La lucha de los pueblos de la dana: 16.000 niños sin escolarizar, 2.150 casas inhabitables, riesgos sanitarios y un enorme agujero económico

Al menos 16.000 niños y adolescentes no están escolarizados. Solo hay 365 viviendas sociales disponibles cuando la dana ha dejado 2.147 casas en las que no se puede vivir. La red ferroviaria de la comarca de L’Horta Sud no se reactivará hasta mediados de 2025. Los riesgos de salud pública por las inundaciones siguen latentes. Las empresas han sufrido un golpe de 9.365 millones de euros. Y los agricultores tratan de salvar las cosechas que no se llevó el agua. La situación en las zonas afectadas por la riada de Valencia ha mejorado en las últimas cuatro semanas, pero las vidas de sus vecinos, los servicios básicos y el tejido económico están lejos de haber recuperado la normalidad.

Vivienda: emergencia por falta de casas

Manuel, vecino de la calle Lepanto de Paiporta, una de las más embarradas del municipio más arrasado, lleva tres semanas viviendo en la casa de la suegra de su hija. Él y su mujer en una habitación; su hija Inma y su novio en otra; y la madre de él en otra. La escena se repite en cientos de hogares. Casi ningún vecino de las plantas bajas de esta localidad, que haya sobrevivido a la dana, puede habitar en ellas. Y si aún no se ha ido es porque tiene miedo de dejar la casa sola: sin muebles, ni ventanas, ni puerta, ni ropa, ni una silla para sentarse. Y con el moho trepando las paredes. A unos metros de ahí, en un bajo de la calle Doctor Fleming, Lourdes Barreto huyó con sus dos hijas de un piso de alquiler, por el que pagaba 400 euros, a la casa de una desconocida. Duermen las tres en una cama de matrimonio en la ciudad de Valencia y después de más de 20 días peregrinan al Ayuntamiento de la localidad para pedir algún tipo de ayuda: “Nos han dicho que como no teníamos contrato no nos van a dar nada. Yo he perdido dos trabajos, de tres que tenía, no me llega para alquilar nada. Y ya nos da vergüenza depender de la caridad de esta mujer”, resume.

Esta es la situación de cientos de familias. La Consejería de Vivienda de la Generalitat ha decretado el desalojo de 491 viviendas por problemas estructurales y otras 1.656 no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. Una cifra que puede aumentar, pues hay todavía muchas que no han sido revisadas tres semanas después. Del total de viviendas afectadas, 130 tendrán que ser demolidas. Con estas cifras en la mano, el Gobierno autonómico trata de hacer frente a una crisis habitacional sin precedentes con pocas armas.

La primera cuestión, la más urgente: la vivienda social. Para quienes no tienen un conocido o un desconocido tan caritativo como Lourdes y unos ingresos inferiores a 2.700 euros al mes. En estos momentos la Generalitat dispone de un bloque de 185 viviendas públicas en el barrio de La Torre en Valencia, uno de los que también han sido arrasados por la riada. Sus sótanos se encuentran todavía anegados y los operarios trabajan a contrarreloj para hacer habitable la finca para sus nuevos moradores, que vienen de convivir tres semanas con más fango. Ni siquiera cuenta con el suministro eléctrico, porque lo ha reventado el agua, por eso la adjudicación se hará por fases, señalan fuentes autonómicas. Además de estas, la Generalitat dispone de otras 30 viviendas repartidas por la provincia. A 21 días de la tragedia solo se han adjudicado nueve: la primera fue a una familia de Picassent por seis meses sin coste, a partir de ahí, “se evaluará” y, de ser necesario, se pasaría a alquiler social, una ayuda de hasta 800 euros al mes.

La residencia y el albergue habilitados como solución temporal para los vecinos más vulnerables ha alojado por el momento a 98 personas (en un centro de Burjassot) y 18 en el antiguo hospital La Fe.

Por su parte, la Sareb —el banco malo, propietaria de casas vacías del Estado— pondrá en disposición de los afectados de la dana 150 viviendas de las 1.000 que dispone en la Comunidad, según informan desde la Generalitat.

