Marjaliza entrega al juez 23 documentos inéditos que incriminan a alcaldes de PP y PSOE

Siete contratos, cuatro adendas, seis informes, cuatro listados de facturas y una encuesta política. El constructor David Marjaliza, cabecilla de la trama Púnica, ha entregado al titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, 23 documentos que en su día no fueron localizados por la Guardia Civil. Con ellos, el empresario quiere respaldar sus últimas declaraciones en la Audiencia Nacional en las que detalló el supuesto pago de comisiones ilegales a alcaldes de la Comunidad de Madrid por el amaño de millonarios contratos municipales de eficiencia energética. Los centenares de folios inéditos aportados ahora por el empresario -quien desde junio de 2015 colabora con la justicia- arrojan nuevos datos incriminatorios contra tres regidores del PP y uno del PSOE.

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Se trata, en concreto, de los que cuando se produjeron las primeras detenciones de la Operación Púnica en octubre de 2014 eran los primeros ediles populares de Collado Villalba (Agustín Juárez), Valdemoro (José Carlos Boza Lechuga) y Torrejón de Velasco (Gonzalo Cubas), así como el alcalde socialista de Parla, (José María Fraile). Marjaliza aseguró hace tres semanas ante el magistrado que a todos ellos los había convencido para que adjudicaran de modo presuntamente irregular contratos públicos a Cofely, la empresa energética con varios directivos investigados en la causa. En la mayoría de los casos, lo hizo mediante la entrega a los cargos públicos de dinero en efectivo o encuestas políticas.

En el caso de Parla, Marjaliza aseguró el pasado 30 de octubre que a cambio del amaño de un concurso de 66,2 millones de euros, dio al jefe de gabinete de Fraile, Antonio Borrego, 500.000 euros en metálico en "diez o doce entregas" que le dijeron que era “para el partido, para el jefe, para hacer publicidad” aunque nunca preguntó por su destino final. También aseguró que otra parte del pago iba a ser en encuestas políticas. El constructor explicó que el acuerdo incluía la realización de tres sondeos previos a las elecciones municipales de 2015, pero que finalmente solo pudieron hacer uno ya que tanto él como los otros implicados fueron detenidos.

Entre los documentos que el empresario ha entregado ahora para corroborar sus palabras se encuentra, precisamente, la encuesta electoral sí realizada, junto al documento que sirvió para camuflarla como un sondeo no político y que fuera abonada con fondos municipales. Sobre Parla, Marjaliza también ha aportado ahora contratos entre dos de sus empresas —Aruba Gestión SL y Ruta Energética SL— y la multinacional Cofely y que, presuntamente, sirvieron para generar el dinero negro con el que pagar dicha mordida y recibir él mismo su comisión. Todo ello acompañado de listados con las facturas emitidas entre los años 2012 y 2014 por dichos contratos.

En sus últimas declaraciones, el empresario también aseguró haber entregado dinero en metálico para amañar el contrato de eficiencia energética de Collado Villalba, de 39,4 millones de euros. En este caso, aseguró que pagó supuestamente 135.000 euros. Según explicó, los primeros 10.000 los entregó el directivo de Cofely Pedro García —también imputado en la causa— “como gesto de buena voluntad” al comienzo de los tratos con los responsables del consistorio. El resto, “en seis o siete pagos”, que se hicieron llegar a través de un asesor del equipo de Gobierno del entonces alcalde, Agustín Juárez. Para demostrar sus afirmaciones, Marjaliza ha incorporado ahora al sumario facturas y contratos firmados por sus sociedades con la empresa que se hizo con el concurso.

Idéntica documentación ha facilitado sobre los amaños en los ayuntamientos de Valdemoro y Torrejón de Velasco. En ambos casos, el constructor aseguró los pasados 31 de octubre y 2 de noviembre ante el juez que no entregó cantidad alguna a sus alcaldes. En el caso del regidor del primer municipio, Boza Lechuga, porque tenía "amistad" con él y accedió a adjudicar el concurso de 60 millones de euros a favor de Cofely sin necesidad de una compensación económica. Sobre el amaño en Torrejón de Velasco de un concurso de 4,5 millones, afirmó que el alcalde, Gonzalo Cubas, no le pidió nada porque eran cuñados. No obstante, el ahora colaborador de la justicia admitió que en estos concursos también existieron irregularidades que quiere demostrar con los nuevos documentos entregados.