de izquierdas, el PNV y Junts pidieron su suspensión, esta entidad ha insistido en que no cabe aplicarle la etiqueta de “extremista”. Lo hizo entonces con un comunicado, en el que rechazaba que su “ideario” mereciera este adjetivo. Y lo ha hecho esta semana, en respuesta por escrito a este periódico. “Normalmente, esos calificativos son utilizados por quienes realmente son extremistas para estigmatizar a quien piensa diferente. [...] Estamos orgullosos de afirmar los valores que nos unen”, señala Diego Hernández, portavoz de PNfV.

En dicha respuesta, Hernández afirmaba el miércoles que PNfV iba incluso a mantener como ponente a George Peter Kaluma, diputado keniano defensor de la cadena perpetua para homosexuales. No obstante, tras publicar EL PAÍS sus antecedentes, su nombre desapareció de la lista de participantes. La organización se ha resistido a explicar por qué primero defendió la libertad de expresión de Kaluma —“nosotros no silenciamos a nadie en función de sus convicciones”— y luego lo canceló. ¿Suprimió su participación PNfV para estrechar las posibilidades de que la cumbre sea tachada de extremista? No hay respuesta. Lo seguro es que sigue habiendo margen para usar ese adjetivo.

Aborto y violación

“Las violaciones son brutales todas. Pero, ¿el niño que está ahí tiene que pagar esa brutalidad con la muerte?”. La pregunta la lanzaba, en un plató televisivo en 2017, el líder ultraderechista chileno y excandidato presidencial José Antonio Kast. Una de las entrevistadoras le preguntó qué aconsejaría él a su hija. “No le recomendaría el aborto. Yo no voy nunca a inducirlas a un aborto, nunca”, respondió Kast, que afirmaba conocer casos de mujeres que se quedaron embarazadas en una violación y acabaron diciendo: “Mira, esta guagua me sacó de un infierno”. “Guagua” significa bebé.

En la campaña presidencial de aquel año, Kast se fotografiaba sonriente con dos mujeres con sendos carteles. “Concebida en violación. Amo mi vida”, decía uno. El otro: “Madre de dos angelitos, uno por violación”. Hoy Kast es presidente de Red Política de Valores, organizadora de la cumbre en el Senado. Su equipo en el Partido Republicano no responde si Kast es partidario de prohibir el aborto en caso de violación.

El aborto tras violación es un asunto espinoso en los círculos autodenominados provida. Incluso antiabortistas drásticos evitan mojarse. Son casos “extremos” en los que no hay que centrar el debate, afirmó en una entrevista en 2022 el exministro del PP Jaime Mayor Oreja, directivo de PNfV y ponente en la cumbre. No abundan los que se pronuncian por el no. Pero los hay, aunque sin llegar —al menos, entre los ponentes en la cumbre— a defender la prohibición. Uno es el médico británico Calum Miller, ponente confirmado en el evento del Senado, que afirmaba en 2022 en su blog: “El aborto [...] añade un segundo trauma a la víctima y una segunda víctima al crimen”.

Colaboradora con la cumbre, la Fundación Heritage también rechaza el aborto tras violación. Influyente laboratorio de ideas en la órbita trumpista, esta entidad afirma en su argumentario provida que “el aborto aumenta el daño [...] a la mujer y añade otra víctima a un crimen que ya es terrible”. “Deberíamos proteger la vida de cada niño, independientemente de cómo haya sido concebido”, añade.

Ni Miller ni la Fundación Heritage respondieron a este periódico.

Terapias de conversión

Heritage aporta dos ponentes a la cumbre. Uno es Jay Richards, detractor de la “teoría crítica de la raza”, que explica el carácter estructural del racismo en Estados Unidos y que para Richards es “incompatible con el experimento americano”. La otra es Grace Melton, que se opone a la prohibición de las llamadas “terapias de conversión”, término que rechaza por —a su juicio— connotar negativamente lo que le parece algo positivo: la posibilidad de tratar psicológicamente a un homosexual para que deje de serlo.