Si se tiene en cuenta que se han desalojado 491 viviendas y se suman las que está ofreciendo la Generalitat y el Gobierno, la oferta pública ni siquiera alcanzaría para cubrir al total de hogares en estos momentos. A estos hay que sumarle los 1.656 cuyas casas se han convertido en espacios inseguros e insalubres. En paralelo, apenas se han presentado 300 peticiones de ayuda al alquiler, según fuentes de la Consejería, por la complejidad de los trámites y porque el plazo se abrió hace poco más de una semana y muchas familias se encuentran todavía buscando un sitio donde vivir. Y, en cambio, la Generalitat tiene abiertos 25.222 expedientes de ayudas directas por la pérdida de enseres, dotadas con 6.000 euros a cada afectado. La dana del 29 de octubre afectó a 75 municipios del sur de Valencia y, con diferentes niveles de gravedad, a 1,8 millones de personas. De las 130.000 viviendas ubicadas en las zonas inundadas, el Consorcio de Compensación de Seguros contabiliza 48.003 casas con algún tipo de daño, una cifra que solo contempla las viviendas aseguradas. El número final puede ser mucho mayor.

Ni la Generalitat ni los Ayuntamientos cuentan de momento con planes de construcción de vivienda. “Hay gente viviendo en Catarroja que sigue dependiendo de la ayuda vecinal hasta para poner una lavadora, porque no se ha atendido reparación de luz mínima en las viviendas. Hay cientos de garajes que no se han vaciado todavía y desconocemos la situación de las estructuras de esos edificios… Queda mucho por hacer. Todavía estamos en una fase de emergencia”, resume el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Catarroja, Martí Raga.

Educación: la desesperante lentitud en reabrir las escuelas

Cuatro semanas después de la dana, más de 16.000 estudiantes siguen sin escolarizar. El número proviene del recuento realizado por este periódico recabando datos ofrecidos de responsables municipales y educativos de Paiporta, Catarroja, Massanassa, Albal, Alfafar, Sedaví, Aldaia, Picanya y Benetússer, porque la Consejería de Educación no ha contestado a las peticiones de información. Según la Generalitat, la mayoría debería volver el lunes, aunque parte de los Ayuntamientos y los centros educativos se muestran escépticos después de que previsiones anteriores se hayan incumplido. La situación es grave, coinciden profesores y familias, porque los niños están sufriendo el impacto educativo de no poder ir a clase, y, además, debido al estado de los municipios y al continuo movimiento de maquinaria pesada, tampoco se dan las condiciones para que se reúnan al aire libre, lo que acentúa su aislamiento.

“Los parques infantiles y el resto de espacios para niños siguen sucios o llenos de barro. El aire está lleno de polvo. Y así es inviable que los niños estén en la calle”, dice Mari Carmen López, 35 años, madre soltera, que vive con su hija Yeire, de 6 años, alumna del colegio público Rosa Serrano de Paiporta. “Intentas que trabaje un poco en casa y no se aburra, pero es muy difícil. Y no entiende por qué de la noche a la mañana no puede ir al cole, bajar a la calle, ver a sus amigas o ponerse sus zapatillas favoritas y tiene que ir siempre con botas”. Las familias se han organizado para adecuar espacios donde los críos puedan juntarse. El jueves, Yanire fue a uno, instalado en un bajo. “La noche de antes no se podía dormir de lo nerviosa que estaba de volver a ver a sus amigas. Se despertó a las 7. Y al salir de la ludoteca, volviendo a casa, no paraba de saltar. Decía: ‘mamá, estoy tan contenta que no puedo parar de saltar”.

La comunidad educativa ―Fampa valencia, los sindicatos STEPV, CC OO, UGT y otras entidades que integran la Plataforma por la Enseñanza Pública― reclamaron este sábado en una manifestación en Valencia la dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y del consejero de Educación, José Antonio Rovira. “La gestión ha sido nefasta, y la falta de información casi total”, dice Marc Candela, del STEPV. La consejería ha hablado, por ejemplo, de 92 centros educativos afectados por la dana, pero el dato no incluye los colegios privados de la zona. “Nosotros recibimos la primera llamada de la Consejería de Educación ayer” (tres semanas después del desastre), comentaba el jueves Teresa Hernández, profesora del colegio concertado Larrodé, una escuela cooperativa de Catarroja. Tampoco ha tenido apenas contacto con la Administración otra cooperativa educativa, La Gavina, en Picanya, que reabrió el martes gracias al trabajo de sus socios, antiguos alumnos y voluntarios, y acoge a 14 niños de otros centros.

