La Fiscalía Europea reclama la investigación de todo el ‘caso Koldo’

La Fiscalía Europea ha llegado a la conclusión de que es competencia suya investigar todo el caso Koldo, tanto las partes que atañen a las ramificaciones en Baleares y Canarias como las que afectan al Gobierno central, que se investigan en la Audiencia Nacional. Por eso, este jueves ha enviado un escrito al Juzgado Número 2 de este tribunal, a cargo de Ismael Moreno, reclamando los expedientes que hay en el sumario, según informan fuentes judiciales a EL PAÍS.

Los fiscales dependientes de la institución comunitaria habían solicitado hacía tiempo un informe a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para averiguar si había base suficiente para dar este paso. Ese documento ya ha llegado a la institución comunitaria y, con él sobre la mesa, han decidido solicitar al juez del caso en la Audiencia que se inhiba en su favor. La Fiscalía Europea constata que, en realidad, se trata de una sola trama que operaba en diferentes partes y que, por tanto, lo lógico es que se encargue de toda la investigación, puesto que en algunos expedientes afecta a dinero procedente del presupuesto de la UE.

Desde que hace tres años se puso en marcha la Fiscalía Europea, siempre que surge un caso de corrupción en el que hay fondos afectados del presupuesto de la Unión, es ese organismo el competente para llevar adelante la investigación. En el caso Koldo, al menos en las adjudicaciones de contratos en Baleares y Canarias, hay recursos de la UE y, por tanto, se ha hecho cargo de esas partes de la investigación desde hace meses. Ahora pide el resto tras estudiar la información que le remite la Guardia Civil por entender que se trata de una sola trama y que se debe unificar el caso en beneficio de la investigación.

Casi desde el primer momento, la Fiscalía Europea ha estado muy cerca del caso Koldo. Recibió una primera denuncia el 30 de junio de 2022, momento en el que comenzó a recabar información para saber si había fondos comunitarios afectados. El denunciante fue el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, el mismo que presentó la demanda al ministerio público español. Casi un año después, en abril de 2023, pidieron a Anticorrupción datos sobre los contratos denunciados. La respuesta llegó dos meses después, en junio, con información sobre Baleares y Canarias.

Ha habido más peticiones de información, concretamente en octubre de 2023, pero en este momento la investigación ya estaba judicializada y el secreto de sumario decretado, por lo que el juez Ismael Moreno no envió más datos. No fue hasta que explotó el caso y se convirtió en objeto de atención mediática, ya en enero y febrero de este año, que la Fiscalía Europea accedió a más documentación. Posteriormente, llegó la petición del informe a la Guardia Civil que ha dado pie a la reclamación de este jueves.

Este ministerio público, con sede en Luxemburgo, ya ha investigado en alguna ocasión casos de supuesto fraude relacionado con contratos públicos suscritos durante la pandemia. El más llamativo de ellos fue el que afectaba al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que finalmente acabó archivado. Aquel caso provocó un sonoro choque entre los fiscales europeos y Anticorrupción. Las dos instancias querían hacerse cargo del caso y finalmente la decisión que se tomó fue salomónica. En ambas vías las investigaciones acabaron archivadas.

Ahora, si el juez de la Audiencia Nacional no se inhibe y accede a la reclamación de la Fiscalía Europea, la decisión no estará en manos de la Fiscalía General del Estado. Como el caso está judicializado, será un tribunal quien tendrá que decidir sobre qué órgano es competente para continuar con la investigación. Eso evitará, en principio, uno de los problemas que denuncia habitualmente Luxemburgo sobre su trabajo en España: en caso de conflicto de competencias decide la Fiscalía General del Estado, que es juez y parte, puesto que jerárquicamente está al cargo de Anticorrupción, con quien suelen tener estos conflictos los fiscales europeos.