El Gobierno confía en el Constitucional para rematar la amnistía

No era fácil imagen el final de la partida en 2021. En ese momento, el Gobierno recibió durísimas críticas de la izquierda por haberse tragado como magistrados del Tribunal Constitucional a Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, dos personas muy estrechamente vinculadas al PP. El más polémico fue el primero, que había actuado como operador político de los populares durante años en la justicia y había tenido diversos contratos con administraciones populares. El socialista Odón Elorza incluso rompió la disciplina de voto para no apoyar a Arnaldo. En público, el Gobierno trasladaba malestar. Pero en privado aseguraba: “Con el tiempo se verá para qué lo hacemos. Renovar el Tribunal Constitucional es la prioridad absoluta, y habrá que pagar los peajes necesarios”. La mayoría, en ese momento, seguía siendo conservadora.

Tampoco era fácil imaginar en 2022 las consecuencias que tendría la formidable batalla que se vivió entre el Gobierno y la derecha judicial y política para impedir la renovación del Constitucional y por tanto el cambio a una mayoría progresista. Durante seis meses, La Moncloa, el PP, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-con una mayoría conservadora liderada por José María Macías, un hombre clave que ahora será magistrado a propuesta del PP- y el propio Constitucional libraron una guerra sin cuartel.

Félix Bolaños, ahora ministro de Justicia pero ya entonces principal estratega del Ejecutivo en este asunto, presionó con varios cambios legales para intentar forzar al CGPJ a renovar el tribunal. Los vocales conservadores daban largas, incluso se negaban a reunirse. Todo era muy polémico. Bolaños recibía críticas por lo que muchos juristas definían como “chapuzas legales” para forzar la renovación. El Constitucional, aún conservador, llegó incluso a paralizar una votación en el Senado, algo inédito en democracia, para que no se tramitara la reforma.

Después de seis meses, Bolaños y los progresistas del CGPJ encontraron una manera: votaron por sorpresa los nombres que proponía el otro bloque -el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano- y así se logró renovar. También hubo muchas críticas por haber tragado ese nuevo sapo de no poder elegir ni a su propia candidata. Un mes antes había llegado la decisión más criticada de todas: el Gobierno eligió para su cuota de dos miembros del Constitucional al ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a Laura Díez, que hasta seis meses antes trabajaba en La Moncloa con Bolaños como directora general de Asuntos Constitucionales.

La politización en los dos lados era muy evidente. El PSOE, que había visto cómo llegó a presidir el Constitucional un militante del PP, Francisco Pérez de los Cobos, decidió jugar fuerte con un objetivo claro: garantizar que no vuelva a pasar algo como la sentencia del Estatut, que se produjo en 2010, cuando en teoría el Constitucional tenía una mayoría progresista -suelen cambiar cada nueve años, en función de quién está en el Gobierno en el momento de la renovación de los dos magistrados que corresponde elegir al Ejecutivo- porque Manuel Aragón Reyes, elegido por José Luis Rodríguez Zapatero, decidió unirse a los conservadores y tumbar una parte del Estatut.

En este momento de finales de 2022 era muy difícil imaginar lo importante que sería el Constitucional en 2024, cuando la ley de amnistía, que entonces el Ejecutivo descartaba, se ha convertido en la clave de bóveda de la legislatura. Pero ahora el ambiente en la política española es claro: todos los caminos conducen al tribunal presidido por el progresista Cándido Conde Pumpido.

El Gobierno cuida las formas en público, pero en privado diversos miembros trasladan que están escandalizados con el auto del Tribunal Supremo que deja en papel mojado la ley de amnistía con el argumento de que sí hubo enriquecimiento personal de los líderes del procés condenados por malversación porque se ahorraron el dinero que tendrían que haber puesto de su bolsillo. La ley aprobada por el Congreso establecía quedaban eximidos todos los delitos de malversación, salvo en los casos de “beneficio personal de carácter patrimonial”.

Es un argumento totalmente nuevo, que jamás se utilizó en el juicio del procés ni en decisiones posteriores, como se encarga de destacar en su voto particular la magistrada Ana Ferrer: “Ni en la sentencia 459/2019, de 14 de octubre, ni tampoco en el auto 20107/2023, 13 de febrero, hicimos mención a ningún posible beneficio personal de carácter patrimonial de quienes en la causa del procés resultaron condenados como autores de un delito de malversación. Asimilar ahora el desvío de fondos a la persecución de un objetivo político ilícito, con el ánimo de obtener un beneficio particular económicamente evaluable, resulta la incorporación de un matiz novedoso, a la vez que peligroso, en cuanto retuerce los perfiles del ánimo de lucro, en una suerte de inversión metodológica que debiendo partir de los presupuestos de la Ley que nos corresponde ahora aplicar, acaba redefiniendo un elemento de tipicidad. De esta manera la interpretación que la mayoría plasma en su resolución corre el riesgo de quebrar los principios de legalidad y previsibilidad”, escribe.