La respuesta de la Generalitat, según los testimonios de alcaldes, concejales de educación y directores de centros educativos, ha sido lenta, subestimó inicialmente la gravedad de los daños ―afirmando, por ejemplo, que algunas escuelas podrían reabrir al cabo de pocos días, lo que después se demostró inviable―, y puso énfasis en el ahorro de costes ―planteando que las reparaciones debían recaer en los Consistorios y rechazando la instalación de aulas prefabricadas temporales―. Un regidor, que pide no ser identificado, asegura: “Para arreglar los centros de salud se pusieron en marcha en cinco días. Con los colegios tardaron más de 10. Y empezaron discutiendo que teníamos que repararlos nosotros, porque somos los propietarios. Pero nuestras competencias son de mantenimiento y esto no es cambiar una ventana. Hablamos de obras muy importantes, y las infraestructuras educativas son responsabilidad de la Generalitat. Al final lo han aceptado, pero de entrada no valoraron bien la magnitud del problema”.

Sanidad: pendientes de los riesgos de salud pública

La atención sanitaria aún no ha recuperado la normalidad y se mantiene la vigilancia para evitar riesgos de salud pública. La dana dañó 57 centros de salud y, aunque han reabierto todos, 10 requieren reparaciones importantes y 17 todavía no funcionan con cita previa, aunque atienden “a demanda”, explica una portavoz de la consejería de Sanidad. Quien tiene algún problema de salud se acerca y los médicos lo ven. Además, otros 15 consultorios auxiliares ―más pequeños―, también se vieron afectados, y una parte sin precisar de lo mismo tampoco ha abierto las agendas para dar citas. El consultorio de Beniparrell, situado muy cerca del barranco de Picassent, que también se desbordó el 29 de octubre aunque con consecuencias mucho menos devastadoras que el del Poyo, es la única instalación sanitaria que todavía no ha reabierto. El agua tiró abajo la pared del patio trasero e inundó la planta baja. Pero los sanitarios que normalmente trabajan allí estaban este jueves reubicados en la Escuela de Adultos del mismo municipio, situado a seis minutos a pie.

Uno de los factores que hizo que la dana no derivase en una gran crisis sanitaria fue que no afectó a ningún hospital, ya que todos los que dan servicio a la comarca de L’Horta Sud están situados al norte del nuevo cauce del Turia. “Tuvimos problemas. Los sistemas de información no funcionaron en la zona durante dos o tres días, y poder ver la historia clínica y prescribir es muy importante. Las salas de cura deben tener ciertas condiciones, necesitas cierto material y condiciones para montar la atención a domicilio. Pero un centro de salud no es un hospital. No tiene quirófanos, ni servicio de rayos, ni grandes equipos. Si hubiera afectado a un hospital hubiera sido mucho más problemático”, afirma Salvador Peiró, nombrado por la Consejería de Sanidad como coordinador científico de Salud Pública para la emergencia de la dana.

La asistencia no llegó a interrumpirse. Al día siguiente de los desbordamientos, allí donde los ambulatorios estaban muy mal se habilitaron puntos de atención médica en dependencias municipales. Y al personal asignado de normal a los centros de la zona ―cuyo principal problema al inicio consistió en llegar y salir del lugar de trabajo debido al estado de las calles y carreteras― se sumaron enseguida numerosos voluntarios sanitarios. A la bolsa abierta por la Generalitat se apuntaron más de 10.000, aunque Sanidad priorizó a aquellos que ya trabajaban en el sistema valenciano de salud y tenían acceso a las aplicaciones informáticas sanitarias. Su ayuda, señala Peiró, complementó el trabajo del personal sanitario y facilitó que pudieran descansar. Aunque el ritmo en algunos ambulatorios, por ejemplo, de la comarca de La Ribera, sigue siendo agotador, asegura una trabajadora.

