La destrucción de la dana: los dueños de 44.203 coches, 21.405 viviendas, 4.355 comercios han pedido indemnización

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) trabaja a toda máquina para intentar pagar cuanto antes a los afectados por la dana que ha azotado el Levante español la semana pasada y parte de esta. El organismo dependiente del Ministerio de Economía —aunque financiado con pequeños recargos en los seguros convencionales— ha actualizado el número de reclamaciones que ha recibido en estos días. En total ha registrado 72.125 solicitudes de indemnización. De esta cifra, la mayoría se corresponden a dueños de vehículos de motor (44.203) y a viviendas y comunidades de propietarios (21.405).

La institución dirigida por Flavia Rodríguez-Ponga ha movilizado a un batallón de casi 500 peritos para que empiecen a evaluar cuanto antes los daños sufridos y así poder empezar a pagar cuanto antes. De hecho, esperan poder empezar a hacer transferencias a damnificados desde esta misma semana.

El Consorcio es un órgano de colaboración público-privada que se encarga de cubrir riesgos que es difícil asegurar por parte de una compañía privada. Entre ellos están los daños producidos por catástrofes naturales como erupciones volcánicas, terremotos, huracanes, pero también los provocados por actos terroristas. El CCS tiene un patrimonio propio y distinto al del Estado. Sus ingresos lo constituyen sus primas, sus recargos y el producto de sus inversiones, y, como cualquier otra entidad aseguradora, constituye las correspondientes provisiones técnicas y mantiene un margen de solvencia. Aún siendo una entidad pública, el CCS no depende de los presupuestos de ninguna Administración Pública.

El Consorcio de Seguros se hará cargo de los daños a bienes que contaban con algún seguro contratado. Esto implica la inmensa mayoría de los coches, porque el seguro a terceros es obligatorio y ya da acceso a las indemnizaciones del CCS. Pero también en viviendas, empresas... incluso seguros de vida, para fallecidos por las inundaciones que tuvieran pólizas de este tipo. Hasta el momento, las autoridades han reportado 215 muertes provocadas por las lluvias torrenciales. El importe de la indemnización dependerá de la cláusula que el cliente hubiera firmado con su propia aseguradora.

Además de coches y casas, el CCS también ha recibido 4.635 solicitudes de indemnización de comercios y almacenes, otras 1.535 relacionadas con riesgos industriales, 307 de oficinas y 12 de obras civiles. Por el momento, la institución está tramitando unas 30.000 solicitudes, más del 40% del total recibidas.

Desde el organismo se recuerda que todas las personas aseguradas afectadas que pueden solicitar la solicitud de indemnización a través de la página web del CCS www.consorseguros.es o del centro de atención telefónica (900 555 559). Dada la fortísima llegada de nuevos expedientes, recomiendan que la solicitud de indemnización al CCS se haga a través de las propias aseguradoras, sus agentes o los corredores de seguros con los que se contrató la póliza.

La presidenta de la patronal aseguradora (Unespa), Mirenchu del Valle, reconocía ayer que la dana de Valencia será el evento catastrófico más costoso al que ha hecho jamás frente el seguro en España. Todas las fuentes consultadas dan por seguro que se superará largamente los 1.000 millones de euros en indemnizaciones. El nivel de aseguramiento en la provincia de Valencia —la más castigada por la catástrofe— alcanza el 76%, un nivel por encima de la media nacional.

Los afectados no tienen por qué apresurarse en presentar ya el parte ante el Consorcio. Aunque hay una norma genérica que fija en siete días el plazo máximo, desde la entidad ya se ha trasladado que no tendrán en cuenta ese tiempo. Recuerdan que en casos anteriores han llegado a tramitar solicitudes de indemnización más de 12 meses después de que tuviera lugar la catástrofe.

El Consorcio de Compensación de Seguros indemnizará los daños producidos por las riadas, pero los importes desembolsados no podrán superar en ningún caso el valor del bien destruido o del límite estipulado en el contrato. El capital asegurado es la cuantía máxima que pagará el Consorcio o la aseguradora por los daños que se han producido en un bien.

El dueño de una vivienda grande, que tuviera un seguro caro con amplias coberturas, acabará cobrando más que una persona propietaria de una casa más pequeña. El Consorcio también paga un dinero por las horas de limpieza que ha podido dedicar el afectado a retirar el barro y los enseres de su domicilio.