Anticorrupción pide imputar a dos altos cargos del Ministerio de Transportes por el ‘caso Koldo’

Las aguas se mueven en el caso Koldo, el sumario judicial abierto en la Audiencia Nacional por la presunta trama de cobro de comisiones ilegales en operaciones de compra de material sanitario por parte de la Administración durante la pandemia, y que afecta a Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos, exministro socialista de Transportes. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Ismael Moreno, que instruye la causa, que cite a declarar como imputados a Jesús Manuel Gómez García, actual subsecretario del Ministerio de Transportes; a Michaux Miranda, que mantiene el cargo de director general de Gestión de Personas de la entidad pública Adif; y a Álvaro Sánchez Manzanares, exsecretario general del organismo público Puertos del Estado y que fue cesado en marzo por el actual ministro, Óscar Puente.

El ministerio público afirma que estos tres altos cargos, durante la etapa de Ábalos, “podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas, sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos”. “Dando por hecho, y sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación, que el adjudicatario final iba a ser Soluciones de Gestión”, la empresa epicentro de la trama presuntamente usada para hacerse con los millonarios contratos públicos.

La petición de Anticorrupción se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitiera a la Audiencia Nacional un informe en el que analiza los correos electrónicos intercambiados en aquellas fechas por diferentes responsables del ministerio y en el que se apuntaba a la supuesta implicación de estos tres cargos. El instituto armado destacaba que el subsecretario Gómez García mintió a los agentes cuando le interrogaron como testigo el 21 de febrero. Según afirmaban los investigadores, pese a que la documentación analizada revela que este alto cargo “asumió un rol clave” para que Adif y Puertos del Estado contrataran a la empresa de la trama, en aquella declaración aseguró que no participó de “manera directa o indirecta” en las adjudicaciones. “Esta afirmación se ha revelado alejada de la realidad tras la observación de los correos electrónicos”, recalcaba el documento confeccionado por la UCO. Anticorrupción recuerda en su escrito este indicio y recalca que se han encontrado emails en los que Gómez García parece ejercer como “correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores”, además de que los seguimientos pusieron de manifiesto que “mantuvo varios encuentros con Koldo García”.

Sobre Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado, el informe de la Guardia Civil concluía que “recibía instrucciones” de Koldo García, con quien “tenía una estrecha relación”, según se ha evidenciado “no sólo por las intervenciones telefónicas y los seguimientos policiales, sino también por los correos remitidos entre ambos”. Anticorrupción destaca ahora que este antiguo alto cargo tuvo un papel “relevante” en la contratación de Soluciones de Gestión y que remitió un correo a uno de los empresarios que la dirigían desde la sombra, Víctor Aldama, en el que le informaba sobre la oferta presentada por otra compañía con el mensaje “sólo para tu información Víctor”. Cuando declaró como testigo, Sánchez Manzanares aseguró a la Guardia Civil que solo tuvo contacto con el empresario “para resolver una incidencia relativa al transporte de las mascarillas”, según destaca ahora la Fiscalía.

Respecto a Miranda, que sigue ocupando el mismo cargo en Adif que entonces, la Guardia Civil recalcaba su vinculación directa con Koldo García y que fue, según otros cargos que declararon como testigos, el directivo que se encargó de “gestionar” la adjudicación para la compra de las mascarillas por parte de este organismo. En ello incide ahora el escrito de Anticorrupción: “Asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados por Adif y la contratación pudiera llevarse a término”. La Fiscalía añade que, del análisis de los correos intervenidos, se desprende que Miranda fue advertido por miembros de su equipo de que la contratación de Soluciones de Gestión suponía un riesgo mayor respecto a otra empresa que también presentó una oferta, “habida cuenta datos como la solvencia o el riesgo de impago”. Pese a lo cual, se contrató a la empresa de trama. “Del contenido de alguno de estos correos también se desprende que Michaux recibió instrucciones para contratar con Soluciones de Gestión”, dice la Fiscalía.

“En principio, sin perjuicio de ulteriores consideraciones, tal conducta podría ser encajable dentro de los contornos del delito de tráfico de influencias”, afirma el escrito de Anticorrupción enviado al juez: “Por lo tanto, a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra ellos situaciones materiales de indefensión, se considera procedente que se ha de proceder a su toma declaración en calidad de investigados”. Además, el ministerio público pide que también declaren como testigos toda una batería de actuales y antiguos altos cargos de la Administración, como Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif; Francisco Toledo Lobo, expresidente de Puertos del Estado; y Guillermo Martínez de Simón, secretario del consejo de administración de Adif.

Lucha por la competencia

Paralelamente, el juez Moreno ha pedido este viernes a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la petición que hizo el jueves la Fiscalía Europea, que ha reclamado la competencia de todas las pesquisas —hasta ahora solo llevaba las ramificaciones en Balares y Canarias, y no las referentes al Gobierno central—.

Este movimiento no resulta baladí y sus posibles efectos resultan considerables. Si la Fiscalía Europea asume finalmente las competencias, este órgano independiente de la UE pasaría a dirigir toda la instrucción, en detrimento del juez Moreno, ya que a partir de entonces la Audiencia Nacional solo tendría la función de nombrar a un juez de garantías para que supervise las medidas que afecten a derechos fundamentales (por ejemplo, las intervenciones telefónicas). Además, la Fiscalía Anticorrupción dejaría de participar en las pesquisas y las acusaciones populares —en el caso Koldo, el PP y Vox están personados así— desaparecían de escena, ya que en los procesos de la Fiscalía Europea no se contempla esta figura, según explican fuentes jurídicas.

Aún está por ver que se produzcan todos estos cambios. Fuentes jurídicas detallan que Anticorrupción, encabezada por el fiscal Alejandro Luzón, prevé oponerse a la petición de la Fiscalía Europea. Así que, una vez que Anticorrupción emita su informe sobre su posicionamiento, el magistrado Ismael Moreno deberá estudiarlo y pronunciarse sobre si cede la competencia de la causa al órgano dependiente de la UE o se la queda. En el caso de que opte por retener el sumario en su poder, la Fiscalía Europea podría recurrir al Tribunal Supremo, que tendría la última palabra sobre quién debe seguir adelante con las pesquisas.

Como argumento para reclamar la competencia, la Fiscalía Europea expone que la trama de compraventa de mascarillas estaba compuesta por una sola red corrupta —de la que formaban parte supuestamente Koldo García y los empresarios Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto— que operaba en diferentes partes; y que, por tanto, lo lógico es que este órgano de la UE se encargue de toda la investigación, puesto que en algunos de esos expedientes afecta a dinero procedente del presupuesto de la Unión Europea. Hasta ahora, este departamento comunitario indagaba solo en los contratos otorgados por los Ejecutivos de Canarias y Baleares. A su vez, Anticorrupción y el juez Moreno se encargaban de las averiguaciones sobre las adjudicaciones de la Gobierno central. Según subraya la agencia EFE, Anticorrupción considera que no se debe ceder esta parte, ya que no se ha detectado que haya fondos europeos afectados en dichos contratos con la Administración central.