Una de las voluntarias fue la médica de familia María Sanchís, que a los cinco días de la dana fue a trabajar al punto de atención instalado en el Ayuntamiento de Massanassa. “Hicimos avisos a domicilio, y como las calles estaban tan mal nos llevaron voluntarios que habían venido con sus 4x4”, dice. Sanidad delegó parte de la gestión del flujo de voluntarios a Médicos Sin Fronteras (MSF), cuyos trabajadores también visitaron centros de salud y expusieron a los sanitarios cómo se organiza la ONG en contextos catastróficos. Por el tipo de emergencia, explica la delegada de MSF en Valencia, Mila Font, el temporal causó en Valencia muchos muertos, 221, y un número comparativamente menor de heridos.

Aunque al principio se temió que la inundación desencadenara graves episodios infecciosos, hasta ahora la mayor parte de los problemas de salud han consistido en lesiones; personas que se caen ―sobre todo cuando las calles estaban enfangadas― o se hacen contusiones o cortes al manipular objetos dañados por la dana. José Ferrer, de 60 años, empleado en una subcontrata de Ford, esperaba el jueves en la puerta de la consulta del centro de salud de Catarroja a que su cuñado saliera de la consulta. Se hizo daño en la mano vaciando un bajo, y lo ha acompañado a que le revisen la herida. A esta hora, poco antes de las 14.00, apenas hay gente ―aunque, según los médicos, hay horas punta y pasan por allí 300 persona al día― y la sala de espera está impecable. “Estar aquí, con todo tan limpio, sin barro ni coches amontonados da sensación de normalidad”, dice Ferrer. La planta baja del centro fue barrida por la dana, y está en obras. Para acelerar la reapertura, se abrió una puerta en la pared de ladrillo a la altura del primer piso, y se instaló una rampa metálica que sube hasta ella desde la calle. El ambulatorio abrió esta semana, aunque todavía funciona a mitad de su capacidad. Las obras en la decena de centros más dañados costarán 108 millones de euros, y, según la previsión, habrán concluido en seis meses.

Hasta el viernes se habían confirmado tres casos de leptospirosis, una enfermedad típica en inundaciones que se transmite por las orinas de los animales, y tres de legionela. Las gastroenteritis se están mantenido en niveles normales. No se ha detectado un aumento de casos de hepatitis A. Y el control de los mosquitos (mediante trampas) no muestra que estén actuando de vector de enfermedades, a pesar de que su presencia ha aumentado mucho debido al agua que permanece estancada, sobre todo en garajes.

“La gente está haciendo casos a las recomendaciones. Beber agua embotellada, usar botas, guantes y mascarillas”, dice Peiró. La finalidad de las mascarillas no es reducir las infecciones, como en la pandemia, sino evitar la inhalación de partículas en suspensión, procedente del polvo en el que va transformándose el barro, que levantan sobre todo los camiones. De día, cuando las labores de limpieza y reconstrucción están en marcha, la calidad del aire es peor que cuando llega viento desde el Sáhara cargado de arena. Mientras cruza los dedos para que ninguno de los riesgos latentes acabe materializándose, Peiró añade: “Lo más importante ahora es el agua, que se repongan los colectores de forma que la conducción de aguas potables y residuales estén perfectamente separadas”.

Transporte: sin metro ni coches

El día 28 de octubre circulaban entre Valencia y su área metropolitana 1,7 millones de personas al día. 24 horas después, el agua reventó la comunicación con el sur y 75 municipios afectados siguen observando las costuras en sus carreteras locales, aunque también autonómicas y estatales. No queda apenas rastro de que alguna vez llegara el metro a algunas localidades. En Paiporta, las vías del tren ya no existen, la fuerza con la que bajaba el agua por el barranco del Poyo casi tumba el puente —que ha tenido que ser derribado—por el que pasaba el tren. La estación sigue arrasada, con la caseta llena de ramas de árbol, cañas, pedazos de vía y de muros. La dana incluso derrumbó el centro de mando que servía para organizar los viajes también hacia el norte, donde ni siquiera llegó la riada. Si algún forastero quisiera adivinar que por ahí hace un tiempo pasó un tren, tendría que hacer mucho esfuerzo para imaginárselo. También para creer que volverá a pasar, como señalan las autoridades autonómicas, a mediados del año que viene.