Algunos miembros del Ejecutivo incluso hablan en privado de prevaricación -tomar una decisión injusta a sabiendas- algo que jamás dirían en público porque serían acusados de no respetar la separación de poderes. Pero en cualquier caso todos los consultados, no solo en el Gobierno sino también en otros partidos de la mayoría y en el PP, parecen convencidos de que el Constitucional enmendará la plana al Supremo y rematará la aplicación de la ley de amnistía para todos los procesados, también los líderes. Los demás tribunales ya están amnistiando a los segundos niveles e incluso a los policías procesados por la represión de las protestas del procés, lo que va a provocar una situación extraña durante unos meses: los líderes seguirán condenados, como Oriol Junqueras con su inhabilitación hasta 2031, o perseguidos, en el caso de que huyeran de la justicia como Carles Puigdemont, pero todos los demás estarán amnistiados.

Lo que nadie se atreve a pronosticar es qué consecuencias políticas tendrá esta nueva piedra a la amnistía puesta por el Supremo. En el Gobierno se hace un análisis puramente político de la decisión, porque entienden que no tiene motivaciones jurídicas -no ven serio el argumento del enriquecimiento por ahorro- y creen que el objetivo era complicar la legislatura a Sánchez. Si los socialistas confían en el Constitucional, en el PP se aferran al Supremo y creen que el auto cuyo ponente ha sido el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, ha demostrado que la amnistía es una entelequia -”solo han hecho una ley y ni siquiera saben hacerla”, se burló Alberto Núñez Feijóo- y que la legislatura está condenada al fracaso.

En el PSOE, por el contrario, miran a Cataluña, donde aún confían en que Salvador Illa pueda lograr la investidura este verano, pero sobre todo creen que la amnistía ya ha hecho todo el daño político que podía a la izquierda y está amortizada. Y, sin embargo, alargar el proceso judicial, concluyen los socialistas, solo puede servir para que los independentistas sigan más tiempo vinculados al Gobierno porque saben que tumbar al Ejecutivo y abrir la puerta al PP y a Vox podría suponer que sus líderes no lleguen nunca a ser amnistiados. Los socialistas creen que, queriendo complicarle la vida al Gobierno, los jueces están uniendo aún más la mayoría de manera indirecta.

La batalla entre un sector importante de la justicia y el Gobierno ha dominado los últimos años de Sánchez. El Supremo ya dejó en papel mojado la reforma de la sedición y la de la malversación en 2022. pero ahora con el Constitucional con mayoría progresista parece haber cambiado la perspectiva. Sin embargo, Sumar cree que no basta con esperar que el Constitucional resuelva los problemas. El socio minoritario de la coalición está presionando dentro del Gobierno para ir más lejos y tomar decisiones de fondo para evitar que la justicia, dominada mayoritariamente por los conservadores, se convierta en una especie de ariete de oposición al Gobierno.

El PSOE y Sumar coinciden en el diagnóstico de que algunos jueces se están extralimitando en sus funciones con el único afán de complicarle la vida al Gobierno, pero hay una discrepancia clara a la hora de ver qué decisiones se toman frente a eso. Sumar está reclamando que se aproveche el paquete de regeneración democrática que está preparando La Moncloa -Sánchez anunciará las principales líneas el 17, aunque aún está todo muy verde y las concreciones llegarán a partir de septiembre- para introducir reformas que al menos refuercen la responsabilidad de los jueces cuando toman decisiones como estirar artificialmente procesos que quedan en nada pero tienen graves consecuencias políticas, o tratan de influir en la política. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, explicó este martes que Mariano Rajoy “eliminó la responsabilidad civil de los jueces”, de tal modo que “es el único cuerpo que no rinde cuentas de lo que hace a pesar de que vemos procesos que tienen el sesgo que tienen”. “Tendremos que dar un debate sobre la responsabilidad. Cuando hablamos de democratizar nuestro país, hablamos de esto”, remató.

Varias fuentes del sector socialista del Gobierno descartan de plano esa posibilidad. Creen que meterlo ahora en el paquete de regeneración abriría una guerra con la justicia aún mayor y de consecuencias imprevisibles. Sumar va a dar la batalla hasta el final con este asunto, pero los socialistas insisten en que lo ven inviable. En el PSOE tienen, por ejemplo, duras críticas contra el juez Juan Carlos Peinado, que lleva el proceso contra Begoña Gómez, pero creen que no se puede hacer mucho más que esperar hasta que se archive el caso por ausencia de pruebas.

La batalla entre el Gobierno y la justicia, decisiva en las dos últimas legislaturas de Sánchez, seguirá siendo clave, pero con una nueva estrategia por parte del Ejecutivo: esperar hasta que el Constitucional resuelva. Si lo hace a favor de la amnistía -tal vez dentro de un año- y si la justicia europea también la sanciona, se cerrará el largo capítulo judicial del procés. Pero puede que se abran otros.