Detenido en Málaga un empresario español acusado de enriquecerse con ‘diamantes de sangre’

Los llamados diamantes de sangre, las piedras preciosas extraídas mediante el trabajo de esclavos en minas de Sierra Leona para financiar la guerra civil que asoló este país africano entre marzo de 1991 y enero de 2002, no son algo lejano en el tiempo y el espacio que sirvió para el argumento de una célebre película protagonizada por Leonardo DiCaprio titulada con este nombre. La Policía Nacional detuvo la noche del martes en el aeropuerto de Málaga a Manuel Terrén Parcerisas, un empresario español al que la Audiencia Nacional investigaba desde hace más de dos años como presunto integrante hace más de 20 años de una trama de venta ilegal de estas gemas que sirvieron para financiar al grupo paramilitar Frente Revolucionario Unificado (RUF, en sus siglas en inglés) durante el conflicto que dejó más de 70.000 muertos y 2,6 millones de desplazados en aquel país africano.

Según ha informado este sábado el Ministerio del Interior, el arresto se produjo cuando Terrén acababa de llegar junto a varios familiares a España para pasar las vacaciones en un vuelo procedente de Brasil, donde reside desde 2007 y es propietario de un complejo hotelero. El empresario ya era controlado desde hace tiempo en este país gracias a la colaboración de la Policía Federal brasileña, que fue la que alertó de su viaje a España. Tras declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, este ordenó su ingreso en prisión provisional al considerar que existe un alto riesgo de fuga.

Tras la detención, agentes de la Comisaría General de Información (CGI) registraron la finca de la localidad malacitana de Coín donde Terrén se alojaba cuando venía a España y donde se ha intervenido “documentación y dispositivos electrónicos de interés para la investigación que están siendo ahora analizados”. El detenido está acusado de ser el “diseñador y coordinador de la trama empresarial que habría permitido el blanqueo y la posterior circulación ilegal de los diamantes de sangre en Europa”, así como de haber acudido varias veces a África, entre 1999 y 2002, a recoger estos, según la nota policial. La sentencia del Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL) que condenó por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a varios de los responsables de la guerra civil en aquel país ―entre ellos el expresidente de Liberia Charles Taylor― constató que una de las principales fuentes de financiación de los paramilitares fue el comercio de diamantes extraídos en minas en las que utilizaban como esclavos a civiles e integrantes de grupos opositores.

La investigación que ha desembocado en el arresto del empresario se inició en enero de 2022, cuando el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal, primer instructor de la causa, admitió la querella presentada contra Terrén por un ciudadano de Sierra Leona que tuvo que trabajar como esclavo en la mina de diamantes de la localidad de Tombodu, al este de este país, explotada por la milicia del RUF para financiar sus actividades bélicas. Según esta querella, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, esta víctima aseguró que había sido “obligado a trabajar día y noche junto con otros 300 civiles, en condiciones inhumanas de vida” y que había sido testigo de cómo tres de sus amigo murieron en la mina. Uno de ellos, asesinado porque sus captores pensaban que quería escapar. Los otros dos, por agotamiento físico.

La querella acusaba al empresario español de crímenes de lesa humanidad, delitos cometidos en el marco del conflicto armado y por pertenencia a organización criminal al considerar que ejerció el papel de “gran jefe” de la trama y recibió importantes cantidades de dinero en España. Siempre según la querella, Terrén era accionista de la empresa Orfund Holding, sociedad con sede en Andorra y presuntamente implicada en el comercio ilegal de diamante desde Sierra Leona. Además situaba al empresario como pieza fundamental en la creación en Liberia, país limítrofe, de las sociedades DiAndorra y Blue Stone ―de esta última era presuntamente accionista con el 8%― dedicadas sobre el papel a la explotación de minas de diamantes en este país. Sin embargo, según las manifestación hechas por el empleado de ambas compañías ante notario en junio de 2016, los diamantes que se obtenían de estas explotaciones en Liberia no eran “de joyería”, sino “industriales sin valor” y , en realidad, las sociedades DiAndorra y Blue Stone fueron utilizadas a partir de julio de 2000, cuando Naciones Unidas prohibió la exportación desde Sierra Leona de estas gemas a causa de la guerra, como “tapadera” para comercializar los diamantes de sangre.

El texto destacaba que el empresario español se convirtió en la “persona de confianza” de la red en África ―donde ya había gestionado negocios de oro anteriormente― y que, como tal, supervisaba las actividades de las dos mercantiles liberiana, para lo que se desplazaba frecuentemente a Liberia. La Policía Nacional, cuya investigación ha permitido corroborar y ampliar buenas partes de los indicios recogidos contra Terrén en la querella, detalla que los diamantes con los que traficaba la trama eran obtenidos principalmente en las minas de las provincias de Kono y Boedu, controladas por niños soldados del Frente Revolucionario Unificado, y que luego estos eran entregados en Liberia al entramado empresarial por miembros de esta milicia. Según la nota de Interior, “el arrestado habría participado directamente en la compra presencial de estos diamantes, coincidiendo así con militares del RUF quienes le hacían directamente la entrega”.

La querella ya detallaba que miembros de esta milicia han asegurado en declaraciones ante autoridades judiciales de diversos países que ellos entregaron las piedras preciosas en Monrovia, la capital de Liberia, a personas blancas que describían “como europeos o españoles, que hablaban inglés con acento” y que estaban vinculadas con una de las empresas pantallas, Blue Stone. Estos testimonios añaden que esta persona llegó a ir a Sierra Leona “para reunirse con el RUF y visitó las minas de diamantes en las que se obligaba a los esclavos a trabajar”.

Una vez falseado mediante las empresas pantallas el origen real de los diamantes, entraba en escena la mercantil andorrana Orfund Group, de la que era accionista Terrén. Esta los introducía en el mercado europeo a través de una sociedad belga especializada en el comercio de diamantes Cindam Belgium N.V. Según la querella, las oficinas de esta compañía en Amberes recibían directamente desde Liberia los diamantes “para venderlos en el mercado internacional”.

El abogado Hernán Garcés, que junto a su compañero Juan Garcés representan al ciudadano de Sierra Leona que presentó la querella que inició la investigación, destaca a este diario que la detención de Terrén es “la punta del iceberg” de esta trama de diamantes de sangre. Las indagaciones que dieron pie a la querella, y que ha coordinado la ONG suiza Civitas Maxima, salpican a más personas de otras nacionalidades, entre ellas un exalto cargo del gobierno de Andorra, detallan las fuentes consultadas.