Prohibido hablar en clase de racismo, género o comunismo: una oleada de leyes limitan en EE UU la libertad de enseñanza de los profesores

Carolina del Sur pretende aprobar una ley que prohíba a los profesores enseñar cualquier materia que cause “malestar, culpa, angustia”. Esta norma se sumaría a las 155 conocidas como “leyes mordaza” que funcionan ya en 34 de los 50 Estados de EE UU y que limitan lo que los docentes pueden enseñar sobre temas como la raza, la identidad de género e incluso la historia del país. Esto supone un “ataque frontal” a la libertad de expresión, asevera Jeremy Young, director del departamento de libertad de expresión y educación de PEN America, ONG que trabaja para defender la libertad de expresión en el mundo a través del avance de la literatura y los derechos humanos. “Son intentos de blanquear el pasado de EE UU”, sostiene.

Young lamenta que el mensaje que mandan esas normativas “mordaza” es que “un profesor tiene que tener un cuidado extremo cuando habla de política”. Así, conceptos como el fascismo, el racismo y el antisemitismo pueden quedar diluidos o incluso desaparecer bajo estas normas, promovidas por Estados con gobiernos republicanos.

Carolina del Sur es uno de los ejemplos más extremos. En este Estado, no se podrá mencionar la homosexualidad ni permitir el lenguaje no binario (el utilizado por las personas que no se consideran hombre ni mujer). Si se hace, el profesor podrá ser sancionado o despedido. “Estas normativas logran tomar el control sobre los libros de texto y además causan miedo a los docentes”, asegura Young por teléfono.

El también historiador afirma que muchos educadores se plantean abandonar la profesión, y añade: “Quizá uno de los casos más perversos es el de uno de los distritos escolares de Texas (Southlake), donde debe tratarse el Holocausto desde el punto de vista de ambos lados: los verdugos y las víctimas”. Lamenta que el ambiente es cada día más hostil, y está más cargado de intenciones y motivaciones políticas.

500 dólares de recompensa

Tras las pasadas elecciones de noviembre para gobernador en el Estado de Virginia, el republicano Glenn Youngkin se estrenó en el cargo anunciando una dirección de correo electrónico a la que los padres podían enviar sus preocupaciones y quejas sobre maestros y escuelas cuando sientan que sus “derechos fundamentales están siendo violados” o que sus hijos “no están siendo respetados”. Es un intento de que los padres y miembros de la comunidad educativa “denuncien” cualquier intento de aplicar la conocida como teoría crítica de la raza. Esta sostiene que la raza es una construcción social y el racismo es algo que va más allá de los prejuicios personales, que el sistema legal está configurado de un modo que mantiene e incentiva la supremacía de los blancos sobre los negros. Por eso, afirma esta teoría, las conquistas logradas hasta ahora no han conseguido erradicar la injusticia social.

Si el gobernador de Virginia ha abierto una línea para denuncias contra profesores, en Nuevo Hampshire, un grupo de madres ha ofrecido una recompensa de 500 dólares para aquel que cace a un profesor violando la ley estatal recién aprobada que prohíbe decir ciertas cosas sobre el racismo y el sexismo. Esta norma proscribe cualquier “doctrina” o “teoría” que promueva una versión “negativa” de la historia de Estados Unidos, incluyendo la noción de que el país fue fundado en el racismo. Además, la ley tiene un componente añadido que dice servir para garantizar “la lealtad” de los profesores frente a aquellos que quieran propagar “doctrinas subversivas”.

En estos momentos, en Indiana se discute otra norma que requerirá que, ante unas elecciones, se enseñe a los alumnos que “el socialismo, el marxismo, el totalitarismo u otros sistemas políticos son incompatibles y entran en colisión con el principio de libertad bajo el que fue fundado EE UU”, además de ser perjudiciales para el país.

Identidad y sexualidad

Estas “leyes mordaza” se centran en los temas bandera de los ultraconservadores. Cada ley es diferente, pero la mayoría prohíbe al profesorado discutir sobre los géneros no binarios o la sexualidad. Además, impiden que los docentes abran el debate sobre el matrimonio gay o los derechos de la comunidad LGTBI.

PEN America pone de manifiesto que muchas de esas normas piden a los maestros que reporten a los padres si sus hijos hacen preguntas sobre su identidad de género. Así, los profesores deberán esconder su propia identidad o el estatus de sus relaciones para no vulnerar la ley.

Estas leyes restrictivas en colegios —y universidades— tienen su origen en el verano de 2020, cuando un investigador llamado Christopher Rufo, que entonces trabajaba en el Instituto Discovery en Seattle, un centro educativo conservador centrado en la promoción del diseño inteligente, escribió una serie de artículos para el digital City Journal. En ellos, describió un adoctrinamiento en los colegios donde, aseguró, se aplicaban programas que pretendían convertir a los alumnos en teóricos críticos de la raza.

Estos textos atrajeron la atención del polémico presentador de Fox News Tucker Carlson, que lo invitó a su programa. Al día siguiente, Mark Meadows, entonces jefe de gabinete de la Administración de Donald Trump, dejó saber a Carlson que el mandatario, que se jactaba de solo ver la Fox, se había mostrado interesado en las ideas de Rufo. En cuestión de días, Rufo entró en conversaciones con la Casa Blanca para dar una respuesta legislativa o ejecutiva. A finales del verano, Trump firmaba una orden ejecutiva en la que prohibía que cualquier agencia estatal discutiera ciertas ideas como parte de la capacitación de los empleados. Joe Biden revirtió la norma a su llegada a la Casa Blanca pero la semilla ya había germinado en los Estados. “El efecto bola de nieve había comenzado a rodar”, concluye Young.

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