Desde la consejería de Transporte de la Generalitat aseguran que las líneas que van hacia el norte o los tramos en ese sentido del metro recuperarán el servicio la primera semana de diciembre. Debido a que el centro de mando (ubicado entre Paiporta y Picanya) fue arrasado por la riada, ahora tampoco tienen acceso normal a transporte público los habitantes de zonas por las que la dana ni se intuyó. Para la movilidad en el resto de municipios, los afectados, todavía falta mucho: se han invertido ya 50 millones de euros y estiman que harán falta otros 40 millones.

La única opción de transporte público para estas localidades son las 27 nuevas líneas de autobús lanzadera que ha puesto el gobierno autonómico. Y creen que seguirá siendo así hasta al menos el segundo trimestre de 2025, señalan a este diario fuentes de la Generalitat. Si se tienen en cuenta que solo los municipios de L’Horta Sud suman unos 500.000 habitantes, cuando el estado catastrófico en el que todavía se hallan muchos de ellos empiece a mejorar —ahora miles no están yendo a trabajar, ni a la escuela ni a las universidades, que permanecerán cerradas hasta diciembre—, el sistema provisional puede resultar insuficiente.

A la escasez de transporte público se agrega además otro problema: en las localidades afectadas es prácticamente imposible conocer a alguien que no haya perdido su coche. O sus coches. El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), el organismo que va a pagar la inmensa mayoría de las indemnizaciones, había registrado hasta la semana pasada 83.000 expedientes por vehículos de motor. Miles y miles de chasis que estos días amanecen amontonados en las orillas de los pueblos para chatarra.

La Generalitat informa de que ha invertido ya 100 millones de euros para reconstruir solo las carreteras autonómicas. Las locales, para apoyar a los municipios, se las ha dividido el Gobierno autonómico con el estatal y todavía no pueden ofrecer un cálculo del gasto. De las 18 vías autonómicas colapsadas el día 1 de la tragedia, aseguran haber arreglado 16, aunque algunas están todavía con soluciones temporales que provocan atascos kilométricos a la entrada de Valencia en las horas punta.

Otro de los focos importantes en materia de infraestructuras es que, tres semanas después, hay decenas de depuradoras y tuberías (colectores) para el alcantarillado destrozadas. En una reunión entre alcaldes de las localidades más afectadas esta semana, se quejaban de que en Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Manises, Mislata y Picanya, las depuradoras se encuentran sin servicio, que estaban destrozadas, “y se tardará al menos un año” en recuperarlas, advertían los regidores. Desde la Generalitat responden que ya han invertido otros 100 millones de euros en obras hidráulicas y están tratando de resolver de manera provisional el colapso de las tuberías con unas provisionales.

Economía: las empresas piden “un Plan Marshall”

El sector empresarial ha sufrido un golpe de 9.365 millones de euros por la dana, según las primeras estimaciones de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). “Le hemos pedido al Gobierno un Plan Marshall, tenemos que empezar ya con la reconstrucción”, explica a este periódico Salvador Navarro, presidente de la CEV, quien esta semana ha mantenido reuniones con Industria, Trabajo y una “muy positiva” con el propio presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. La CEV estima, en base a una encuesta inicial que ha realizado, que en torno al 20% de los autónomos afectados pedirán el cese definitivo de actividad.

De esos 9.365 millones, la peor parte se la ha llevado el sector empresarial de agroalimentación, con unos 3.350 millones. Femeval, que representa al sector del metal, estima unas pérdidas de 1.488 millones de euros y unas 6.150 empresas afectadas. Buena parte de los golpeados por la dana en polígonos industriales como el de Catarroja o Paiporta eran empresas pequeñas dedicadas a distintos tipos de artesanía con madera. La Federación de Empresas de la Madera y el Mueble calcula unas pérdidas de 1.300 millones.