La polaca Ordo Iuris, otra entidad que colabora con la cumbre, también se opone a la prohibición de la “terapia de conversión”, ya que “violaría los derechos de los pacientes que no aceptan sus inclinaciones homosexuales”, según sostiene en un informe sobre “protección de la vida y la familia”. “No somos defensores ni opositores de ninguna terapia. Somos defensores de la libertad. [...] Si una persona se siente incómoda con su atracción sexual, puede buscar el tipo de tratamiento que desea”, explica por escrito Jerzy Kwaśniewski, presidente de Ordo Iuris.

El respaldo a las terapias de conversión es seña de identidad de Sharon Slater, presidenta del estadounidense Observatorio Internacional de la Familia (FWI, en inglés). Slater es ponente en la cumbre y su organización, entidad colaboradora. En dos estudios sobre el tema —La atracción no deseada hacia personas del mismo sexo puede tratarse con éxito y Justificación de la oposición a la propuesta de prohibición de las terapias de “conversión”–, el FWI defiende que ser gay o lesbiana puede revertirse con terapia. Un informe del FWI atribuye la retirada de la homosexualidad en 1973 de la lista de “trastornos mentales” en EE UU a presiones políticas, no a evidencias científicas.

La actividad del FWI en África es especialmente controvertida. Dos investigaciones de Open Democracy vinculan al grupo de Slater con el impulso de medidas anti-Lgbi, especialmente en Uganda. En un apartado de su web sobre su papel en este país, el FWI sostiene que llegó en 2022 para trabajar en la prevención del sida mediante la “abstinencia sexual” y que no ha impulsado la ley homófoba aprobada en 2023, ni tampoco la de Kenia, donde precisamente George Kaluma intenta sacar adelante una norma similar. El FWI afirma que defiende el derecho de las naciones africanas a legislar sobre sexo “de acuerdo con sus propios valores”. La entidad no responde a EL PAÍS.

Precisamente de Uganda está confirmada en la cumbre del lunes la parlamentaria Lucy Akello, una “prominente activista” contra los derechos LGTBI, según Amnistía Internacional. En una única respuesta genérica por escrito a un cuestionario remitido a Akello, la diputada afirma que sus posiciones sobre homosexualidad responden a la “voluntad” de sus electores de proteger “sus valores”. Y defiende la ley de 2023, que “no apunta” a “ninguna persona LGTBI para ser asesinada”.

“Basura LGTBI”

De los nueve miembros de la dirección de la Red Política de Valores, siete figuran como ponentes, entre ellos los ya citados Kast (Chile), Mayor Oreja (España) y Slater (EE UU). A estos se suma un nombre destacado: Brian Brown, presidente de la Organización Internacional para la Familia, entidad estadounidense promotora del Congreso Mundial de Familias, una cita global contra el aborto y el feminismo. El historial de manifestaciones de Brown, que aún en 2020 mostraba su admiración por la obra de Vladimir Putin en “asuntos de familia”, acredita su rechazo a la “propaganda LGTBI”, al “ataque a nuestros cuerpos” del “movimiento LGTBI” y a la “basura LGTB” de las nuevas películas de Disney.

Un informe del Centro Jurídico contra la Pobreza en el Sur, organización por los derechos civiles en Estados Unidos, denuncia que el Congreso Mundial de Familias no solo ha impulsado medidas anti-LGTBI en África, sino que ha sugerido que la organización terrorista Boko Haram y los defensores de los derechos de los homosexuales conspiran contra los cristianos. Brown no contesta a las preguntas de este periódico, entre ellas si cree que preside una organización homófoba, por estimarlas tendenciosas.

El portavoz de PNfV, Diego Hernández, confrontado con posiciones recogidas en este texto, sostiene que “lo que une a los miembros y amigos de la Red” es el “reconocimiento de la infinita dignidad de todo ser humano”. Y añade: “La cumbre no es un evento protagonizado ni por extremistas ni por radicales, al contrario. Desde 2014, nuestras cumbres siempre se han realizado en espacios parlamentarios, desde la sede de la ONU en Nueva York hasta el Parlamento Europeo”. A partir de este lunes, la Red puede añadir a su lista la Cámara alta del Parlamento español.