“En la instrucción judicial contra Begoña Gómez se producen cosas que no había visto nunca”

Antonio Camacho (60 años) lleva una década de abogado; antes fue diputado socialista (2011-2014), ministro del Interior (2011), secretario de Estado de Seguridad (2004-2010) y fiscal. Mientras se desempeña cada día en la Audiencia Nacional en un caso de fraude fiscal de enorme repercusión mediática, estudia la causa abierta a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, para defenderla en el juzgado.

P. Ayer se aplazó la declaración de su cliente. Hay quien puede pensar desde el PSOE que el juez alarga innecesariamente una causa que ni siquiera se tuvo que abrir, pero el aplazamiento lo pidió usted ¿Qué pasó?

R. El juez dictó hace tres días un auto donde se decía que el objeto del procedimiento era la denuncia inicial de Manos Limpias relacionado con todos los actos, conductas y comportamientos de mi representada desde que su marido es presidente de Gobierno. Nos hemos presentado en el juzgado y en el momento en que mi representada ha dicho que no conocía exactamente los hechos que se estaban investigando, el juez le ha comentado la existencia de una querella que había sido admitida pero nunca se notificó a la defensa que se había admitido y que por lo tanto, no teníamos constancia de esa admisión. Hemos pedido que se suspendiera porque se trataba de un hecho nuevo. Nunca había visto que un juez intentara tomar declaración a alguien contándole que había una querella cuya admisión no le había notificado todavía. Nadie puede prestar declaración cuando le cuentan que hay una querella que ha sido admitida y que no te han notificado.

P. ¿Cuándo y cómo acabará este proceso judicial?

R. Eso no lo puedo adelantar, pero lo que sí puedo decir es que tras la lectura de la documentación que se nos han notificado, en esta causa no hay contenido penal. ¿Cómo va a terminar? No lo sé. Depende del juez y de los recursos que se interpongan. Pero tengo una profunda confianza en que el sistema que está establecido al final funcione.

P. Tras suspender la declaración de Begoña Gómez, el juez tomó declaración al rector de la Universidad Complutense sobre unos hechos que en principio no formaban parte de la causa. ¿Cómo reaccionó ante ese interrogatorio?

R. Pedí la suspensión porque se nos había comunicado la existencia de una querella admitida una hora antes y creo que no tenía sentido que se tomara esa declaración cuando se había modificado el objeto del procedimiento por parte del juez. Hace dos siglos a la gente se la juzgaba sin contarle cuál era el motivo por el cual estaban siendo juzgados. Eso era la Inquisición. Afortunadamente, en dos siglos hemos avanzado en garantías y lo que es necesario es que esas garantías sean aseguradas en el seno del procedimiento. Y es el titular del Juzgado el que debe garantizar que esas garantías sean efectivas, que no sean una mera formalidad.

P. ¿La declaración del rector suponía vulnerar alguna de las garantías de su cliente porque le hicieron preguntas que versaban sobre la segunda querella cuya admisión no les habían notificado?

R. Había una parte que versaba sobre esa segunda querella, porque la primera no se hacía referencia en ningún momento a los temas relativos a la Universidad Complutense.

P. ¿Cuál es el delito que se investiga en relación con la Universidad Complutense. ¿Un tráfico de influencias para que se contratara a Begoña Gómez porque citó al rector en La Moncloa?

R. No citó al rector en Moncloa. Habló con el rector y le dijo si tenía algún problema en que se reunieran en Moncloa. Creo que todo el mundo debe entender que la pareja de un presidente de Gobierno está sometida a una serie de condiciones en torno a su seguridad que no existen en otros casos. Pero de ahí no se puede deducir ningún tráfico de influencias y de hecho el rector ha declarado que en esa reunión no hubo nada delictivo. Es más, nadie le ha preguntado acerca del contenido de esa conversación.

P. ¿Cree usted que en la actuación del juez José Luis Peinado contra Begoña Gómez puede haber una intencionalidad política de intentar dañar al presidente del Gobierno como se sugiere desde ámbitos socialistas?