Por su parte, una compañía clave para el tejido industrial valenciano como Ford no ha sufrido ningún daño por la dana. Sin embargo, la factoría, que venía de un año pésimo tras la firma del cuarto Expediente de Regulación de Empleo (ERE) desde 2020 por la pérdida constante de modelos (hoy solo produce el Kuga), se ha visto obligada a parar la producción de vehículos desde el pasado miércoles hasta el próximo martes, por la falta de algunos componentes clave para su actividad como los que le proporcionaba Industria Alegre, compañía que se vio severamente dañada por la dana.

Por su parte, el Ministerio de Industria informó este jueves de que está trabajando “en nuevas medidas para ayudar a las empresas afectadas”. Entre ellas está la puesta en marcha de ayudas a todos aquellos que hayan perdido su coche (o en algunos casos, varios). La CEV estima que hay unos 137.000 vehículos afectados por las inundaciones, lo que se traduce en unas pérdidas de 4.500 millones, algo de lo que se encargará el Consorcio de Compensación de Seguros.

“La principal preocupación reside en aquellos que tenían en su coche una herramienta esencial para su actividad, como puede ser el caso de un fontanero o un electricista”, indica una fuente de la patronal. Si bien el Ejecutivo no ha dado cifras aún de a cuánto ascenderá el paquete de ayudas para los que han perdido su coche, el futuro programa de ayudas lo gestionará el Gobierno sin intervención de la Generalitat, al contrario de lo que sucede con las subvenciones para comprar coches eléctricos del Plan Moves III.

Agricultura: salvar la cosecha que no arruinó la dana

El sector agrario se ha volcado en una labor que no tiene un minuto de desperdicio: recuperar los cultivos que han sobrevivido a la gota fría. Los trabajadores del campo explican que los elevados niveles de humedad de la zona son un caldo de cultivo perfecto para que los hongos terminen dañando los frutos que no han sido afectados. Para llegar hasta estos árboles, algunos agricultores como Gabriel Vela han tenido que hacer malabares con sus tractores. La mayoría de caminos y vías, en los campos afectados, han sido borradas por el paso de la riada.

Vela expone que ahora trabaja sin descanso con tres cuadrillas de nueve trabajadores para acceder a las zonas donde se pueden recoger mandarinas en fase temprana “Tenemos que darnos toda la prisa que podamos, porque cada día se estropea más fruta y es rechazada por los distribuidores”, expone este agricultor, que arguye que es primordial aprovechar la alta demanda de cítricos en esta época del año. Sin caminos, sin embargo, las distancias se han multiplicado. Si antes había que recorrer dos kilómetros, ahora hay que hacer 25 para llegar al mismo punto, explica. Asaja estima que la dana ha dejado pérdidas agrícolas totales por 1.089 millones de euros en la región.

Muchas de las explotaciones en las localidades afectadas han quedado completamente anegadas, con árboles sumergidos en capas de lodo y escombros. En estas condiciones, los árboles de cítricos, explica Bernardo Ferrer, vicepresidente de Asaja en la Comunidad Valenciana, terminarán muriendo por asfixia radicular. Este agricultor con cultivos en Alzira estima que, por cada hectárea afectada, cada propietario pierde una media de 12.000 euros en producción y otros 3.000 en infraestructura.

Según Asaja, los cultivos más afectados son los cítricos (con 192 millones en pérdidas), los caquis (54 millones), las hortalizas (24,8 millones) y los aguacates (7,2 millones). Muchos de estos sembríos se encontraban en plena campaña de recogida, sobre todo las variedades tempranas de mandarinas y los caquis.

En respuesta, el ministerio de Agricultura ha desplegado un paquete de ayudas de 170 millones de euros para la reconstrucción de la infraestructura afectada por la riada. Y la Generalitat Valenciana ha dispuesto 20 millones más para atender a las cerca de 70.000 hectáreas afectadas, según los datos que maneja la cartera de Agricultura. Sin embargo, Carlos Peris, de la Unión de Uniones, estima que las hectáreas afectadas son al menos el doble, por lo que cree que las ayudas serán insuficientes para salvar las cosechas de este año. “Necesitamos maquinaria para reasfaltar los caminos y que los camiones puedan entrar para poder recoger el género”, argumenta. Además, el desbordamiento de los barrancos se ha llevado por delante sistemas de regadío, bombas, vallas.