CASO PÚNICA

El juez de Púnica alerta a la UE de que investiga otro desvío de fondos europeos a la caja b del PP

El magistrado informa a la oficina antifraude europea de las sospechas sobre un contrato de publicidad financiado con 800.000 euros del Fondo Social Europeo

Esperanza Aguirre y Francisco Granados, en una imagen de 2011.
Esperanza Aguirre y Francisco Granados, en una imagen de 2011.Samuel Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, ha remitido a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) información de la adjudicación en 2006 de un contrato de la Comunidad de Madrid financiado con 800.000 euros del Fondo Social Europeo sobre la que existen sospechas de que sirvió para desviar dinero hacia la caja b del PP.

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Se trata de un concurso adjudicado por Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid SA (Gedesma) —un ente público dependiente de la Consejería de Medio Ambiente— para promocionar una “campaña del plan de residuos de construcción y demolición de la Comunidad de Madrid”. El contrato fue adjudicado a Over Marketing y Comunicación S. L., propiedad de Daniel Horacio Mercado Lozano, ya imputado en el caso Púnica por su presunta vinculación con supuesta financiación irregular del PP madrileño en la etapa de Esperanza Aguirre. El importe del mismo fue de 919.183 euros, de los que el 80% fue financiado por el Fondo Social Europeo, según destaca un informe de la Guardia Civil.

Es el segundo contrato sufragado con dinero de la UE bajo sospecha de haber servido para nutrir la caja b del PP madrileño. La OLAF pidió en octubre al juez García Castellón información sobre otra licitación de 2006. En este caso, un concurso del desaparecido Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) de 2 millones de euros para realizar una campaña de publicidad con idea de transmitir “la importancia de autónomos y Pymes en el desarrollo de la Comunidad de Madrid”. La empresa que se hizo con este contrato fue también Over Marketing. Según indicaba la oficina antifraude europea, pretende abrir su propia investigación. La respuesta del juez a dicho requerimiento es la que ahora ha aportado datos sobre el otro contrato bajo sospecha.

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