R. No creo que deba pronunciarme sobre eso en la medida que tengo una causa pendiente. Lo cierto es que en la instrucción de esta causa se están produciendo cosas que no había visto nunca.

P. ¿Qué le parece que se abra una causa penal sobre una campaña informativa de varios medios donde no se aportaban pruebas del delito que se sugería?

R. Es absolutamente inusual en la práctica forense que una causa se abra sobre la base de unas noticias de prensa. Además, hay jurisprudencia de los tribunales en donde se dice que la mera noticia de prensa si no resulta acreditada con otros elementos probatorios, en principio no es una base suficiente porque no proporciona indicios suficientes acerca de la comisión de un delito. El tema es que esa denuncia inicial no aportaba esos indicios y con posterioridad las únicas diligencias de instrucción que se han producido han sido dos declaraciones de los dos responsables de los medios de comunicación que lo publicaron, que no aportaron ninguna información adicional con contenido y luego un atestado.de la Guardia Civil en donde lo que venían a decir es que no había ninguna irregularidad. No se ha practicado ninguna diligencia de instrucción más, pero, sin embargo, la causa se mantiene, continúa. A pesar de que ya la Audiencia Provincial dijo que de todos los hechos denunciados, los únicos que tenían una mínima base probatoria eran los contratos que han sido avocados a la Fiscalía Europea. Por lo tanto, en este momento eso no forma parte de la causa. Si no se ha añadido ningún elemento más allá de los escritos presentados por las acusaciones populares que aportan más noticias de prensa, pero no hay elementos objetivos que justifiquen la imputación, pues lo que no tiene sentido es que sigamos hablando de una causa, porque esta causa no existe.

P. ¿Begoña Gómez conocía a los funcionarios de Red.es que adjudicaron los contratos a Carlos Barrabés? ¿Los presionó de alguna forma para que adjudicaran esos contratos a un empresario con el que se relacionaba en la Complutense?

R. Le puedo asegurar que mi clienta, después de firmar una carta similar a la que firmaron incluso otras instituciones del Estado no supo en ningún momento que se había producido esa adjudicación. No supo en ningún momento que se había concedido al grupo empresarial que se concedió. Se ha enterado a través de la causa judicial.

P. ¿Hay que reformar la ley para regular mejor lo que puede o no puede hacer la mujer del presidente del Gobierno?

R. No creo que sea necesario regular el estatus de la mujer de un presidente del Gobierno y tampoco del marido de una presidenta del Gobierno. Pero desafortunadamente, creo que hay una parte de la sociedad española que encuentra una diferencia entre la mujer del presidente del Gobierno y el marido de la presidenta del Gobierno, y creo que debemos hacer un esfuerzo para avanzar en eso. Estamos en un mundo en el que tendemos a la igualdad y lo que se considera inadecuado en la mujer de un presidente de gobierno que tenga una carrera profesional no se consideraría tan inadecuado si se tratara del marido de la presidenta del Gobierno. Creo que todavía tenemos que hacer un esfuerzo.

P. ¿Tiene algún pronóstico sobre esta causa?

R. Tengo un pronóstico acerca de que no hay ninguna actuación delictiva.

P. Dice el PP que la nueva situación de Begoña Gómez al aplazar su declaración alarga la agonía de los inquilinos de La Moncloa y que es la vergüenza de todos los españoles.

R. No tiene nada que ver con eso. Se trata de una cuestión básica, que es el derecho de defensa y creo que todo demócrata debe defender el derecho de defensa. Aquellos que protegen la Constitución deben proteger los derechos que reconoce el artículo 24 y si no, no son demócratas.

P. Begoña Gómez y su abogado no parecen estar por la labor de facilitar la acción de la justicia, según el PP.

R. Estamos colaborando con la Administración de justicia. Lo que ocurre es que en este caso se están produciendo cosas que yo no he visto a lo largo de toda mi vida y he estado en ambos lados en la acusación como ministerio fiscal y en la defensa. Esto no lo había visto nunca y creo que hay pocos miembros del Poder Judicial que hayan visto notificar una querella cuando ha empezado una declaración va en contra de principios básicos del procedimiento penal de un Estado de derecho.