La Oficina Antifraude Europea analizará la información sobre el ‘caso Koldo’

La Oficina Europea Antifraude (OLAF, por su siglas en inglés) ha tardado poco en responder a la petición de la Comisión para que indague si ha habido un uso indebido de fondos europeos en el caso Koldo. El organismo que investiga presuntas irregularidades en relación con los presupuestos comunitarios ha señalado este miércoles que analizará la información recibida del Ejecutivo de la Unión y “solo después decidirá si abre o no una investigación”, ha apuntado un portavoz de OLAF.

“OLAF analiza cualquier información que recibe para evaluar si hay base para abrir una posible investigación [por fraude] independientemente de que esté entre sus competencias y de que el asunto esté siendo investigado ya por otras autoridades”, ha precisado la misma fuente sobre la demanda de la Comisión. Bruselas sospecha que en el caso Koldo se emplearon fondos europeos de forma irregular y le ha pedido a la OLAF que lo compruebe. Este es el segundo organismo comunitario que se analizará el presunto fraude que pueda haberse cometido con dinero procedente del presupuesto de la UE en el caso Koldo. Ya lo hace la Fiscalía Europea con, al menos, dos contratos de venta de mascarillas que fueron remitidos en junio a la Fiscalía Europea por el fiscal anticorrupción español: uno suscrito por Baleares y otro por Canarias en 2020, probablemente con dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ambos organismos son las dos principales herramientas de las instituciones europeas contra la corrupción: una, la OLAF, se despliega en el campo administrativo; la fiscalía, en el judicial.

A la OLAF llegan casos sobre diferentes tipos de irregularidades. La primera es la que ha provocado que la Comisión le pida que intervenga: la protección del presupuesto de la UE, es decir, averiguar por la vía administrativa si en el supuesto fraude del caso Koldo hay dinero de la UE. Si la conclusión es que ha habido alguna irregularidad, esta institución no puede imponer sanciones, solo puede emitir recomendaciones para que la autoridad competente adopte medidas. Una de ellas es la recuperación del dinero malversado, otras es la remisión del caso a los juzgados.

La OLAF no solo actúa antes irregularidades como las del caso Koldo, sino que también lo hace cuando hay “sospechas graves de faltas” entre los funcionarios comunitarios.

La Fiscalía Europea es la otra gran herramienta comunitaria de lucha contra la corrupción. Como la Oficina Antifraude, su misión principal es defender los intereses financieros de la UE y perseguir los delitos que afecten al presupuesto de la Unión. También se encarga la institución que dirige la rumana Laura Kovesi de perseguir casos de fraude de IVA que afecte a varios países, uno de las últimas investigaciones en este campo ha acabado destapando en Italia una red que defraudó unos 30 millones.

Dos contratos de los que compondrían el caso Koldo fueron remitidos a la Fiscalía Europea por Anticorrupción en junio. No es la primera vez que este organismo comunitario investiga comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ya lo hizo con Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en un expediente que provocó el choque entre la fiscalía española y la comunitaria. Esta última quería ocuparse de todo el caso, algo a lo que se negó Anticorrupción. Al final las dos investigaciones acabaron archivadas.

Si bien los dos guardianes antifraude comunitarios ya están sobre el caso Koldo, hay otra vía por la que las instituciones europeas tratan de saber si hay dinero comunitario afectado por este supuesto fraude: el contacto entre la propia Comisión Europea y el Gobierno, concretamente sobre la Unidad de Gestión de Fondos Europeos, que depende del Ministerio de Hacienda, explican fuentes comunitarias. Las mismas que señalan que las auditorías y el control sobre los fondos estructurales y sobre otros capítulos del presupuesto comunitario, como la política agraria común, son habituales y que su política es de “tolerancia cero ante el fraude”.

Estas fuentes apuntan, de forma genérica, que la Comisión tiene herramientas en su mano para actuar ante casos de fraude: puede reclamar la devolución del dinero o imponer una multa y también podría paralizar la entrega de fondos en alguno de los programas afectados.